Ariel Lijo ordenó la captura internacional del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega
El juez federal Ariel Lijo ordenó hoy la captura internacional con fines de extradición del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, para ser indagado en Argentina con motivo de violaciones de derechos humanos.
La resolución fue firmada este lunes por la tarde y requirió la captura internacional por "graves violaciones contra los derechos humanos que se le atribuyen", según pudo acceder Noticias Argentinas. Además, la orden involucra a la vicepresidenta, Rosario María Zambrana Murillo, y otros 16 imputados. Dicha resolución se fundamente en el principio de justicia universal.
En la causa se registraron persecuciones por motivos religiosos, étnicos y detenciones a trabajadores de prensa. En este sentido, Lijo adelantó que se imputará "haber llevado a cabo un plan sistemático y generalizado de violenta represión contra la población civil de la República de Nicaragua, cuyo objeto era la disuasión de manifestaciones sociales y la persecución de los sectores políticos disidentes". También se refiere a la utilización del aparato estatal para la ejecución de dicho plan.
En 2022, el abogado argentino, especialista en Derecho Penal Internacional y de Derechos Humanos, Darío Richarte, inició una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua a propuesta de un grupo de estudiantes de su cátedra en la Universidad de Buenos Aires. La denuncia fue presentada ante los Tribunales Federales de la capital argentina el 26 de agosto de 2022 por un grupo de profesores de la UBA dirigido por Richarte y con apoyo de alumnos de la carrera de Derecho.
Los crímenes de los que son acusados incluyen "asesinato, privación grave de la libertad, desaparición forzada de personas, tortura, deportación o traslado forzoso de población y persecución de un grupo o colectividad".
El Congreso de Nicaragua aprobó el 22 de noviembre una reforma constitucional que le da a Ortega y a Murillo un control total de los poderes del Estado. Por otro lado, en septiembre de este año, el régimen de nicaragüense aprobó una ley que castiga con hasta cinco años de prisión a publicaciones que provoquen "alarma" en las redes sociales, y que es calificada, según distintos medios que se encuentran exiliados del país, como "ley mordaza".
Además, el gobierno nicaragüense posee vínculos estrechos con el régimen de Nicolás Maduro, quien se encuentra en un conflicto diplomático con la administración de Javier Milei por el gendarme argentino secuestrado en Venezuela.
