La amenaza institucional que implica convertir a los legisladores en jueces
La línea es delgada y para muchos imperceptible. Detrás de una causa noble pueden esconderse intenciones espurias. El famoso gato encerrado. El caballo de Troya. Por eso es importante resguardar siempre la división de poderes y evitar excesos en nombre de la ansiada institucionalidad. Mientras que en el país se debate sobre el flagrante caso Kueider, en Mendoza la Corte deberá resolver el caso de la suspensión de la diputada Janina Ortiz. Los casos no son comparables, pero vienen al caso a la hora de analizar el riesgo que se corre al vestir a nuestros legisladores con trajes de jueces.
La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza deberá resolver en pleno si la Cámara de Diputados de Mendoza se extralimitó al suspender a la legisladora Janina Ortiz. El caso es controvertido por varios motivos. Por un lado, porque la diputada ya había sido desaforada y estaba sometida a proceso. Pero sus pares decidieron suspenderla por "comportamiento indigno" entendiendo que había presentado demasiados recursos judiciales para dilatar su imputación. La suspendieron por defenderse. Y ahora los siete jueces de la Corte deberán valorar si la forma en la que se procedió tiene tintes de inconstitucionalidad.
Allí aparece la línea divisoria. El límite entre la institucionalidad y la persecución política. ¿Se cruzó esa frontera en Mendoza? ¿Se avasallaron derechos y se le quitó una banca a la oposición por cuestiones políticas? Algunos dirán que no, otros se mostrarán convencidos de que así fue. Lo grave es el precedente. ¿Quién define cuando un comportamiento es "indigno"? Se abre la puerta a la suspensión de legisladores por deber impuestos, no pagar una multa o marchar en una manifestación.
En ese punto es interesante detenerse en la reflexión del senador nacional Maximiliano Abad tras la sesión en la que se votó la expulsión de Edgardo Kueider. Al senador entrerriano lo excluyeron de la Cámara de Senadores por haber sido encontrado ingresando 200 mil dólares sin declarar a Paraguay. No hay dudas de que su delito flagrante merece sanción, pero ¿son los senadores los que deben juzgarlo o no está acaso para eso el Poder Judicial de la Nación?
"El Senado de la Nación se convirtió en juez frente al caso Kueider. Para hacerlo de manera correcta debió seguir los mismos pasos que los tribunales: recopilar las pruebas, documentarlas, evaluarlas y luego dictaminar", expresó Abad en X y justificó por qué votó en contra de la expulsión.
"En lugar de actuar desde el lugar institucional que le corresponde como cámara alta del poder legislativo, el Senado jugó para la tribuna. No se respetaron reglas ni procedimientos", manifestó.
"Deberíamos haber suspendido y desaforado al senador Kueider, para despejarle el camino a la justicia -tanto de Paraguay como de Argentina- y permitir que progrese la investigación sin dilaciones, se consolide el caso y, de esta manera, con respaldo judicial, avanzar con su expulsión", finalizó.
En realidad, en el Senado lo que vimos fue una pelea política por una banca. Detrás de discursos de transparencia, honorabilidad e institucionalidad, se escondía una disputa concreta por el lugar de ese senador. El kirchnerismo se escandalizó con Kueider como nunca lo hizo con otros delincuentes condenados como José Alperovich o la propia Cristina Fernández de Kirchner. La explicación es que la salida de Edgardo Kueider implicaba la asunción de la camporista Stefanía Cora. Y del mismo modo el oficialismo quería evitar la expulsión para que la banca quede vacía. No peleaban por justicia, peleaban por un escaño.
En política hay mucho lobo vestido de cordero. Por eso es válido dudar sobre el mejor proyecto para aplicar ficha limpia. Es imprescindible brindar garantías de que no se utilizará como herramienta proscripción. Exigir condena de segunda instancia parece suficiente. Pero llama la atención que para ser candidato se aplique ficha limpia, si luego se suspenden o expulsan legisladores sin que estén imputados o antes de que avance la investigación.