La crítica de un diputado opositor a la reforma minera de Alfredo Cornejo

Jorge Difonso, como Rolando Scanio, y otros legisladores, alzaron la voz contra este proyecto que pretende modificar el Código Procesal Minero, implementando un distrito minero en Malargüe, el rol de la policía minera. Una de las cuestiones principales es si modifica o no la ley 7722. Difonso habló en MDZ Radio 105.5 FM sobre la lectura que hace de estos temas a los cuales se refirió como “una ensalada”.

El legislador enumeró dos cuestiones: “Primero: no podemos salir de la coyuntura en la que el proyecto es enviado por el gobernador desde Canadá. Nos hubiera gustado que el proyecto se redacte en Mendoza y lo discutamos los mendocinos”, dijo y agregó con contundencia que, como está presentado “es un traje a medida de lo que piden los empresarios”. La segunda cuestión importante para Difonso tiene que ver con que, para él, “el Gobierno hace una una seguidilla de acciones y declaraciones respecto a la minería que confunden. Porque hablan de una reforma de un código procesal minero, hablan de un Parque Minero en Malargüe, hablan en parte de las 7722. Quieren plantear un tema de 250 proyectos de aprobación instantánea en la Legislatura, donde la declaración de impacto ambiental debe ser estudiada una por una, con cada una de las implicancias de cada proyecto”.

Por otro lado, plantea que “prácticamente desaparece el Consejo Minero, que es la autoridad de aplicación para conceder derechos en minería, que está integrado por dos geólogos, un empresario del sector y un abogado. Esto se desdibuja y queda todo en manos del director de minería. Sacan un órgano colegiado para pasar a las manos de una sola persona que no reúne las condiciones de ley para ser director de minería, es decir, ser geólogo o ingeniero. Es abogado”.

En cuanto a si la cuestión tiene que ver, o no, con intentar modificar nuevamente la Ley 7722, expresó que no le sería extraño que así sea ya que “en toda esta discusión tipo ensalada, han planteado lo engorroso que es pasar por la Legislatura una declaración de impacto ambiental. Eso está establecido en la 7722, y por otro lado dicen que no la quieren tocar”. Además, “no priorizan la situación de Mendoza, que es una situación de sequía, que debe tener un desarrollo sustentable en el tiempo y que, sobre todo, tenga una participación ciudadana en el control de todas estas actividades”.

Respecto al Malargüe como distrito minero dijo que hablan por el departamento del sur, pero “presentan una ley aplicable a los 18 departamentos". Finalizó expresando el deseo de que la discusión se dé públicamente para debatir “cómo se manejan las transferencias de los derechos por los cateos, cómo hacen estas transferencias, quienes los otorgan, qué empresas intervienen, por qué el Estado ha creado una empresa para intervenir cuando hay toda una tendencia de que esos son bolsones de corrupción y demás, que se está hablando a nivel nacional, acá proliferan las empresas estatales para el desarrollo de este tipo de actividades”. Y agregó: “Todas estas cosas nos generan dudas. Esperamos discutirla en la Legislatura y que no lo quieran tratar a libro cerrado esto que han mandado desde Canadá”.