Siguen los tironeos

Fuerzas Armadas: tensión entre el presidente de la obra social militar y uniformados del directorio por la gestión de la entidad

El planteo sobre la necesidad de tomar un crédito millonario por parte del presidente de IOSFA, Roberto Fiochi, generó malestar. Los detalles del caso.

Edgardo Aguilera
Edgardo Aguilera sábado, 21 de diciembre de 2024 · 17:09 hs
Fuerzas Armadas: tensión entre el presidente de la obra social militar y uniformados del directorio por la gestión de la entidad
Petri deberá lidiar con el malestar en la Obra Social Militar. Foto: Noticias Argentinas

El Acta de Directorio, ACDIR-2024-190-APN-D#IOSFA fechada el 18 de diciembre de 2024 por la que se aprobó por siete votos contra tres un préstamo hipermillonario exhibe marcadas críticas a la gestión política del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) planteadas por militares y miembros de las fuerzas de seguridad que integran el directorio de la entidad.

El asunto que canalizó la bronca subyacente fue el planteo que hizo Roberto Fiochi, representante político, presidente de IOSFA, designado por Luis Petri de tomar un crédito de la caja previsional de los militares, IAF (Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares) por 40 mil millones de pesos.

A pesar de que la solicitud del préstamo del equivalente a 40 millones de dólares que firmó Fiochi decía que tenía el propósito de “modernizar la estructura de los Sistemas para la atención de la Salud y Farmacias”, los miembros del directorio no lo creen así.

El contralmirante (R) Juan Palermo apuntó; “ previo a la solicitud de un crédito debían efectuarse otras acciones que permitan reducir gastos; el cese del personal incorporado durante 2024 como personal extra escalafonario y asesores, investigación administrativa de los funcionarios que desde diciembre de 2023 hasta la fecha, como Gerentes, Subgerentes, jefes de Unidad y funcionarios designados, realizaban viajes de ida y vuelta en avión desde la ciudad de Buenos aires a la ciudad de Mendoza y viceversa, si se le abonaban gastos por desarraigo, movilidad, importes que erogaron en forma nominal informes jurídicos que avalaron las erogaciones de tales emolumentos”.

El marino solicita que “previo a obtener ese financiamiento, sincerar la situación con una comunicación fehaciente y precisa a todos los afiliados, la finalidad del crédito, expresando el destino que se le van a dar a esos fondos, que es para cancelar deuda generada durante la gestión y administración anterior”.

Otro miembro del directorio, el vicealmirante (R) (VGM) Eduardo Urrutia manifestó que; “su primera impresión fue que no se debía solicitar dicho préstamo por varias razones, no endeudar a los afiliados, la inexistencia de un plan para reducir costos, la falta de una auditoría que especifique el origen de la actual deuda y que la nota girada al IAF por el Presidente no especifica claramente la futura utilización de los fondos”.

“No se pueden ocultar las verdaderas razones que motivan el pedido (del crédito) a los afiliados ya que son quienes van a afrontar el pago del mismo con sus aportes”, agregó Urrutia.

El general de brigada (R) Daniel Varela apuntó “se ha solicitado oportunamente a la Presidencia un plan de contingencia con el fin de frenar el déficit mensual y que nunca fue presentado”.

Ricardo López manifestó “. . . adicionalmente al pedido de crédito se debe materializar un pedido de auditoría integral” 

El general Monge expresó que: “deben adoptarse medidas para evitar que todo el esfuerzo recaiga en el afiliado” “Potenciar el sistema de auditorías, desvinculación del personal que no sea de planta permanente, incorporado a la estructura del Instituto en los últimos cinco años a la fecha”.

La moción apuntaría a desafectar personal que ingresó al calor de gestiones políticas anteriores una práctica de favorecer militancia que termina colapsando la ecuación del costo administrativo que rondaría el 14 por ciento cuando el número no debería superar el 8 por ciento de los ingresos del instituto. 

Secretismo

Otro asunto espinoso en discusión no reflejado en el Acta es si los directores representantes de personal civil, López (Defensa) y Calleja (Seguridad) tenían mandato vencido al momento de la reunión de directorio.

Ambos finalizaron su mandato de 4 años, López en noviembre y Calleja en diciembre, pero hubo una gestión de apuro para fundamentar su vigencia con un dictamen de la subgerente de Jurídicos Adriana Bazán, iniciado con carátula de “Información Sumaria”.

Captura de pantalla donde se observa "ACTO DE RESERVA" dado a la prórroga de mandato

 

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