Allanamientos exprés y detenciones: Cornejo profundiza la mano dura como política criminal

El presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, dio inicio al “año judicial”, aunque está por terminar marzo y ya hay casi un cuarto del 2024 transcurrido. El gobernador Alfredo Cornejo dará su discurso anual ante la Asamblea Legislativa el 1 de mayo y los legisladores arrancarán el escueto período de sesiones ordinarias, hasta fines de octubre. Los hitos institucionales que tiene Mendoza pueden ser una señal de la distancia con la comunidad. Ayer, en la apertura del año judicial, hubo otra señal de los tiempos institucionales: la visión acrítica de lo que ocurre.

Dalmiro Garay y Alfredo Cornejo cruzaron elogios y aseguraron que la situación es mucho mejor que hace 10 años, es decir antes de que Cambia Mendoza llegue al poder. Comparan la gestión interna y política, sin contraste con datos extra palacio judicial. Esa concordancia institucional y política se ha hecho costumbre desde el año 2016, cuando comenzó a gestarse una estructura política uniforme en los poderes del Estado y otras organizaciones satelitales. Detrás de la pasividad política de la cúpula judicial hay otro dato relevante: la conformidad con los ingresos particulares de los jueces en actividad, los jubilados y todos los funcionarios enganchados. Jaque lo hizo, y Cornejo cumplió sin atrasos el acuerdo salarial (los jueces mendocinos tienen atado su salario a los federales, incluidos los aumentos) que construyó una burbuja económica para la cúpula judicial que sirvió para apaciguar cualquier reclamo. 

Objetivos

El principal objetivo de la gestión del Poder Judicial para el 2024 será agilizar los procesos, evitar burocracia y pasos innecesarios para los ciudadanos y mejorar la eficacia. Dalmiro Garay resaltó el alto porcentaje de resolución de causas, que según él supera el 100% en algunos fueros. Gran parte de su mensaje estuvo dirigido a la "corporación" del Poder Judicial. 

Cornejo, volvió a recordar el impacto de las reformas y, si, aseguró que todo depende de la gestión de los agentes del sistema. Su enfoque apunta a profundizar la detención de personas que cometen delitos y por eso destacó la construcción de cáceles. El concepto de reiterancia, por el cual se puede detener a una persona que es procesada más de una vez aún sin tener condena, es el principal instrumento y hasta el “modelo de exportación” que impulsan.

Cornejo destacó un hecho puntual que tiene detrás un cambio en el enfoque: que los jueces de garantías estén en los operativos policiales para autorizar allanamientos en tiempo real. Cornejo entiende que hasta los propios fiscales deberían autorizar esos operativos, pero la Constitución provincial lo impide. Por eso pidió y destacó que haya jueces que trabajen “a la par”. Es lo que ocurrió con el mega operativo realizado en el Campo Papa, donde hubo más de 400 allanamientos autorizados “in situ” y ante la presunción de los policías y el fiscal que estaban en el lugar.

Como es costumbre, el gobernador sugirió que a él le exigen más. “Hay quienes nos quieren comparar con un cantón suizo”, ironizó. Y admitió que a pesar de los logros “tenemos altos niveles de inseguridad”. En ese camino, repitió que bajaron los delitos violentos, pero admitió que hay otros en los que el Estado queda en deuda, como las estafas. Además, ratificó su visión de la política criminal con eje en la detención de personas, cuestión que, aseguró, ha dado resultados. “Somos la única provincia que ha construido cárceles”, recordó. “Hay un gran deterioro social y económico. Es un panorama desolador, con una demanda inmensa sobre los poderes del Estado, que es el caldo de cultivo para los peores populismos. Es fácil echarle la culpa a la Justicia”, aseguró Cornejo, quien buscó interpretar el mal humor social y aseguró que "la legitimación es parte del proceso de autoridad.

La política criminal del Gobierno se profundizará, según la visión y el pedido del gobernador. En Mendoza hay más de 6 mil personas privadas de la libertad acusadas o condenadas por delitos y 5 mil plazas. El dato relevante es que el 71% tienen condena.

El presidente de la Corte ya había sembrado el mismo camino discursivo e ilustró la situación con la cantidad de presos por robo de autos. Dijo que hubo 1973 condenas por ese delito y hay 1247 presos. Ni Garay, ni Cornejo hablaron de alguna preocupación por delitos complejos, como el crimen organizado, o la posibilidad de que la amenaza narco y todos los delitos asociados que tienen sitiado a Rosario puedan impactar en Mendoza.

Pero la justicia no es solo el abordaje de los delitos, es decir el fuero penal. De hecho las causas civiles y de familia son las más complejas por su permeabilidad en la vida cotidiana y el volumen de procesos. Justamente el momento en el que más cuestionada estuvo la Corte fue cuando salió a la luz el desborde de la justicia de familia. El Gobernador tiene una sensibilidad especial con algunos de esos temas y volvió a reclamar mayor celeridad en los procesos de adopción, aunque con un previo cuestionamiento a la sociedad por la baja cantidad de postulantes para adoptar niños y adolescentes.