Reclamo de Luján de Cuyo al Gobierno de Mendoza: la posible solución que planteó Esteban Allasino

En el año 2010, Luján de Cuyo tuvo resolución de un conflicto de límites con Maipú, cuando la Suprema Corte de Justicia falló a favor de anexar territorio corriendo el límite entre las calles Terrada y Vieytes y entre Juan José Paso y Azcuénaga. Luego, también con sentencia de la Suprema Corte, en el año 2017 se incorporó al departamento una zona del Pedemonte, denominado como Vertientes del Pedemonte. Sin embargo, Esteban Allasino, intendente de Luján de Cuyo, explicó en MDZ Radio 105.5 FM que el Ejecutivo provincial no modificó los términos de coparticipación y ahí es donde -según sostiene el municipio- se origina la deuda en cuestión.

Allí radica el comienzo del litigio económico, el cual Allasino se encargó de enfatizar que se trata de dinero que “nunca recibió la administración de Luján de Cuyo y le corresponde a vecinos que habitan estas dos grandes superficies. Las mismas, formalmente, son lujaninas”.

El jefe comunal aclaró que la problemática no es con la gestión actual de Alfredo Cornejo, sino que es de antes. Cronológicamente, explicó: “Se presentó en el 2018 un recurso administrativo, estando Omar De Marchi como intendente, luego Bragagnolo en el 2021. Y yo lo presenté en noviembre del 2023 durante la gestión de Rodolfo Suarez”.

En aquella ocasión, el intendente lujanino dijo ser “muy explícito con que, una vez que estuviesen los datos formales del Censo, y sino mediaba resolución por parte del Ejecutivo, íbamos a seguir con el proceso que saltaba de lo administrativo, a lo legal. Yo presenté el documento, no tuve respuesta y la ley establece que hay una denegación tácita de Justicia”. Por este motivo, el municipio decidió llevar a la Suprema Corte el reclamo puesto que "fue la Suprema Corte la que dio sentencia, en ambos litigios, sobre los límites”.

“Yo quisiera que esto fuera lo antes posible, por eso no quise dilatar ni perder tiempo. Ya presentamos muchas veces escritos administrativos, los mismos fueron desatendidos", explicó. 

"En este mismo documento formal que hemos elevado a la Suprema Corte ponemos en alerta que el sistema de coparticipación de la provincia está vetusto. El mismo tiene 28 años, ha privilegiado algunos municipios sobre otros, están permanentemente intentando hacer cambios que profundizan una mala ley, con un sinnúmero de arbitrariedades", dijo el mandatario y agregó que "Luján de Cuyo es el municipio que más aporta al Producto Bruto Geográfico, en términos de actividad industrial. En actividad inmobiliaria somos el segundo que más aporta en la provincia, pero no recibimos en contrapartida esa realidad de recursos económicos”.

En cuanto a la modificación de uno de los términos de la Ley de Coparticipación, el del coeficiente de equilibrio regional, Allasino explicó que “esa modificación profundizaba un término arbitrario que, por lejos está premiar aquellos que administran de manera más eficiente y promueven el desarrollo de la actividad privada, sino que es darle más recursos a tres municipios que lideran ese pésimo coeficiente y método de distribución".

Allasino explicó que en noviembre se reunió con el equipo del Ministerio de Hacienda, mientras estaba en funciones el gobernador Rodolfo Suárez, y desligó a Alfredo Cornejo de los pagos actuales: “Cornejo ha respetado de manera completa y perfecta lo que dicta la ley y Luján hoy percibe la participación que le corresponde, se ha reconocido el actual censo poblacional”.

Sin embargo, aseguró que el reclamo es también por la falta de respuestas. "La deuda existe y es anterior. Puede llegar a existir la posibilidad de que la Suprema Corte abra una ventana para el diálogo y resolución del conflicto, ya que la misma puede pedir una conciliación. Si lo conveniente fuera invertir estos recursos económicos en alguna obra, que si bien no es de jurisdicción municipal, es de beneficio de Luján de Cuyo, bienvenida sea esa conciliación”, se esperanzó Allasino con una posible solución del conflicto.

En cuanto al groso monto de la deuda, explicó que se debe a que son “casi 14 años de capital acumulado, desde el 2011. Sobre eso está la actualización propia de los procesos inflacionarios y están los intereses punitorios. Porque al no recibir esos fondos, tuvimos que cubrir esas demandas dejando hacer otras cosas que eran responsabilidad nuestra. Se dejó de percibir una fuerte cantidad de dinero que va volcada directamente a los vecinos, en obras de pavimento, iluminación, agua, cloacas. Todo eso tiene un costo financiero”.

Allasino finalizó explicando que el municipio contrató una consultora en Economía para que haga las aproximaciones. Ahora “será responsabilidad de la Suprema Corte arbitrar los medios para verificar si los números que hemos presentado están bien, o mal, si es mucho más, si es un poco menos”.