Derivaciones del "caso Chocolate"

Crece el escándalo de la Legislatura bonaerense: denunciaron a una senadora radical y hay una fecha clave

Familiares de los detenidos mezclados con los investigadores. Una senadora radical denunciada, además del nuevo "chocolate" que repartía para el PRO son las novedades que se activarán en pocos días.

Alejandro Cancelare
Alejandro Cancelare miércoles, 6 de marzo de 2024 · 20:53 hs
Crece el escándalo de la Legislatura bonaerense: denunciaron a una senadora radical y hay una fecha clave
Foto: Facebook PJ

Recién el 11 de marzo próximo seguirá, de verdad, la investigación judicial que envuelve al sistema político de la Provincia de Buenos Aires. Se trata del caso que se disparó tras la detención ordenada por el entonces ministro Sergio Berni, y aprobada por el gobernador Axel Kicillof, contra el puntero político del Frente Renovador Julio “Chocolate” Rigau.

Rigau es uno de los tres detenidos por la causa en la que se investiga el fraude y la asociación ilícita por el cual se recaudó más de $2 mil millones a través de la utilización de tarjetas de débito pertenecientes a personas que supuestamente  trabajaban en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires pero que estaban en poder de “Chocolate” en la noche del sábado 9 de septiembre. Ese día fue detenido por una denuncia de una señora que esperó más que lo deseado para ingresar al cajero de la sucursal Plaza San Martín de La Plata.

Los otros dos apresados son Claudio y Facundo Albini. El primero fue considerado por la fiscal Betina Lacki como autor intelectual de la maniobra fraudulenta mientras que su hijo aparece siempre como el responsable de intermediar con los dueños de la tarjeta.

¿Por qué el 11 de marzo es una fecha clave? Se trata del día previsto por el juez Guillermo Atencio para retomar la conducción de todo lo actuado desde la Procuración General. Julio Conte Grand, jefe de Lacki, está al tanto del día a día de lo dispuesto por su fiscal.

Hasta el momento, los magistrados que subrogaron el juzgado Nro. 3 a cargo de Atencio se negaron a estampar un sello en el expediente que, según los entendidos, “tiene todos los cables pelados y te podes quedar pegado en cualquier momento”. Inclusive es vox pópuli que los camaristas Alberto Benavidez y Alejandro Villordo están a punto de sufrir más serias consecuencias personales en la Justicia por haber sido los que ante la primera apelación decidieron frenar toda la investigación sobre el tema. Hoy solamente fueron apartados de la causa y pesa sobre ambos un pedido de juicio político. Puede haber una sanción mayor si se comprueban las sospechas que tiene Conte Grand sobre ambos.

Juez Guillermo Atencio. 

Para esta semana, en tanto, la fiscal que lleva la causa y que incorporó que había un sistema similar que se realizaba en el Senado bonaerense, citó a declarar a los actuales directores de personal y Tesorería de la Cámara baja. 

Mientras estas investigaciones siguen en el fuero penal platense, hay un dato que sorprendió a varios funcionarios judiciales. La mujer de Facundo Albini, uno de los detenidos, forma parte del personal de la Relatoría de la Procuración General desde la época de la antecesora de Conte Grand, María del Carmen Falco. La Justicia y la Política se besan. Por eso, en La Plata, cada vez que quiere pedir algunas certezas judiciales sobre todo lo que se ve, la clase política, de todos los partidos, finge padecer de un avanzado estado senil.

 

Ayer, en tanto, hubo otro bombazo informativo. Una pariente de la senadora radical de la Quinta Sección electoral, Flavia Delmonte, la denunció en el Departamento Judicial de Dolores porque, dijo, su prima le había dado un puesto en la Cámara de Senadores para, simplemente, otorgarle los beneficios de la obra social y la jubilación. Además, indicó que estuvo enferma, le pidió la tarjeta de débito y, supuestamente, jamás se la devolvió.

La concejal del radicalismo marplatense, Marianella Romero, solicitó acceder al expediente 3059/21, es decir, que data de dos años antes de conocerse el escándalo de la Cámara de Diputados. El fiscal Mario Pérez pidió el desafuero de Delmonte por considerarla “autora del delito de defraudación pública”.

Pérez fue mucho más allá que Lacki, quien simplemente se quedó en el debate sobre los recaudadores, y no sobre los “consumidores finales” de dicha recaudación, tal cual lo reclamó el juez Atencio.

Archivado en