Janina Ortiz lanzó una advertencia en el caso de "no ser escuchada" en la Justicia de Mendoza

Este martes, la diputada provincial Janina Ortiz recibió un duro revés y se encuentra próxima a ser suspendida, después de que la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) solicitara apartarla de su banca y que, a su vez, no cobre su dieta mientras se resuelve su situación judicial en dos causas penales que iniciaron cuando se desempeñaba como secretaria de Gobierno de Las Heras. "Voy a seguir todos los caminos de la Justicia y llevar esto a todas las esferas a las que lo tenga que llevar. Si acá en Mendoza no soy escuchada, en algún otro lugar más arriba lo seré. Están avasallando las instituciones", advirtió.

En la jornada de este miércoles se votará la temática durante la sesión de la Cámara de Diputados y para su aprobación se necesitan los votos a favor de los dos tercios de los diputados presentes. Ortiz -de La Unión Mendocina- fue citada a la Legislatura y -entre lágrimas- se defendió acompañada de su aboga Elena Quintero.

Luego de que los 13 miembros de la comisión tomaran la decisión de enviar al recinto la solicitud, Ortiz -indignada por lo sucedido- dialogó con la prensa y aseguró que lo que está ocurriendo es "inconstitucional" y que "detrás hay un armado político que está ensuciando a las instituciones".

Dicha determinación de la comisión fue adoptada tras recibir los informes de la Fiscalía de Instrucción Nº 28, -que lleva la causa por coacciones- y la Fiscalía Nº 7 de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos -por la de fraude a la administración pública-.

"Tanto el proceso interno administrativo para pedir informe a la Fiscalía como la respuesta del fiscal y el posterior tratamiento no es algo legal. Hay una ilegalidad en lo que se ha hecho porque se ha faltado a los artículos de la ley. Hay una afectación a la división de poderes. El fiscal da su opinión subjetiva de lo que piensa de la causa, cuando podría haber hecho un informe objetivo. Que me digan que no animosidad, antipatía o un armado, a mí no me convence", sostuvo Ortiz, investigada por el desvío millonario de fondos de la cooperativa Manos a la Obra.

"No tienen facultad para tratarlo y así todo lo están haciendo. Si quieren proceder a poner alguna sanción, están juzgando dos veces la misma causa. A mí ya me juzgaron y la sanción fue el desafuero. Le pregunté al presidente cuál era la intención de citarme y me dijo que era 'mi derecho de defensa'. Pero el derecho de defensa yo lo tengo que ejercer en la Justicia", sumó la exfuncionaria lasherina y esposa del exintendente Daniel Orozco.

"Yo no soy la que la ejerce. Delego a un profesional para que lo ejercite y lo ha hecho dentro de los parámetros de la ley. Entonces, también están menoscabando todo el tiempo cualquier recurso que mi letrado manifiesta. Lo hacen para decir que le escapo a la Justicia cuando tengo un 318, que permite yo pueda presentar las pruebas, las cuales -insisto- no se me reciben. Tengo derecho a aportar pruebas", comentó.

En ese orden señaló: "No estoy escapando de la Justicia. Si realmente hubiera una prueba contundente -y sin fueros- la Justicia puede tomar la decisión que quiera. Incluso hasta de encarcelación". 

"La imputación no es una declaración de culpabilidad. Yo no le temo a la imputación es parte de la defensa porque se han vulnerado muchos de mis derechos. La ley no es un artilugio", dijo ante las crítica surgidas por parte de algunos diputados. El oficialismo impulsó el pedido de suspensión de Ortiz argumentando que no se puso a disposición de la Justicia tras haber sido desaforada en diciembre de 2023, al poco tiempo de asumir su banca en el marco de las dos causas judiciales por las que se espera su imputación

Respecto a si cree que va a ser suspendida, Ortiz respondió: "La verdad es que no sé qué es lo que van a hacer. Sé que es la decisión de ellos y -repito- no correspondería juzgar dos veces el mismo caso. Ya se me juzgó y la ley es clara: se procede a la suspensión o al desafuero. Optaron por el desafuero. Si quieren suspenderme, están faltando a la ley. No yo".

Se deberán alcanzar 32 votos a favor de la propuesta y a priori el oficialismo obtendría ese número clave. Cambia Mendoza cuenta con 25 diputados, a los que se sumarían los 2 del Partido Verde y algunos más del peronismo. En caso de aprobarse la suspensión, la Cámara de Diputados quedaría con 47 integrantes hasta que se resuelva la situación judicial de Ortiz, es decir que no sería reemplazada en la banca por el momento.