Causa Protocolo: acusaron a Patricia Bullrich de acelerar la salida de Sebastián Casanello
Desde la Izquierda anunciaron la apelación de la decisión: "La medida desesperada tuvo el propósito de impedir que el Tribunal presidido nos diera la razón".
Tras el apartamiento del juez Sebastián Casanello de la causa contra el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, la diputada de la Ciudad Celeste Fierro (MST-FITU) anunció la apelación de la medida, a la que tildó de "escandalosa".
La legisladora de izquierda alertó que "minutos antes de la reanudación de la audiencia en la causa contra el protocolo antiprotestas, una medida judicial llamativamente firmada por un solo integrante de la Cámara Federal, el juez (Eduardo) Farah revoca la competencia de Casanello”.
Cabe señalar que la Cámara Federal porteña declaró la incompetencia de ese fuero para tramitar la denuncia presentada contra la aplicación del llamado "protocolo antipiquetes". Para Fierro, la decisión fue "evidentemente política y viciada de ilegalidad" ya que no fueron informados "en tiempo y forma".
"Completa una secuencia de ocho recursos distintos en la última semana, promovidos por el ministerio de Bullrich para intentar bloquear la continuidad de una causa que estaba dejando en evidencia la inconstitucionalidad e ilegalidad del engendro represivo llamado protocolo”, se quejó.
"La medida desesperada y sobre la hora, tuvo el propósito de impedir que el Tribunal presidido por Casanello nos diera la razón, como todo indicaba que iba a suceder", recalcó.
La diputada insistió que el protocolo de la ministra de Seguridad es "insostenible" porque "viola la Constitución" y sostuvo que la cartera de gobierno "se arroga la facultad de legislar".
"Modifica el código penal. Un mamarracho de autoritarismo. De hecho, ninguna medida judicial, en ninguna instancia hasta ahora, expresó que el protocolo fuera legal”, lanzó.
Y cerró: "Nuestro equipo legal ya está preparando la apelación de la medida del juez Farah, y la ministra Bullrich que no festeje por anticipado, porque su protocolo está condenado a ser enterrado como la ley ómnibus".

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