Tres diputados de la Coalición Cívica denunciaron penalmente a Andrés Vázquez, jefe de la DGI

En medio del escándalo por operaciones offshore que envuelve al flamante jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Edgardo Vázquez, tres diputados nacionales de la Coalición Cívica, liderada por Elisa Carrió, presentaron este jueves una denuncia penal por enriquecimiento ilícito y omisión de datos en su Declaración Jurada patrimonial.

Dicho expediente es tramitado por el fiscal federal Carlos Rívolo, bajo el juzgado de Daniel Rafecas, y lleva las firmas de los legisladores Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Juan Manuel López. Las acusaciones, en rigor, apuntan tanto al funcionario como también a su ex esposa y funcionaria del ARCA, Silvia Rodríguez. 

Vázquez fue designado recientemente por Javier Milei para trabajar en el desmantelamiento de la evasión fiscal y, a su vez, promover la recaudación tributaria. Tras una investigación realizada por el periosita Hugo Alconada Mon para La Nación, se descubrió que compró tres departamentos en Miami a US$ 2.040.000, a través de sociedades offshore que nunca declaró ante la Oficina Anticorrupción.

Según la misma investigación, las primeras señales de alerta habrían surgido por el año 2007. Por ese entonces, una inspectora del equipo de Operaciones Financieras del Departamento de Investigación del área de Grandes Contribuyentes Nacionales de la ex Afip, Verónica Castiello, junto a una supervisora lllamada Haydee Boyadjian, informaron a sus superiores que, en ocasión de una inspección y requerimiento de documentación al Casino Flotante de Puerto Madero, fueron recibidas por el propio Vázquez.

Por entonces la autoridad máxima de la ex Afip era el contador Alberto Abad, quien ordenó la apertura de sumario. Con la llegada del nuevo titular del organismo, el abogado Ricardo Echegaray, Vázquez recibió respaldo y desde entonces quedó al frente de la estratégica Regional Sur Metropolitana del organismo regional y, según especifica la denuncia, ahí es donde los históricos evasores habrían comenzado a fijar sus domicilios fiscales, a fin de quedar bajo su "control", como Lazaro Baez y  Gotti Hermanos, entre otros.

En 2009 lideró los mega operativos contra la sede central del Grupo Clarín. El escándalo posterior condujo a que Echegaray dispusiera el despido del actual titular de la DGI, aunque por orden presidencial de entonces, nada de eso sucedió. Habrían referenciado desde las más altas autoridades nacionales que Vázquez era hombre de "Larcher y Stiuso" en el organismo.

Un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) a cargo del -por entonces- fiscal Carlos Gonella, arrojaba montos evadidos y fugados por más de U$S 1000 millones. El era uno de los "fugadores". Ya por entonces la Dra Carrió alertó sobre la función verdadera de Vázquez: "operaciones sucias contra opositores y periodistas independientes", pero el denunciado se mantuvo.

En 2010 salió a la luz otra información periodística que señalaba que el acusado acumulaba más de medio millón de dólares en dos cuentas bancarias secretas de paraísos fiscales del Caribe y Europa, gestionadas por intermedio de una "cueva" financiera que el BNP Paribas operaba en Buenos Aires.

Y para 2015,y con una nueva gestión presidencial, Alberto Abad retomó la titularidad del organismo y desplazó al denunciado, con la comprobación de la existencia del "sumario" sin avances. El destino lo condujo al área aduanera del Puerto La Plata.

Ese tema judicial del 2010 quedó resuelto, cuando el Juzgado Federal a cargo del juez Sergio Torres fue subrogado por el Juez Ariel Lijo. En noviembre del 2022 lo sobreseyó a él y a su hermana, enfatizamos que el sobreseimiento fue solo y exclusivamente por ese tema, no por el que se plantea en la presente.

Se especifica, además, que la Ley de Ética Pública obliga a los funcionarios, como es el caso de Vázquez, a presentar sus declaraciones juradas. Esto incluye los bienes y dinero tanto de él como los de su esposa, tanto dentro de la Argentina como en el exterior.