Una bomba de tiempo difícil de desactivar y la doble agenda de Mendoza

Mendoza tiene una tensión difícil de administrar entre la provincia que es y la que puede, debe o podría ser. La Mendoza actual de coyuntura, tiene indicadores sociales, económicos y políticos en rojo y una comunidad que tiene en su hogar una bomba a punto de explotar. La presión por los precios de las cosas, en particular los servicios públicos, puede generar un problema agudo en los meses que vienen si no se recupera el poder adquisitivo. La provincia que puede ser, comienza a tomar un camino de decisiones trascendentes con respecto a la administración de sus recursos naturales; es decir, la búsqueda de riqueza con la minería, el petróleo y el acceso al agua.

En el medio, el Gobierno de Alfredo Cornejo hace equilibrio en esa tensión y siguen el mapa de situación de cerca, en un contexto de incertidumbre enorme por la relación con Javier Milei. El Presidente arrastra a terrenos desconocidos a todos y el Gobierno de Cornejo genera gestos ambiguos: apoya de manera casi incondicional, pero se siente incómodo por la visión y el camino emprendido sobre la educación pública, las obras y la política. Lo ocurrido en la cena de la Fundación Libertad es una muestra de ello: Milei en versión rockstar, con dirigentes políticos que casi mendigaban saludos.

La canasta más cara

Javier Milei le hizo un favor discursivo al Gobierno de Mendoza, pues con la legitimidad que arrastra por la elección generó la idea de “precios liberados” y el retiro del Estado como regulador. En Mendoza se tomó casi al pie de la letra para el traslado de precios a tarifas en los servicios, aunque no a decir verdad la Provincia ya tenía un sendero frondoso andado. Salvo en el transporte público, las tarifas son las más caras del país. El problema es el futuro inmediato. Entre mayo y agosto habrá una confluencia de aumentos que generará una canasta de servicios cara y difícil de afrontar para muchas familias.

En el propio Gobierno hay quienes ya manifiestan preocupación. “Usen gas para calentarse”, recomiendan informalmente al saber que la electricidad tendrá una suba exponencial, casi fuera de rango. El Gobierno anterior, liderado por Rodolfo Suarez y cuyos funcionarios siguen hoy, heredó subas y mecanismos cuyo impacto total comenzará a sentirse. El primero es el de los aumentos automáticos: la luz subirá 4 veces al año y sin mediar más que estudios de costos y ecuaciones complejas de entender.

Por eso, desde el 1 de mayo habrá otro aumento, que se suma al de febrero. Antes de que se digiera, habrá otro. Y así. Además, se pagan los ingresos no percibidos del año pasado porque Suarez autorizó un aumento, pero no lo ejecutó. Y quedó pendiente la suba de la tarifa por la revisión quinquenal. A eso, se le suma la cuota que EDEMSA paga por la deuda a CAMMESA y el fondo de obras. Al mismo tiempo, la “parte nacional” de la luz subirá por la estacionalidad. El Gobierno sabe cuánto es el aumento del Valor Agregado de Distribución, que depende netamente de la Provincia. Pero especulan y no lo comunican para licuar el monto en la suba general. El impacto será enorme y, vale recordar, se arrastra un aumento real de más del 150% ejecutado en febrero. ¿Volverá a tener tres cifras el aumento? Nadie lo ha comunicado, pero el arrastre es enorme.

La tarifa de transporte era la más atrasada de todas. Y al Gobierno se le complica cada vez más hacer frente no solo a los costos, sino al esquema de gestión y de tarifas que hay. Cornejo buscaba ajustar las gratuidades y descuentos, pero hay un cerrojo complejo porque están blindados por leyes y acuerdos paritarios. Los que más sufrirán el aumento son las personas que viven en los alrededores del Gran Mendoza y que deben viajar todos los días. En porcentaje la suba es similar, 175%; pero el impacto real es mayor. Por eso hay protestas organizadas en las zonas periféricas al área metropolitana.

En paralelo, las empresas concesionarias tienen un impacto positivo en sus cuentas que parece fuera de contexto. Allí también hay un cambio relevante en el vínculo entre el poder concedente, el Estado gestionado por el Gobierno, y esas compañías. La idea de acompañamiento que tomó la gestión de Cambia Mendoza se nota también en el andar de las empresas, que gozan de buena salud económica y financiera. Las empresas eléctricas, especialmente EDEMSA, las concesionarias del Transporte, los concesionarios de los casinos tienen ganancias récord. El caso de la distribuidora eléctrica más grande de Mendoza es único en el país, pues logró una renegociación favorable (20 años extra, reducción de canon, aumentos más seguidos) en medio de la crisis que incluso le permitirá extender su alcance porque también puede hacer otro tipo de negocios. Las dudas están en otra parte de la cadena eléctrica, pues Distrocuyo podría sufrir por las deudas que la Nación tiene con las transportistas y generadoras. En el Gobierno, por ejemplo, ya abren el paraguas a mediano plazo y tienen en carpeta financiar obras de transporte y distribución eléctrica con los 1023 millones de dólares que tendrá disponibles para ejecutar desde octubre.

Incluso la “ex fundida” Aysam goza de buena salud financiera gracias a los aumentos de tarifa y los anabólicos económicos que llegan desde el Estado. Todos los incrementos son solo para pagar los costos operativos de la empresa; pues las obras las financia la comunidad a través del tesoro provincial y otras vías. Las empresas de transporte público tienen garantizada una rentabilidad del 10% de su facturación por contrato y sus balances gozan de buena salud.

Lo que aumentó en las empresas de luz y agua es el trabajo de notificación por deuda y avisos de corte.

Una familia difícilmente pague menos de 80 mil pesos de luz hacia fines de mayo, a lo que se le puede sumar una boleta de gas que ya vendrá con aumento (aunque sin cambio de categoría y con zona fría). El agua tendrá hacia junio el impacto del 243% de aumento autorizado en diciembre y luego volverá a escalar. La “canasta” de servicios impostergables (incluido el transporte) podría rondar lo mismo que el salario mínimo.

La otra agenda

El otro plano de Mendoza es el productivo, en medio de un país cuya política abandonó el tema. Cornejo puso toda la energía en promocionar la minería, una actividad que si rinde frutos lo hará a mediano plazo. La aprobación del Código de Procedimiento Minero es el primer paso de esa idea, pues crea nuevas condiciones. Ahora la estructura estatal tiene la pelota de su lado y deberá gestionar lo que prometió.

El primer paso es convocar e intimar a todos los propietarios de minas, cateos, manifestaciones de descubrimiento; es decir a los “dueños” de los derechos mineros sobre toda la provincia. Según el nuevo Código, deben presentar un plan de trabajos, con plazos e inversión. Y correrían los tiempos perentorios para que se ejecuten, so pena de perderlos. Allí aparecería la nueva “ganadora” de la política minera: la empresa Impulsa Mendoza, la firma estatal que tendrá a cargo la vinculación con la actividad privada. Allí hay otra delgada línea que el Gobierno deberá saber transitar. Que Impulsa Mendoza no caiga en dos trampas: en la intervención estatal excesiva (que repele la inversión real privada) o el favoritismo en la entrega de activos mineros, que generaría sospechas.

Ya está confirmado que Cornejo estará en San Juan para ser parte de la presentación oficial de la Mesa del Cobre, organización en la que Mendoza fue incluida. A San Juan viajaría también con el Distrito Minero Malargüe Occidental como novedad. Ese proyecto es el más osado, pues buscarán en una sola Declaración de Impacto Ambiental que se aprueben más de 200 proyectos de exploración, para que luego cada empresa solo tenga que actualizar vía “aviso de Proyecto” lo que va a hacer, sin pasar por la Legislatura. La parte que el Gobierno no ha reforzado aún es la ambiental. El único movimiento que hizo Cornejo es la subordinación del área al ministerio de Energía, es decir a la misma estructura de promoción. Pero no se ha reforzado de ninguna otra manera a quienes tendrán a cargo el control.

En el plano de los recursos naturales no renovables hay otro hecho más relevante en el corto plazo. El plan de YPF para deshacerse de 14 áreas petroleras sigue en marcha, pero en Mendoza se maneja con un inquietante secretismo, aún cuando hay en juego activos delicados desde el punto de vista económico, social y ambiental. La intención de la petrolera estatal es tener saldado todo antes de septiembre. En Mendoza las áreas están en producción y, como explicó MDZ, tienen complejidades extra. Los contratos exigen que se garantice el saneamiento de pasivos ambientales y el cumplimiento de las condiciones de la concesión. YPF había saneado, por ejemplo, el 98% de los pasivos ambientales detectados hace más de una década. Pero es una situación dinámica y de alto riesgo por la cantidad de instalaciones, pozos e infraestructura.

Hasta hace una semana, por ejemplo, ni YPF, ni la Provincia habían informado al Departamento General de Irrigación sobre el camino de abandono y traspaso de las áreas petroleras, a pesar de que es el DGI quien tiene el control del agua en Mendoza. Las áreas que están a la venta tienen más agua que petróleo y cientos de pozos inyectores: agua que sale con petróleo y es reinyectada al acuífero. Barrancas es el área petrolera con mayor cantidad de incidentes ambientales registrados y hay hasta pozos de agua contaminados con gas por malas prácticas (pasivo ambiental que está en proceso de saneamiento). El Gobierno de Mendoza tiene por ahora una política amistosa con YPF en el plan de traspaso. Primero porque entienden que la dependencia de esa petrolera fue nociva para Mendoza, algo que se traduce en números. Pero también por empatía política entre el presidente de la empresa Horacio Marín con Alfredo Cornejo y Jimena Latorre.

La ilusión que mueve al Gobierno y también a la industria es que los herederos de YPF inviertan y reviertan el camino descendente de la producción y la actividad. En el espejo retrovisor hay algunas advertencias por las malas experiencias que hubo con empresas locales y de afuera que en procesos similares terminaron con negocios inmobiliarios más que productivos.

La agenda productiva será retomada por Cornejo cuando presente su plan de inversión especial. Es decir, el destino de los 1023 millones de dólares que tiene ahorrados Mendoza y que desde octubre comenzarán a liberarse. Agua y energía serán los principales destinatarios, así como obras de saneamiento. El plan está casi listo, pero luego el gobernador será quien jerarquice. La presión de los departamentos, sectores productivos y organizaciones empresariales crece, pues es la única fuente de financiamiento visible en el mediano plazo.