Sin fondos: por qué IMPSA no pudo pagar los sueldos

En 2021 el gobernador Rodolfo Suarez, su ministro Enrique Vaquié, el presidente Alberto Fernández y todo el equipo energético del Gobierno de Mendoza celebraban como una "gesta" el aporte de dinero para rescatar IMPSA, la empresa más grande de la historia de Mendoza que estaba al borde de la quiebra. Con discursos épicos, aseguraban que la pondrían de pie. Tres años después, la crisis de esa empresa se agudizó y el intento por reprivatizarla tiene obstáculos en el camino, los mismos obstáculos que tenía la empresa "estatizada" y que nunca se sinceró: una enorme deuda, contratos caídos y poca solvencia. Hoy, el problema le explota al Gobierno local que gruñe contra Javier Milei, pues la Nación dejó de aportar fondos y lo que se preveía ocurrió: se discontinuó el pago de sueldos y se incumplen contratos. 

El Gobierno nacional financiaba IMPSA a través del FONDEP. Ese fondo se quedó sin recursos y no se hicieron aportes de otros lugares para transferir a la empresa. Sin recursos propios genuinos por contratos, la empresa está virtualmente quebrada. El pago inconcluso corresponde a la segunda quincena de noviembre. Según explicaron fuentes allegadas al Gobierno nacional, se hará una búsqueda de fondos para el FONDEP, pero no se harán aportes de otras fuentes de financiamiento. El problema lo tiene Alfredo Cornejo, gobernador al que el conflicto le golpea en la puerta.

En crisis

Desde el entorno de Javier Milei también buscan dar otro mensaje. Explican que hay una nómina de cargos jerárquicos en IMPSA con sueldos elevados y privilegios similares a los de los CEO's, que hoy una empresa en esas condiciones no puede afrontar. De la misma manera cuestionan que todo el plantel de empleados esté enmarcado en los convenios de la UOM. 

La crisis se agudiza, pero los negociadores buscan que no "se contamine" la negociación con ARC Energy, la única empresa que se mostró interesada por comprar IMPSA. En ese sentido, son días clave: los empresarios norteamericanos deben presentar la mejora de oferta que pidieron desde el Gobierno nacional y, luego, avanzar en la negociación. Solo tras un acuerdo, ARC podría inyectar los dólares que le hacen falta para pagar sueldos y reactivar la producción. Pero en el medio hay decisiones más complejas. La gran duda es qué va a ocurrir con los más de 500 millones de dólares que debe IMPSA y que se arrastran de la gestión privada de la familia Pescarmona.

La mayoría de los tenedores de esa deuda son bancos; en particular entidades "blandas" a la hora de negociar. Los vencimientos fuertes comienzan en 2028. La deuda original era muy superior, pero hubo dos APE (acuerdos extra judiciales) que la redujeron, la postergaron y mantuvieron a la empresa operativa. 

El otro problema es la cantidad de contratos incumplidos y caídos. La mayoría de los proyectos que IMPSA tenía en carpeta dependían del Estado y de fondos fiduciarios que desaparecieron. El balance sincerado de la empresa está en un pozo desde hace una década, pero estaba adornado con las promesas o la ilusión de pago de las deudas que tiene Venezuela con la empresa.  

IMPSA tiene un patrimonio negativo de 18.993.803.000 pesos. La pérdida de la empresa fue, hasta septiembre, de 56.634.554.000 pesos. Es decir, más de 56 millones de dólares. 

La cartera de negocios que IMPSA presenta tiene varias aristas vidriosas, pues muchos son contratos caídos. Es lo que ocurre con los trabajos en Venezuela, o con el dique El Tambolar en San Juan, contrato que fue rescindido. 

La euforia de 2021 se transformó en desazón. Y los gobiernos de la Nación y la Provincia cambiaron el foco: decidieron privatizar la empresa. El FONDEP y la Provincia de Mendoza licitaron sus acciones y solo hubo un interesado real. La intención de esa licitación era que haya una capitalización mínima de U$S 25.000.000 para volver a rescatar a la empresa.