Un giro en la Justicia manda a indagatoria a Mario Firmenich por un ataque de Montoneros
La Cámara Federal porteña ordenó que el exlíder de Montoneros, Mario Firmenich, sea llamado a indagatoria como principal responsable de un atentado perpetrado en julio de 1976 contra una repartición de la Policía Federal, que dejó 24 muertos y 60 heridos.
La decisión marca un cambio en la jurisprudencia, al sostener que la masacre constituye una grave violación a los derechos humanos y, por lo tanto, no está prescripta.
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El fallo señaló que el Estado argentino tiene la obligación de investigar el caso, ya que nunca fue abordado de manera seria. Hace dos años y medio, el mismo tribunal había ordenado reabrir la causa, pero la jueza de primera instancia, María Servini, decidió archivarla. Ahora, la Cámara revocó esa decisión, instruyendo a la magistrada a tomar declaración indagatoria a Firmenich y avanzar en medidas de prueba para identificar a otros posibles responsables o encubridores del ataque.
En su voto, el juez Mariano Llorens, argumentó: "La historia no es una novela, ni el mundo se divide entre buenos y malos, sino en muchas tonalidades de grises. Por eso, aquí no se trata de diseñar una justificación simétrica entre los condenados de ayer por gravísimos delitos de Lesa Humanidad, e imputados de hoy en esta causa, sino de entender que los crímenes de la dictadura no absuelven los crímenes de quienes sentaron el terror desde otros ámbitos".
En tanto que los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi fundamentan en el fallo que: "Reparar los derechos de las primeras víctimas del atentado y, al mismo tiempo, proteger los de aquellas otras que hoy se presentan ante los tribunales de justicia -las olvidadas-, no corresponde mantener ocluidos los caminos investigativos. Por el contrario, se debe impulsar -con el vigor que corresponde- la presente acción, lo que se le encomienda expresamente a la magistrada de grado. Es necesario -diríamos imprescindible- realizar los mayores esfuerzos, desde la justicia, para reparar precisamente el valor justicia que se ha venido denegando a las víctimas".
"Estamos frente a un expediente iniciado por un acto criminal de una magnitud extraordinaria, considerando para su calificación solo parámetros objetivos tales como número de personas que murieron, heridos y daños causados. Por otro lado, el lugar donde se colocó el explosivo (comedor), el día y horario de la detonación, la finalidad de provocar el derrumbe total de edificio (tal como surge del comunicado del grupo que lo ocasionó), son elementos de análisis que dan a entender no solo la envergadura efectiva de la agresión, sino también la enorme carga de intencionalidad criminal, reflejada sobre todo por la indiscriminación de indefensas víctimas que se buscó causar y la clara demostración, por las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo, de la aviesa intencionalidad de generar la mayor cantidad de daños y muertes posibles. Se buscó y se logró, otorgar al acto, una siniestra carga comunicacional de destrucción y muerte", reforzaron.
El tribunal también revocó los sobreseimientos de otros implicados, como Horacio Verbitsky, Laura Sofovich, Miguel Lauletta, Lila Pastoriza, Norma Walsh y Carlos Aznáres. Asimismo, incorporó a los denunciantes como acusadores privados en la causa, fortaleciendo el rol de las víctimas en el proceso.
En el fallo, se destacó que, si bien el atentado no involucró a representantes del Estado como responsables directos, este tenía el deber de garantizar la investigación y protección judicial para las víctimas. “La vulneración no se limitó al pasado; se extiende hasta la actualidad debido a la falta de respuesta estatal”, argumentaron los jueces.
La resolución representa un giro en la manera de abordar crímenes cometidos durante los años 70, especialmente en casos donde las víctimas no eran miembros del Estado y las investigaciones fueron inexistentes. Sin embargo, el tribunal subrayó que este criterio es "excepcional" y responde a la gravedad de los hechos y la ausencia de justicia hasta ahora.
Mario Firmenich, actualmente residente en España y asesor del gobierno de Nicaragua, podría enfrentar nuevas complicaciones legales, mientras la decisión de la Cámara promete escalar hasta la Corte Suprema de Justicia.