Seguridad

La bandera de Luis Petri que tomaron Rodolfo Suarez y Alfredo Cornejo pero que sigue en un limbo

El Gobierno de Mendoza todavía no concreta la intalación de inhibidores de celulares en las cárceles de la provincia. Las complicaciones y las vías alternativas que analizan las autoridades.

Gianni Pierobon
Gianni Pierobon sábado, 6 de abril de 2024 · 11:00 hs
La bandera de Luis Petri que tomaron Rodolfo Suarez y Alfredo Cornejo pero que sigue en un limbo
Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Pese a que fue una promesa de campaña del oficialismo y en varias oportunidades se anunciaron avances, el Gobierno de Mendoza todavía no concreta la implementación de los inhibidores de celulares en las cárceles de la provincia. La medida apunta a impedir que los presos puedan cometer estafas y organizar otros delitos a través de dispositivos electrónicos. Sin embargo, las autoridades provinciales se encontraron con algunas complicaciones para su aplicación.

El bloqueo de señal de celulares en los penales fue una propuesta realizada durante la campaña electoral provincial del año pasado que tomó Alfredo Cornejo de manos de su competidor en la interna de Cambia Mendoza, Luis Petri. El ahora ministro de Defensa instaló el tema en la antesala de las PASO y posteriormente la promesa fue impulsada por Cornejo de cara a las generales. Asimismo, el entonces gobernador Rodolfo Suarez también respaldó la medida e incluso anunció que se iban a instalar los inhibidores a partir de una prueba piloto en el penal de Almafuerte II.

No obstante, la iniciativa todavía continúa siendo analizada por las autoridades provinciales y su plena implementación se encuentra en un limbo hasta el momento.

Desde el Gobierno provincial resaltan que se avanzó en un convenio con la empresa estatal Investigaciones Aplicadas Sociedad del Estado (INVAP) para comprobar la viabilidad de la instalación de estos dispositivos tecnológicos para bloquear la señal de telefonía celular en los diferentes complejos penitenciarios de la provincia.

Pero su aplicación alcanzaría al penal de Almafuerte II y no a las cárceles de Boulogne Sur Mer y San Felipe, ya que la instalación de inhibidores afectaría también a los vecinos de la Sexta Sección y de los barrios linderos. De todas maneras, se analiza la implementación de otra tecnología en el último de los complejos.

En la cárcel de San Felipe no se podrá colocar inhibidores, según el Gobierno.

En la última semana, el gobernador Cornejo visitó las instalaciones del nuevo penal ubicado en Cacheuta para anunciar el megaoperativo de traslado de casi 400 presos provenientes de otras cárceles.

Durante el recorrido, el mandatario provincial y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, explicaron en qué situación se encuentra la iniciativa de instalar inhibidores en las cárceles de la provincia.

“Hay pabellones que están inhibidos, como los de máxima seguridad. Pero la verdad que el lugar que deberíamos inhibir fundamentalmente es San Felipe y si inhibimos ese lugar perjudicamos a todos los vecinos, así que no podemos inhibir todo”, manifestó Cornejo.

En este sentido, explicó que están estudiando otras medidas a implementar en la penitenciaría lindera al Polo Judicial Penal. “Estamos desarrollando tareas que requieren más trabajos de inteligencia en San Felipe, de revisión y escaneo de objetos en las celdas, que lo estamos estudiando técnicamente. Además de un trabajo de inteligencia para determinar cuáles son los contactos de los internos de manera de esclarecer estafas que se organizan desde los penales”, remarcó el gobernador.

Asimismo, resaltó que el traslado de presos de 220 presos de “alto perfil” desde San Felipe a Almafuerte II contribuye a reducir el hacinamiento y avanzar con las medidas apuntadas a combatir los delitos que se realizan a través de celulares desde el interior de las cárceles.

Por su parte, la ministra Rus hizo hincapié en que el 31 de enero se firmó un convenio con la empresa Investigaciones Aplicadas Sociedad del Estado (INVAP), luego de que en septiembre del año pasado un grupo de ingenieros visitaran las unidades penales de la provincia para realizar estudios. Sostuvo que “han hecho todo lo que tiene que ver con el análisis de viabilidad técnica”.

“En San Felipe y Boulogne Sur Mer es complicado desde el punto de vista técnico y por eso se están estudiando otras opciones. Sí es viable en algunos pabellones de Almafuerte II”, afirmó la titular del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Rus, la titular del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Coincidió con el gobernador en destacar que el mega traslado de la última semana “es un paso enorme” para avanzar con esta iniciativa. “Necesitábamos esta reclasificación que va a permitir determinar quiénes van a estar en los pabellones de alto perfil, a los que va a estar destinado específicamente todo lo que tiene que ver con inhibidores. Además, a nivel nacional se está trabajando en otras opciones que tienen que ver con el Enacom”, expresó la funcionaria.

Se demora la quita de celulares a los presos

La Justicia provincial determinó en enero que se debe retirar paulatinamente los teléfonos celulares a los presos mendocinos. El juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento, rechazó un solicitud para extender el uso de dispositivos móviles en las cárceles, medida que se había implementado en 2020 el marco de la pandemia de covid-19, debido a que los reclusos no podían recibir visitas en los penales.

Insólitamente, la disposición que se había adoptado en el contexto de emergencia sanitaria continúa hasta ahora, ya que la quita de los celulares quedó en “stand by”, ya que un tribunal de tres jueces debe resolver la forma y los plazos del proceso de retiro de los celulares.

Los jueces Mauro Perassi y Rafael Escot, integrantes del Tribunal Penal Colegiado N° 1, y el magistrado Luis Correa Llano, del Tribunal Penal Colegiado N° 2, serán los encargados de resolver el contrapunto entre el juez Sarmiento y el Ministerio Público Fiscal.

El juez de Ejecución estableció que la quita de los dispositivos “deberá ser realizada de manera gradual en un plazo no inferior a los seis meses, estableciendo un mecanismo de trazabilidad y seguimiento adecuado, para permitir a los familiares de las personas privadas de la libertad, retirar dichos equipos del ámbito penitenciario”. Esta determinación fue cuestionada por el Fiscal Adjunto en lo Penal, Fernando Guzzo, quien apeló reclamando que el retiro se concrete de forma más anticipada.

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