La casta no tiene miedo

Por segunda vez fracasó la sesión en la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de Ficha Limpia, impulsado por la diputada del PRO Silvia Lospennato. La iniciativa, de convertirse en ley, dispone que no podrán ser candidatos los condenados por casos de corrupción cuando la sentencia sea confirmada por un órgano judicial de instancia superior, que en el caso de la Justicia federal, es la Cámara Federal de Casación Penal.

El fracaso del tratamiento del proyecto, fogoneado por el gobierno e incluso por algunos legisladores del PRO, generó una multiplicidad de consecuencias políticas; muchas de las cuales aun no han emergido a la luz pública. El kirchnerismo hizo valer su fortaleza parlamentaria. Amenazó con hacer estallar varios acuerdos subterráneos que negocia con el gobierno, entre los que se destaca la designación de dos jueces para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un tironeo que ya lleva varios meses. Los que conocen los entresijos de la política sostienen que la relación entre el presidente Javier Milei y Mauricio Macri está en su punto más bajo. Parece que van a necesitar varias dosis de milanesas de esas que se sirven en Olivos para enmendar la relación.

Dejando de lado las interpretaciones políticas, es interesante detenerse a analizar el proyecto de Ficha Limpia, que más allá de su encomiable objetivo que tiene puede producir contraindicaciones que podrían resultar más perniciosas que aquello que busca remediar. 

Por qué debería existir una ley de estas características

La respuesta es sencilla: hay demasiados casos de corrupción en la política argentina, que además como consecuencia de un sistema judicial intrincado quedan impunes; con el agravante que los propios corruptos en muchos casos se refugian en los fueros parlamentarios mientras enfrentan juicios eternos. Entonces, esta ley le permitía a la sociedad elegir sólo entre un menú de dirigentes supuestamente honestos, incluso cuando para esa misma sociedad que se quiere proteger los hechos de corrupción no representan una cuestión relevante. En la Argentina, esto está más que comprobado. 

En 1995, el expresidente Carlos Menem consiguió su reelección con el 49, 94% de los votos y en el 2011, Cristina Fernández de Kirchner arrasó con el 54% en primera vuelta. Ambos expresidentes para ese entonces ya estaban sospechados de haber participado en graves casos de corrupción. Sin embargo, la gente los votó igual. Más acá en el tiempo, en el 2019, la señora ex presidente se convirtió en la vice de Alberto Fernández, en una fórmula que armó a la medida de sus necesidades políticas. A esa altura nadie puede decir que no sabía de la relación de Cristina con la corrupción. A la gente no le importó y premió el experimento con su voto. La corrupción no resta votos. En términos económicos parece ser que el problema está más en la demanda que en la oferta. 

Las inhabilitaciones para ser candidato en la Argentina no son una novedad

Pero tradicionalmente se ponían en práctica cuando mediaba una sentencia firme, ya que son parte de la condena. La novedad del proyecto de Ficha Limpia, es que para que entre en vigencia la prohibición de postularse no es necesaria una sentencia firme. Esto que suena muy simpático y republicano puede acarrear complicaciones constitucionales, porque hasta que no haya sentencia firme rige el principio de inocencia que esta ley estaría vulnerando. Seguramente, algún crítico que lea estas líneas podrá decir que estos argumentos están erróneamente planteados porque el proyecto de Ficha Limpia no se trata de una norma penal sino electoral. Pero no habría que olvidar que su aplicación sería consecuencia de una sentencia penal, que aún no ha quedado firme porque el condenado tiene un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El mismo critico también podría argumentar que hay numerosos ejemplos en los que se afecta el principio de inocencia. Es cierto, pero cuando se trata de políticos no puede quedar ninguna duda que no se busca proscribirlos. 

A fin de dejar de lado las hipótesis, se puede tomar un ejemplo concreto. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró extinguida la acción penal por prescripción contra el ex ministro de economía Domingo Cavallo en la causa de los sobresueldos durante la presidencia de Carlos Menem. La Corte entendió que se habían vulnerado las garantías de Cavallo y su derecho de defensa por no haber sido juzgado en un plazo razonable. Como bien dijo el economista Lucas Llach en su cuenta de X, si la Ficha Limpia hubiera estado vigente no podría haber sido candidato entre 2018 y 2024 por tener condena confirmada por Casación. 

Cavallo enfrentó un juicio por cerca de veinte años: un disparate

El fallo de la Corte encierra una paradoja, los cortesanos tardaron seis años en resolver la situación del ex ministro. Sin lugar a dudas, ellos también contribuyeron a violentar sus derechos y garantías. Se podrá criticar al ex ministro por su pensamiento económico, pero rara vez se lo acusó de deshonesto y mucho menos de enriquecerse a costa del Estado. Así, a Cavallo no solo se le habrían violado sus derechos, entre otros, a ser elegido y se le habría obligado cumplir parte de una sentencia siendo inocente. Ademas, se le habría vedado a la sociedad la posibilidad de elegirlo. 

Finalmente, podría darse otro efecto no deseado si este proyecto se convierte en ley. Muchas provincias son gobernadas por eternos y poderosos caudillos. Los ejemplos están a la vista. Allí la relación entre los gobernadores y los jueces federales casi siempre es fluida, por utilizar un término elegante. La Ficha Limpia podría usarse para perseguir opositores inventando causas. La Argentina tiene varios ejemplos en ese sentido. 

La narrativa en torno al proyecto de la diputada Lospenatto es simpática y, paradójicamente para los tiempos que corren, políticamente correcta pero seguramente ineficaz para combatir la corrupción y con preocupantes contraindicaciones. El ejemplo de Cavallo nos lleva a concluir que por más buenas intenciones que tenga una ley, si genera una injusticia ya no es eficaz para aquello que fue creada. Un solo ejemplo es suficiente.

El proyecto de Ficha Limpia fue ideado pensando en Cristina Fernández de Kirchner y otros dirigentes kirchneristas, aun cuando quienes lo apoyan ahora digan lo contrario demostrando una vez más un alto grado de cinismo político. No está mal eso, porque por lo general las leyes buscan convalidar o modificar situaciones que se han verificado en la realidad. Sin perjuicio de ello, y estrictamente desde el punto de vista político, si se impidiera la postulación de Cristina Fernández, rápidamente el kirchnerismo izaría las banderas de la proscripción y compararía su situación con la de Juan Domingo Perón luego de la Revolución Libertadora que lo mandó al exilio. La señora de Kirchner pasaría de corrupta a mártir sin escalas. Las declaraciones del jefe de gabinete Guillermo Francos van en este sentido.  

El gran problema es que la corrupción no le saca votos a los corruptos, porque en la Argentina el grado de condena social en estos temas es muy bajo; probablemente porque somos una sociedad endémicamente corrupta. Si la gente dejara de votar a los políticos sospechados de ser corruptos no haría falta ninguna Ficha Limpia. Pero claro, la Argentina dista de ser un país nórdico. La otra cuestión es el Poder Judicial y sus “tiempos”. Allí, el poder político podría cambiar las cosas, pero el gobierno prefiere nominar al juez Ariel Lijo para la Corte en acuerdo con el kirchnerismo. Según un informe de la ONG ACIJ, Lijo -el candidato de todos y todas- tiene a su cargo 89 causas de corrupción, 26 de las cuales continúan en período de instrucciones y de esas 13 están en este estado desde hace 10 años o más. La ONG también revela que las que llevan más tiempo en trámite están hace 17, 18 y 26 años. 

La casta no tiene miedo, está negociando

* Martín Pittón, periodista y conductor del podcast Micro Mundos.