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Las 12 propuestas ¿polémicas? de Hebe Casado para la "libertad" de las comunas

A pocas horas de que termine el 2024, la vicegobernadora y su equipo presentaron un documento con la docena de iniciativas para las comunas. De qué se tratan, a horas de que comience un año electoral.
La vice presentó una docente de propuestas para los municipios. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ
La vice presentó una docente de propuestas para los municipios. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

En los estertores del 2024, la vicegobernadora de la provincia, Hebe Casado, sorprendió con un anuncio: presentó un documento con 12 propuestas para "la libertad de los municipios". Muy en modo libertario, como los tiempos que corren y en la previa de un año electoral, que como le advirtió a MDZ hace unas semanas, hará lo que diga su referente nacional, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Es decir, anticipa la sinergia con el Gobierno de Javier Milei, que nunca escondió pero ahora lo plasma con iniciativas concretas, algo que al gobernador Alfredo Cornejo le cae bien y es uno de los principales motivos por los que la eligió como compañera de fórmula ya que Casado se declara liberal desde hace muchos años, como la ola política que vivimos actualmente en el país en general y en Mendoza particular. 

La vice fue la coordinadora del trabajo y designó a su equipo un departamento, para tener un panorama de cada uno de los municipios. La mayoría de los ítems que propone ya se aplican en algunas comunas (como el silencio positivo en los trámites administrativos en Ciudad de Mendoza, que hace meses anunció el radical Ulpiano Suarez o la alarmas comunitarias de Godoy Cruz) y son una versión local de las medidas nacionales, especialmente aquellas promovidas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Una de las falencias del documento, es que no tiene datos sobre los municipios de Mendoza en particular, sino que son sobre situaciones que se dan en general en la Argentina, siempre basados en informes de organizaciones como Cippec o la Oficina Anticorrupción, entre otras. Por otro lado hay que tener en cuenta que  los municipios no están obligados a tomar ninguna de estas ideas y para tomar las decisiones que propone la vice, deberá decidirla su intendente o proponerlas en los respectivos Concejos Deliberantes y transformarlas como ordenanzas.

Muchas de las ideas, buscan agilizar trámites a la ciudadanía y transparentar la gestión pública. Es decir, que se conozca todo lo que hacen los municipios con detalles, como los contratos y los contratatos, las obras públicas, etc. 

En el primer punto, la vice y su equipo se refieren al RIGI, el programa de incentivos para grandes inversiones que fue aprobado por el Congreso de la Nación y tuvo su primer caso de aplicación en Mendoza, específicamente en Las Heras con un parque solar se hará. En ese sentido, le propone a las comunas que desarrollen programas que capaciten a la fuerza laboral local en habilidades específicas requeridas por las industrias; ofrezcan exenciones o reducciones en impuestos municipales, tales como tasas de habilitación, contribuciones en Ingresos Brutos y derechos de construcción y simplifiquen los trámites de habilitación. 

Como segunda problemática, el documento plantea que:  "Los municipios han basado su estructura administrativa en el modelo burocrático, controlando al ciudadano antes de realizar el trámite, haciéndolo pasearse por innumerables oficinas, atentando contra la eficiencia administrativa y el tiempo del ciudadano. Mayor burocracia, requiere más empleados". Para solucionar esta situación, propone que un "plan de Simplificación de Trámites Administrativos" para cada comuna que obligue a cada área a que en un plazo no mayor a 6 meses, deban presentar su propia propuesta de simplificación, incorporando tecnología y disminuyendo los tiempos de demora de aquellos trámites que tengan mayor demanda ciudadana. 

En el punto 3, se mete con un tema polémico, que fue uno de los principales caballitos de batalla de Milei en el comienzo de su gestión: "prohibición de intermediarios de planes sociales", sostiene como iniciativa. En ese sentido, observa que: "Según un informe de CIPPEC, el 30% de los beneficiarios de planes sociales han reportado haber sido contactados por intermediarios que condicionan el acceso a los beneficios a cambio de favores políticos o donaciones a organizaciones sociales. Por otro lado, un estudio de la Universidad Nacional de San Martín encontró que el 45% de los beneficiarios preferiría recibir el beneficio directamente, sin intermediarios, para reducir el riesgo de abusos".

Sin embargo, el documento de Casado no ofrece datos de intermediarios en ninguno de las 18 comunas mendocinas pero los invita a que prohiban "a terceros intermediarios, sea en carácter de representante de organizaciones sociales, personas físicas y/o jurídicas, ajenas a las autoridades estatales responsables, para participar de la selección, administración y/o asignación de los beneficios sociales" y también a "Inhabilitar el acceso a beneficios sociales para personas imputadas por delitos de cualquier grado". Como hizo el Gobierno nacional, entre sus puntos, nombra la posibilidad de implementar un canal de denuncias para informar irregularidades. 

La tapa del documento que presentó Casado

Luego, como punto cuatro, el texto presenta la transparencia fiscal al consumidor. En esa línea, postula que según datos de la Oficina de Corrupción,  sólo el 50% de las instituciones públicas cumplen regularmente con las normativas de transparencia en sus reportes fiscales y presupuestarios en Argentina, aunque no menciona a las comunas mendocinas. Para apuntar a la transparencia, la propuesta es que se muestre de manera obligatoria la información sobre tasas y derechos municipales en los comercios y locales del departamento, que a través del diseño de un etiquetado (similar al modelo frontal en alimentos y bebidas) se indicará tanto en un cartel o calcomanía como en el comprobante de pago, cuáles son los tributos y el organismo municipal recaudador.Además, establece un plazo de 15 días para la información pública inicial sobre las tasas y derechos municipales aplicables al comercio, 120 días para la adecuación de los comercios y 30 días como plazo final para evitar sanciones tras llamado de atención.

El 5 es la creación de una ventanilla única digital para agilizar trámites.  En ese sentido, pone como ejemplo el Gobierno de Mendoza. La idea es la implementación de  una plataforma digital de ventanilla única que incluya todos los trámites de apertura, registro, permisos y licencias, eliminando la interacción con múltiples organismos. La misma debe ser accesible para todas las jurisdicciones y tener un sistema de respuesta rápida, con tiempos preestablecidos para cada trámite y sanciones para las instituciones que no cumplan con estos plazos.

La ventanilla única del Gobierno de Mendoza. 

Luego, postula un "cronograma de servicios públicos "- que todos los municipios tienen- pero agrega que la interacción con la ciudadanía. "Crear una base de datos fiable para la supervisión de los servicios, los cuales deben publicarse mensualmente a través de los canales de comunicación oficiales y estar integrado a la plataforma digital, a fin de transparentar su funcionamiento y organización, brindando la posibilidad de fiscalizar la gestión municipal".

El punto 7 está vinculado al año que se aproxima, es decir a las elecciones de medio término. Apunta el documento a la creación de "un portal digital de Información Electoral por medio de un sitio web, donde se encuentren los perfiles de los candidatos y toda información relevante al proceso electoral, a fin de comparar las propuestas y facilitar la evaluación de sus programas de gobierno".

El 8, como Milei, propone el silencio positivo, es decir que cuando se presenta un trámite, si no es respondido por la comuna, queda validado. "El municipio mediante una norma implementará el silencio positivo, para que al vencimiento del plazo para responder a las solicitudes y sin haberse dictado resolución expresa, el silencio tenga sentido positivo, es decir, que la solicitud se dará por aprobada ante la falta de respuesta", expresa la iniciativa. 

En noveno término pide transparencia de la obra pública, más allá de los canales de control ya existentes en la provincia y a los qu están sujetos los 18 intendentes. Como sugerencia, incluye:" Habilitar un registro digital de los proyectos de obra pública realizados y por realizar, con el acceso público a la información sobre contratos, modificaciones y pagos, a fin de detectar irregularidades o desviaciones en los proyectos y mejorar la rendición de cuentas públicas". Además, la publicación de "toda la información relativa a la licitación, ejecución, plazos y avances de las obras en el departamento a través de la página web de la municipalidad. Dicha información debe estar disponible de forma permanente y estar actualizada trimestralmente".

La vicegobernadora Hebe Casado

Los últimos tres puntos son alarma comunitaria; registro público de contratos y régimen de licencia de conducir digital. Sobre el primero que rige en muchos municipios, postula, "instalar bocinas de alerta, botones de pánico y cartelería disuasiva en puntos estratégicos de la ciudad y que dichos dispositivos puedan ser activados manualmente en caso de emergencia. Además, desarrollar una app digital que recopile los datos a partir de la información producida por la interacción de estas alertas, a fin de mejorar el funcionamiento y la coordinación de respuesta locales".

El segundo ítem, que tiene que ver con los contratados, postula la creación de un portal de contratos, donde cada organismo municipal registre y publique obligatoriamente información actualizada sobre todas las contrataciones, incluyendo nombres y cargos contratados; proceso de selección (concurso público, designación directa, entre otros); requisitos del puesto y justificación de la contratación.

Para cerrar, se refiere a las licencias de conducir- que es una ley que se modificó este año-. Dice que es necesario "crear una plataforma digital accesible a nivel municipal donde los ciudadanos puedan renovar su licencia de conducir sin necesidad de acudir a una oficina física, que permita a los usuarios la carga de documentos, fotografías y realizar el pago en línea". Además, postula "eliminar el requisito de rendir exámen para la renovación salvo las excepciones que figuren en la ley, y para ellas ofrecer la opción de rendir los exámenes teóricos en línea y obtener un certificado digital de aprobación, integrándose automáticamente a su solicitud de renovación, reduciendo filas y tiempo de espera".