La empresa estatal que concentrará todo el "poder minero" para impulsar la exploración

El Gobierno comenzó a ejecutar la estrategia para promocionar la minería en Mendoza. El plan incluye cambios normativos, principalmente del código de procedimientos, y una metodología "sui generis" para aprobar los proyectos de exploración que hay en Malargüe. Por eso se creó el nombre de fantasía Malargüe Distrito Minero Occidental, que es la zona a promocionar. 

Sin saltar los requisitos de la Ley 7722, buscarán acelerar los trámites políticos presentando todos los proyectos en "bloque" en la Legislatura. Como tiene que haber un garante; una empresa que respalde las presentaciones, se empoderará una empresa estatal creada hace menos de un año. Será Impulsa Mendoza la que presente la Manifestación General de Impacto Ambiental en nombre del Distrito, donde quedarán incluidas unas 240 propiedades mineras. Ese estudio de impacto ambiental incluirá todas las pautas generales y luego habrá un anexo con cada proyecto en particular. 

Impulsa Mendoza no desarrollará la exploración, sino que presentará el estudio marco que, aseguran, tendrá un nivel de detalle importante. La Declaración de Impacto Ambiental del "distrito minero" será enviada a la Legislatura para su ratificación, como indica la Ley 7722. La intención es que de esa manera queden amparados y ratificados por ley todos los proyectos de exploración incluidos. 

Hay unas 240 propiedades mineras con potencial metalífero registradas y con distinto nivel de información. Sólo 20 tuvieron algunos trabajos de exploración. El dueño de los recursos es el Estado provincial, pero las propiedades mineras se concesionan. Cuando las empresas particulares quieran efectivamente hacer exploración, deberán presentar su proyecto ante la autoridad de aplicación como un "aviso de proyecto". Allí deben explicar las tareas a realizar y tener un estudio específico. Pero la diferencias será que en ese proceso no deberán requerir aprobación legislativa y tampoco audiencia pública, pues ya tendrían el aval del "Distrito". 

Impulsa Mendoza ya realizó gran parte del trabajo técnico. Es decir la Manifestación de Impacto ambiental. Según explicaron a MDZ desde esa empresa, el mapa minero está solapado con la cartografía hídrica, el Inventario de Glaciares y de posesión de la tierra. "Está todo relevado y de acuerdo a la ley, Se van a respetar todas las normas", aseguran. Incluso se elaboró una "semaforización" para identificar con los colores verde, amarillo y rojo las zonas donde se puede hacer minería, donde no y en los sitios en los que hay que tener cuidados extra.

Impulsa Mendoza tendrá un rol clave en todo el plan, pues es la empresa que tendrá a cargo gran parte de los cateos mineros y podrá transferirlos a otras empresas. El Gobierno le había pasado los derechos de Potasio Río Colorado y ahora es socia de Minera Aguilar en el plan de rehabilitación de esa mina. Concretamente tiene el 12% de la participación. Justamente ese proyecto debería estar en pleno proceso de ejecución del plan piloto: el 3 de marzo vencía el plazo para contratar a las primeras 60 personas. 

Impulsa Mendoza está conducida por Emilio Guiñazú, un funcionario que tuvo y tiene un rol clave en la política minera. Estuvo a cargo del área en el primer gobierno de Alfredo Cornejo y escribió el primer plan minero. Luego pasó a Potasio Río Colorado, cuando la empresa brasileña Vale le transfirió todo al Estado (las propiedades mineras, la infraestructura y 30 millones de dólares). El año pasado quedó a cargo de la nueva empresa estatal que ahora será empoderada. 

El plan

El Gobierno busca impulsar la exploración minera, el primer paso para desarrollar esa actividad. Por eso quieren aislar ese proceso de las complejidades que tiene la explotación minera. También buscan crear una "isla" en Malargüe para no involucrar al Valle de Uco en la discusión.

El primer paso del "plan Cornejo" para impulsar la minería es la sanción del nuevo código de procedimientos. Esa norma cambia muchos aspectos en la administración de las propiedades mineras y, aseguran, buscan evitar que se mantenga el "negocio inmobiliario". Es decir, que quienes registren una mina lo hagan con intereses reales de explorar y no para comerciar la "escritura". El proyecto de ley tiene varias objeciones. Incluso profesionales del tema presentaron algunos reparos. Es que, aseguran, le quita todo el poder a la Dirección de Minería. "En el artículo 4º se hace desaparecer la Dirección General de Minería que es un organismo científico técnico y legal... encargado de ocuparse de todos los asuntos relacionados con geología, ingeniería de minas,  geología aplicada y economía minera, a la par de desempeñarse como autoridad minera. Creemos que no debe ser minimizado mezclándolo con una norma reglamentaria y menos aún dictar su desaparición que afecta a profesionales mendocinos matriculados", explican en un comunicado desde el Consejo de Ingenieros y Geólogos. En el Gobierno aseguran que no se elimina la Dirección de Minería, sino que se cambian procesos. La propia DM será la encargada de otorgar las concesiones.  

El segundo paso es crear el "Distrito Minero" en Malargüe y transferirle a Impulsa Mendoza la potestad y la responsabilidad de los estudios ambientales. El poder que tendrá en sus manos esa empresa es enorme. El proceso es similar al ejecutado con EMESA, la empresa de energía a la que se le transfirieron todas las acciones de hidroeléctricas, también permisos petroleros y de energías renovables.

Con las propiedades mineras, en principio, Impulsa no sería "socio", sino que oficiaría de gestor. En concreto sería una especie de "nuevo poder concedente", pero en negociaciones entre privados. Impulsa Mendoza fue creada a fines de abril del año pasado. De hecho fue registrada oficialmente un día antes de que Rodolfo Suarez lo anunciara en la Asamblea Legislativa.