El recurso que el Gobierno puede usar para evitar cuasimonedas en todo el país
La Rioja decidió que puede imprimir dinero y el Gobierno a través de Javier Milei los alentó a que lo hagan sabiendo que es un fracaso y que va a generar más pobreza entre los riojanos. Es una de las provincias que más dinero cobró durante la gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa, y que por su baja productividad se ve afectada directamente por la quita de coparticipación y la nueva forma de interpretar el envío de dinero a las provincias por parte de Nación. Un organismo independiente de abogados técnicos elaboró un informe que explica el desastre y la ilegalidad que puede generar la aparición de cuasimonedas.
Santiago Bausili lo había planteado en reuniones de directorio, apenas llegado al Banco Central, tras la salida de Miguel Pesce, no habría durante su gestión un sólo gobernador emitiendo “cuasi dinero” para solventar el agujero fiscal que produce el cese de emisión descontrolada y los lanzamientos a mansalva de dinero de Nación a las provincias, un método que sirvió durante décadas para someter los líderes del interior y conseguir leyes que permitan gobernar a discreción. Javier Milei lo avala y Luis Caputo también, es una decisión tomada y los privados arman informes que son tomados en cuenta por el estado, en este caso, para explicar lo ilegal y lo que genera la emisión local.
El Instituto de Derecho Bancario de Abogados es un organismo independiente conformado por abogados técnicos de están rankeados como lo mejor del país en esta arista del derecho. La Rioja como leading, pero el sistema de imprimir localmente como paradigma fue estudiado por el IDBA y elaboraron un dictamen preparado por los doctores Enrique Fernández Sáenz y Eduardo Barreira Delfino, director del Instituto, ambos abogados son parte del entramado de prestigio que el Gobierno busca tener cerca para las distintas estrategias legales futuras. El Banco Central como organismo se nutre siempre de estudios privados elaborados de éste tipo, que le sirven para la toma de deciciones.
Hay una serie de factores que explica, siempre a ojos de Fernández Sánez y Barreiro, la imposibilidad de usar en ninguna provincia las cuasimonedas: "Generan perjuicios a las personas que los reciben compulsivamente por parte del estado provincial dado que será objeto de descuento importantes o significativos, reduciendo sueldos y acreencias de quiénes los acepten. Ha sido común observar precios de mercaderías y servicios expresados en pesos y la posibilidad de aceptar bonos, pero a la hora de concretar las operación el pago en bonos resultaba cuando menos un 30% más caro". Es decir, no sólo no resolverá el tema fiscal, sino que va en directo detrimento de la capacidad de compra, es más caída de salario y menos consumo, generando un parate mayor en la economía regional.
La impresión de papel de este tipo habilita al Banco Central y al Gobierno inclusive a tomar medidas judiciales en contra de los estados provinciales por violar la norma vigente. El BCRA podría denunciar a cada una de las provincias emisoras de bonos cuasimonedas ante la Corte Suprema, con el caso riojano como centro de debate. Así mismo, el BCRA en la presentación ante la Corte podría solicitar la declaración de la inconstitucionalidad de las leyes provinciales que autorizan la emisión de la cuasi moneda, por afectar la política monetaria que depende del BCRA, por disposición expresa de la Constitución Nacional.
El dictamen completo