La deuda interna que acumula Milei con Mendoza y el control de daños que prepara el Gobierno

El presidente Javier Milei tiene una retórica torpe, pero efectiva. Logró resignificar conceptos de manera tal que arrastra a todos en ese mismo error que, en realidad, parecen tener dolo. Así, se transforman en mentiras. Es lo que ocurre con los recursos que, dice, “ajusta a la política”, pero en realidad son retenciones que rozan lo ilegal. Fondos para el pago de salario docente, subsidios al transporte, eliminación de fideicomisos para financiar obras y, lo más peligroso, restricción de transferencias automáticas.

La Nación comienza a tener deudas multimillonarias con Mendoza y todas las provincias a partir de un cerrojo en las transferencias que obliga a un recálculo financiero y a quemar los libros de las buenas prácticas políticas. No hay vínculo, no hay voluntad, no hay posibilidad cierta de entendimiento.

Mientras la batalla discursiva se profundiza; la gestión nacional está paralizada en todo lo que no sea financiero y “Argentina ocurre”. La deuda interna con la comunidad crece.

La pobreza medida por ingresos roza el 60% por efectos del desequilibrio perfecto que hay en la economía; con salarios planchados y la inflación a más del 20% mensual. Incluso previo a la llegada de Milei la situación era peor de lo que se decía. Según el Censo, la desocupación en Mendoza es del 9,5% y no del 6% como indicaba el propio INDEC para la fecha en la que se realizó el estudio. Entre los jóvenes, el desempleo llega a un techo del 33% (en el caso de las mujeres).

Deudas

La Nación dice tener las cuentas ordenadas, pero lo hace a costo del deterioro del poder adquisitivo y del cerrojo a las provincias. Las deudas de la Nación con Mendoza se acumulan. Más de 9 mil millones de subsidios no rendidos, 10 mil millones de la cláusula de garantía del salario docente, más de 200 millones de dólares en obras colgadas (como la Ruta a San Juan, los dos puentes del Valle de Uco, la Variante Palmira) y las obras de agua y saneamiento financiadas por el ENHOSa. El escenario es peor que cuando la Provincia era “discriminada” por presidentes que eran de otro signo político. Alfredo Cornejo había anticipado que no tenía mayores problemas con los recortes de fondos discrecionales, pero el temor era que tocaran fondos de transferencias automáticas, algo que Milei comenzó a hacer. Mucho más con un presupuesto reconducido.

“Déjennos vivir con lo nuestro; hagan los recortes que quieran. Pero no nos toquen los recursos”. Ese era el mensaje del Gobernador a las autoridades nacionales que, como le ocurrió al resto, cayó en un pozo ciego. Cornejo explica en detalle su postura; su apoyo filosófico a la idea de equilibrar las cuentas y que la Nación se dedique a mejorar la macroeconomía. Pero desde Casa Rosada le devuelven un cascotazo; un repudio general en el que salen todos igual de golpeados. Le pasó, incluso, a otros gobernadores aún más cercanos a Milei, como el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, que sigue sin recibir de parte de la Nación los fondos que debía reconducir desde la Provincia de Buenos Aires. O Ignacio Torres, de Chubut, que ahora es obligado a devolver más de 10 mil millones de pesos de un fondo dedicado a reestructurar deuda de las provincias. Los recursos no son de la Nación, pero la habilidad política de los últimos gobiernos ha estado en crear impuestos con asignación específica, mecanismo que ayuda a la apropiación, pues todos los tributos son coparticipables, salvo que tengan esa característica: un destino específico. Allí radica el reclamo de los gobernadores para que se repartan los fondos del impuesto al cheque, a la transferencia de combustibles y otros más.  

El camino político para lograr acuerdos con la Nación está cerrado. En el caso de que se profundicen los recortes de fondos de transferencia automática podría haber una vía judicial, es decir nuevas demandas para al menos plantar bandera, aún cuando no habría respuesta rápida. “La demanda por el impuesto a las ganancias seguramente la vamos a ganar; pero no sabemos cuándo y si van a cumplir en pagar”, explican. Esa causa judicial se inició luego de que, durante el gobierno anterior y con apoyo de Milei, se cambiara la ley del Impuesto a las Ganancias, en perjuicio de las provincias y está basado en que no hubo acuerdo fiscal antes de la sanción.

La gestión

Cornejo repliega y comenzará a ahorrar energía en su camino nacional, luego de dos meses de estupor. El principal objetivo es el control de daños por los ajustes y falta de recursos. Como ocurre con problemas cuya solución están lejos del alcance, la política es de adaptación y mitigación.

Uno de los temas más sensibles de ese “control de daño” tiene que ver con los servicios públicos; y particularmente con el transporte. El nuevo aumento del precio del boleto, que se ejecutará pronto, generará impacto porque el múltiplo. En el Gobierno buscan un equilibrio para no romper lo que consideran una política exitosa, pues hay un fuerte aumento en el uso del transporte público y, creen, la calidad del servicio ha mejorado. Ya avisan que no todo el aumento se trasladará al precio del boleto y que, por lo tanto, también habrá más dinero del Fondo Compensador provincial.

A la vez, se revisarán algunas gratuidades, el trasbordo y el equilibrio del servicio para no tener tantos colectivos “vacíos” en horarios valle. “Queremos que el laburante use el colectivo porque le va a seguir conviniendo mucho comparado con el uso del auto”, explican. Y rechazan la idea de que la Nación maneje cualquier tipo de ayuda o subsidio a través de la SUBE.  

El plan de reestructuración del sistema de salud de la provincia es el primer gran cambio propuesto en la nueva gestión de Cornejo. En los distintos sectores involucrados analizan el detalle fino, pero el impacto será fuerte. “Van a chillar, pero a la larga se van a dar cuenta que que las mejoras son sustanciales”, dicen en el Gobierno. Habrá cambios en la relación con los médicos, con las obras sociales y prestadores privados; también con el uso de la infraestructura y una especie de “premio castigo” para las personas que respondan a los patrones de prevención: el que no se cuida, pagará por los servicios.

Lo que altera cualquier pronóstico es la falta de actividad económica y los efectos que eso genera. La consecuencia más rápida es la caída en la recaudación. La más dramática, la falta de trabajo, salarios y el deterioro de la calidad de vida de los mendocinos. La propia línea de base del Plan de Salud lo indica. Además de los datos de familias que viven en la pobreza, hay un 30% de los mendocinos que viven sin las condiciones mínimas de salubridad.

Uno de los ejes de la promoción de la actividad económica que Cornejo quiere apuntalar es la explotación de los recursos naturales no renovables. La caída de la inversión de YPF en los yacimientos petroleros maduros es uno de los temas más relevantes. Pero aseguran que la salida será virtuosa: el Gobierno no le quitará la concesión de las 14 áreas que están pronto a vencer, sino que promoverá la asociación de la petrolera estatal con empresas más chicas que se encarguen de la operación y, así, reactivarlas. La empresa estatal ya había anunciado el plan de desinversión en ese tipo de activos, aunque advirtieron que no habría abandono sino “cambio de estrategia”. La intención es que las áreas que no son económicamente viables para YPF las exploten operadores más chicos.  Además, licitarán otras 12 áreas. En el impulso a la minería los resultados podrían ser más humildes, pero lo que buscan es generar señales. Desde hace tiempo trabajan en un plan normativo para impulsar la minería en Malargüe, donde hay pequeños trabajos de exploración. Otros proyectos avanzados pero que tuvieron freno político, como San Jorge, tienen “las puertas abiertas” para relanzarse, según explican, pero antes deberían realizar la actualización ambiental y del plan. “Hay algunos proyectos que han arrastrado los pies en los últimos años y deberían actualizarse. Si lo hacen, lo vamos a apoyar”, explican.