Andrés Gil Domínguez analizó el conflicto entre Nación y las provincias
El conflicto de Nación con Chubut, más específicamente entre el presidente Javier Milei e Ignacio Torres, gobernador de la provincia patagónica, despertó debates extensos y profundos. Si se respeta o no la Constitución Nacional, si se abre un terreno de conflicto donde las provincias hagan reclamos ante la Corte por el tema de la coparticipación, si se envía petróleo o se cierran los accesos y los puertos, son todas aristas de una situación que debe ser analizada. El abogado constitucionalista, Andrés Gil Domínguez, dió su punto de vista en MDZ Radio 105.5 FM.
Te Podría Interesar
Desde la sanción de la Constitución en 1853, tenemos un sistema federal. En términos económicos, el abogado explicó sencillamente, que esto implica que “debe haber una permanente colaboración, concertación, ayuda mutua y buena fe entre el Estado federal y las provincias. Existe un régimen de coparticipación donde el Estado recauda todos los impuestos internos, toma un porcentaje y lo distribuyen en las provincias, porque es dinero de las provincias”.
Frente a la compleja y tensa relación actual entre el presidente y las provincias, sancionó que, a su parecer “el problema de Milei es que tiene en su cabeza un sistema unitario, centralista y macroeconómico”. Debido a esto, la dificultad para tener una buena relación con los gobernadores, persistirá “en la medida que no los vea como sujetos legitimados para ejercer el mandato que le dio el pueblo de las provincias y crea que son sus empleados”.
En cuanto a la deuda que Chubut tiene con el gobierno nacional, adquirida en la gestión anterior a la de Ignacio Torres, Gil Domínguez explicó que cuando esa es la situación “lo último que se toca son los fondos coparticipables”. En este sentido, deben buscarse otras alternativas y, si hay una garantía de fondos coparticipables, “se puede refinanciar, se puede compensar con deudas que tenga la Nación con las provincias, se puede habilitar las provincias a que salgan a buscar fondos en los mercados, otra fuente de financiamiento para cubrir esa deuda”.
La situación tuvo que derivarse a manos de la Justicia, ya que “si no hay un acuerdo político en el marco de la racionalidad del federalismo de concertación, la única solución es la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia y el alto tribunal dirimiendo estas cuestiones”. Dijo el constitucionalista, y agregó que el problema es que el esquema que ha utilizado, hasta acá, la Corte ha sido de “no resolver inmediatamente, dejar que el tiempo arregle las cosas”. Pero “el proyecto de Milei, impide que la Corte siga con esta metodología”, ya que si no da una respuesta rápida y precisa, “el entramado de tensión política va a escalar hacia niveles de mucha intensidad”.
Por otro lado, añadió que no está de acuerdo con el sistema de coparticipación. “A mí me hubiera gustado que se siguiera con el sistema de doble fuente, pero está en la Constitución y por eso es parte del federalismo y hay que cumplirlo. Si a alguien no le gusta, tiene que reformar la Constitución”. El sistema de doble fuente implicaba que “el Estado Nacional recaudaba los impuestos externos de importación y exportación, y las provincias recaudaban los impuestos internos directos e indirectos. A partir de la primera mitad del siglo 20 se sancionó una ley por la cual se unificaron los impuestos internos, especialmente ganancias. A partir de ahí el Estado Nacional empezó a recaudar un porcentaje cada vez mayor y a distribuir de forma coparticipable. Los convencionales constituyentes en 1994, donde estuvieron representadas todas las provincias argentinas, resolvieron que este era el mejor sistema. Lo que pasa es que para que este sistema funcione tendría que existir una ley convenio que nunca se sancionó, ni nunca se debatió, ni a ningún gobierno le interesó debatirlo”.
Ante los dichos de Espert, quien preside, precisamente, la Comisión de impuestos y de Coparticpación de la Cámara de Diputados, respecto de terminar con este sistema de coparticipación de impuestos, Gil Navarro fue contundentemente y dijo que para eso hay que reformar la Constitución, y agregó: “Lo que tendría que estar haciendo el diputado Espert, en su carácter de representante del pueblo, y presidiendo una comisión tan importante, es presentar un proyecto de ley-convenio para que se haga efectiva la coparticipación, tal cual lo establece la Constitución”. Aclaró que si eso no se lograra, hay que aplicar la Constitución vigente, ya que si no se aplica “es un golpe de Estado. Puede ser blando, duro, militar, de derecha, pero es un golpe de Estado”.
Para finalizar remarcó que “no están dadas las condiciones para la producción de un juicio político. Hoy lo que tenemos es una tensión entre el Estado Nacional y las provincias, que siempre ha existido, y que ha sido la Corte Suprema de Justicia, en su competencia originaria, el órgano para dirimir razonablemente esto”. En cuando a la metodología de la Corte, insistió en que “actualmente va a generar mucha zozobra al sistema si la Corte sigue con esta tesitura de cronoterapia, bioconservación, ‘lo dejo en el tiempo porque las cosas se van a arreglar solas’. Si la Corte no lee esta situación, vamos a estar en serios problemas políticos de tensión territorial, económica, cultural entre las provincias y el Estado Nacional”.