Recursos y grandes inversiones, la otra pelea entre Milei y los gobernadores
Uno de los temas centrales en la relación entre el Gobierno nacional y las provincias es la explotación y gestión de los recursos naturales: petróleo, gas, minerales, agua y tierras. Fuera de la urgencia que generan los problemas financieros y la macroeconomía, allí está el epicentro de las tensiones y, aseguran los más optimistas, las oportunidades. Por eso, por ejemplo, los gobernadores de la Patagonia pusieron como escudo en su pelea con Javier Milei a los abundantes recursos naturales de los que dispone esa región. En efecto, si la gestión de Argentina fuera un juego similar al TEG, un “apagón” como el que retóricamente propuso Ignacio Torres sería catastrófico porque allí se genera casi el 100% de los insumos energéticos del país, sobre todo gas y petróleo. Más allá de la retórica individualista, Argentina es un país federal y así como la Patagonia provee de esos recursos, el resto de las provincias aporta para una cadena de valor que de no existir, la maquinaria productiva y la vida cotidiana serían inviables.
Pero la tensión seguirá. En la visión común de la Nación y las provincias está que hay una “subexplotación” de algunos recursos. La pelea es en cómo, en qué magnitud y con qué reglas. Milei promueve una explotación sin limitaciones, incluso con la menor intervención provincial posible. Allí vuelve a entrar en conflicto con los gobernadores, pues la propiedad de los recursos es provincial. El equilibrio entre las condiciones que la Nación debe crear para permitir las inversiones con las pretensiones, formas y mecanismos que las provincias dispongan para concesionarlos.
-
Te puede interesar
En Mendoza, Joan Manuel Serrat criticó a Milei por su vínculo con la cultura
La ley “Bases” incluía un capítulo particular dedicado a la promoción de “grandes inversiones” e incluía en ese régimen al petróleo y la minería para otorgarle “los incentivos, la certidumbre, la seguridad jurídica y la protección eficientes de los derechos adquiridos a su amparo”. El poder de aplicación sería el Gobierno nacional y hasta se amenazaba a las provincias que fueran en contra del régimen con sanciones. El plan creaba beneficios impositivos, económicos y de disponibilidad de divisas particulares. Los proyectos alcanzados tributarían menos, podrían disponer de dividendos y también de divisas. En el mismo plano, buscaban evitar que esos proyectos estén alcanzados por “ningún tributo provincial ni municipal”.
El Gobierno busca el aval de los gobernadores para aprobar la “ley bases”, con ese capítulo completo. Los gobernadores están de acuerdo con el plan, pero desconfían y consideran que puede haber un avance desmedido sobre las facultades de las provincias. Las grandes compañías aseguran estar a la espera de la aprobación del capítulo para despejar la incertidumbre sobre el futuro.
El foco de esas grandes inversiones es la explotación del petróleo y gas en la formación Vaca Muerta; la exploración offshore, las plantas industriales de gas, la explotación de yacimientos de litio y cobre en la cordillera y también infraestructura para exportar e industrializar.
En Mendoza
Mendoza está en un momento clave. La industria petrolera está en revisión, pues la provincia está en el lote de destinos prescindibles para las grandes empresas, con YPF a la cabeza. El declino podría ser reconvertido en el lanzamiento de proyectos “pyme”, que difícilmente entren en el plano de las grandes inversiones. Sí hay alguna esperanza con el segundo intento por explorar la formación Vaca Muerta, tras el fracaso de lo realizado en Puesto Rojas por Petrolera El Trébol. YPF dejará 14 áreas que podrían ser transferidas a otras empresas. Y la provincia licitó otras 12. Todas son áreas conocidas y maduras.
El camino en la minería también es incipiente, pero Alfredo Cornejo ejecutó una acción conjunta para cambiarle la cara a esa actividad. La intención es promover la exploración, actividad que más dinamismo a largo plazo genera. Por eso primero buscan emprolijar la parte administrativa con el nuevo código de procedimiento. Desde lo político la intención es aislar a las zonas conflictivas, concentrarse en Malargüe y evitar el mayor desgaste posible. Por eso agruparán los proyectos de exploración por zona para que pasen una sola vez por la Legislatura. Cornejo consiguió sumar como aliado al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego. Juntos se reunieron con empresarios relevantes.
No es una modificación de la ley 7722, pero sí una interpretación nueva sobre la evaluación ambiental, que está regulado por la ley 5961 y el decreto 820. El “Distrito Minero” tendrá una superficie mayor a casi todos los departamentos de Mendoza. Si se consideran los 20.000km2 mencionados, el “departamento 19” sería el de tercera mayor dimensión. Pero las áreas de mayor interés ocupan una superficie mucho menor, de no más de 300 km2. En Malargüe hay 241 proyectos mineros, pero la mayoría abandonados y con propietarios legales. Sí aún hay unos 100 que no están concesionados.
El gobernador busca "generar condiciones" administrativas y políticas distintas. Confía en que la diversidad de la matriz económica y las condiciones de vida de la provincia ayuden. Pero en esas industrias no son solo cuestión de formas; sino de dinero. Mendoza ya sufrió las consecuencias de ser una especie "cenicienta" en las industrias extractivas. En los últimos años hubo planes de incentivos especiales para, por ejemplo, las inversiones petroleras en Vaca Muerta y no tanto para los yacimientos maduros como los de Mendoza. Algo similar podría ocurrir con el nuevo plan de Milei si la escala de inversiones necesarias para alcanzar los beneficios propuestos es muy grande.