Semana Santa aportó datos clave para entender el futuro de Milei
El fin de semana extra largo está actuando como una pausa que puede anticipar una semana corta pero más intensa y con impacto directo en los bolsillos y el espíritu de muchos argentinos. Javier Milei analizó números la semana pasada y quedó convencido que aún mantiene apoyo para seguir adelante con el plan motosierra y licuadora. El Gobierno lee en las encuestas que le acercan que, aunque crece la imagen negativa del presidente, la positiva lo mantiene arriba de la lista. En casi todas las encuestas Milei aparece como uno de los tres nombres que se salvan del malón de condenados por la sociedad, inclusive aunque esté por debajo de Victoria Villarruel.
Con ese convencimiento, Milei regula negociaciones y decide medidas para continuar con el ajuste. Pretende llegar a julio con esa tarea casi terminada y en línea con el momento en que el Gobierno cree que podrá abrir el cepo cambiario. Sueñan ese momento como el inicio del verdadero Gobierno libertario con la desregulación de la economía funcionando a pleno y la actividad recuperándose. El problema es que para el público en general, para las PyMEs e inclusive para grandes empresas que deben subsistir en medio de la brutal recesión y que ya están revisando sus estrategias futuras en el país, el mes de julio aparece como el larguísimo plazo.
En esa estrategia, el Gobierno decidió no frenar algunas decisiones que tendrán impacto directo en la economía real como el aumento de 4,5 % en el precio de las naftas que estará vigente desde las 0 horas de mañana. Ese aumento no corre por pedido de la petroleras sino que es parte de la actualización del impuesto a los combustibles que Alberto Fernández y Sergio Massa mantuvieron congelado por ocho trimestres, pero que el actual oficialismo también mantuvo pisado ante el impacto que produce en la inflación. También hubo debate en el oficialismo sobre los nuevos aumentos en tarifas, temas que se saldó por el mismo camino.
La auditoría integral que el Gobierno encargó a la Sigen sigue aportando datos estremecedores sobre el manejo pasado de los fondo públicos en los fondos fiduciarios, empresas y organismos públicos. Ese es uno de los combustibles que alimenta la épica reformista que lleva adelante Javier Milei y que aún le aporta a la paciencia que su electorado debe mantener frente al ajuste que golpea los bolsillos.
Nada cambio hasta ahora en la consideración de muchos argentinos sobre los desmanes que se cometieron en el Gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, pero el tiempo sigue corriendo. Es imperativo para Milei y Luis Caputo que la inflación de marzo siga la curva en descenso que el Gobierno ve en los índices desde el pico de 25,5% de diciembre.
En ese tren se acumulan realidades de todo tipo. En los números de fiduciarios y partidas que sigue revisando el Gobierno aparecen desde desvíos que ya merecieron denuncias penales, hasta niveles de ineptitud en el manejo de la cosa pública que asombran, más cuando se los contrasta con el relato que el kirchnerismo vendía en su momento sobre cada uno de esos temas.
Hay ejemplos que duelen. La semana pasada se decidió eliminar el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino. Desde el vamos el nombre despertó sospechas ya que claramente estaba destinado a intentar bajar el precio de la bolsa de harina de 25 kilos. Es decir, a bajar mediante un subsidio indirecto el precio de un bien que subía porque la inflación se había vuelto ya incontrolable. De nuevo el kirchnerismo intentaba tapar el sol con las manos en lugar de controlar el origen del problema.
Ese fideicomiso se creó en marzo de 2022 bajo una clara inspiración K y jamás surtió efecto alguno. Desde ese momento hasta ahora el precio de la bolsa de harina subió 900% y el del pan casi 700 %, superando inclusive a la inflación acumulada. En el medio se gastaron $ 69.000 millones. Claro, resta saber cómo se manejaron los fondos y la lista definitiva de los beneficiarios de esas transferencias para bajar un precio que nunca dejó de subir. El FETA nació por decreto y ahora muere por decreto.
Todos esos fondos están hoy bajo la lupa no solo por la decisión de eliminarlos sino también para encontrar las responsabilidades penales y políticas que aparecen del manejo que se hizo en los últimos años. Algunos de ellos aun tienen mucha información que aportar, como el FONCAP (Fondo de Capital Social) que distribuyó dinero por todo el país incluyendo desde escuelas hasta cooperativas agropecuarias. En el informe de la SIGEN al que tuvo acceso MDZ aparecen decenas de observaciones en el manejo de fondos y un pedido continuo para que se aporten datos y documentación que siempre se registra como faltante. Se estima que habrá sorpresas en lo inmediato en un área que podría volver a complicar a Victoria Tolosa Paz, que como exministra de Desarrollo Social ya tuvo malas noticias la semana pasada con la investigación por la compra de guardapolvos a una cooperativa que supuestamente entregó un porcentaje mínimo del contrato que había firmado por más de 150.000 unidades.
Mientras el ministerio de Economía analiza la ejecución pasada de los fiduciarios el flujo de fondos hacia cada fondo está absolutamente paralizado. Esa realidad impacta diariamente en algunas provincias en medio de la negociación de Milei con los gobernadores por la nueva versión de la Ley Omnibus que esta semana debería ingresar por Mesa de Entradas en Diputados.
En paralelo el gobierno prepara una decisión que causará mucho más ruido aun en relación a esos Fondos. Hoy cada uno de ellos recibe el financiamiento asignado en la ley de Presupuesto Nacional que se vota cada año. Los Fondos en si mismo no están incluidos en el presupuesto sino que solo figura la línea de gasto que implican. Como algunos no van a desaparecer la decisión es incluirlos dentro del próximo presupuesto.
En Economía ya está en elaboración el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2025 que debe ir al Congreso antes del 15 de septiembre. Allí no solo se incluiría la estructura y el financiamiento de los fiduciarios, sino también de otros organismos y jurisdicciones del Estado como el PAMI e inclusive las Universidades Nacionales que, como los fondos, no tienen control presupuestario sino solo asignación de gastos.
En términos contables esa decisión sería una revolución dentro del manejo de fondos públicos y el origen de un posible conflicto político de dimensiones. En la lista de los organismos que entrarían esa nueva categoría presupuestaria estarían tambien la AFIP, el Instituto del Cine o el Instituto de la Yerba Mate; todos los que hasta ahora manejaban autonomía contable y que ahora deberían reportar como cualquier otro área del Estado.
Dentro de esa lógica aparece la desmentida pelea que estalló este fin de semana sobre la supuesta eliminación que no fue a los fondos para financiar las cajas de jubilaciones de 13 provincias. Todo ese ruido de idas y vueltas esconde una estrategia de negociación de la Casa Rosada con los gobernadores del PJ y Juntos por el Cambio y un nuevo dolor de cabeza para Guillermo Francos que leva adelante la negociación por la nueva Ley Omnibus.
En ese caso se trata de las 13 provincias que no le transfirieron sus cajas previsionales a la ANSES y que reciben una compensación por deudas de la Nación. La partida que paga esa deuda cambiará de nombre pero el flujo de fondos no se va a cortar pero la confusión le sirvió a Milei como una señal de amenaza a los gobernadores.
Nadie se enteró, pero cuando el 28 de diciembre pasado se firmó la reconducción del Presupuesto Nacional 2023 para aplicarlo a las cuentas de este año no hubo mayores modificaciones, salvo un par de cambios. Es decir, la ley del año pasado se está utilizando exactamente igual para el 2024, pero se eliminó el financiamiento para una obra que quería llevar adelante la Corte Suprema y que aún no había comenzado y se aplicó una poda de $ 50.000 millones a una de las cajas previsionales de la provincia de Buenos Aires. El interrogante que hoy ronda a buena parte de la política es por qué no hubo protestas por esa baja de fondos. Otro de los misterios de esta Argentina desordenada al extremo.


