Javier Milei y la Justicia, una relación plagada de tensiones
Ni bien asumió hace un año, Javier Milei se blindó con Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad y Mariano Cuneo Libarona en la cartera de Justicia. ¿La intención?, Avanzar contra “el negocio” de las protestas y piquetes, así como también el crimen organizado principalmente en una Rosario convulsionada por el narco.
Sin embargo, el primer escollo que tuvo el mandatario ni bien se sentó en el sillón de Rivadavia fue la judicialización del bastión insignia del inicio de su administración: el DNU 70/2023, que en su momento, de los 14 títulos que lo conforman, 10 tuvieron causas judiciales además de reclamos en la Corte por inconstitucionalidad de las provincias de Córdoba, Corrientes, Santa Cruz, San Luis y La Rioja por la desregulación de la economía.
El llamado “protocolo antipiquete” fue también otro asunto que generó polémica a comienzo de la gestión. Se trata de la normativa impulsada por Bullrich para el control de las protestas de calle y garantizar la libre circulación, que posteriormente puso en jaque a diversas organizaciones sociales, pues a raíz de su implementación, el Gobierno impulsó diversas causas judiciales por administración fraudulenta y coacción a beneficiarios de planes sociales presuntamente amenazados de asistir a protestas a cambio de que no se les quitara el beneficio que entregaba el gobierno.
La entrega de alimentos a comedores y merenderos populares fue otro dolor de cabeza dentro del Gobierno de Javier Milei que tuvo sus idas y vueltas en Comodoro Py con un escandaloso episodio del cual Leila Gianni y Juan Grabois a los gritos fueron protagonistas ante tres jueces federales.
Al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Petovello, se le achacaba la responsabilidad de no distribuir alimentos apostados en diversos galpones en las provincias de Buenos Aires y Tucumán, los cuales estaban cerca de vencer. Finalmente la cartera acató la orden de la justicia tras presentar un plan de distribución.
En paralelo, se incorporaron 66 merenderos y comedores populares pertenecientes a la asociación civil “El Amanecer de los Cartoneros” excluidos de las políticas gubernamentales para garantizar el derecho a la alimentación. No obstante, Petovello sigue en la mira de la justicia pues por la cesantía en el reparto es investigada por la posible comisión del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.
Por otra parte, las nuevas administraciones Nacional y de la Ciudad fueron las que llevaron a buen puerto el conflicto por la quita de los fondos coparticipables, pleito que Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández jamas pudieron subsanar ni con la intervención de la Corte Suprema como mediadora y así evitar fijar postura súbita de uno sobre el otro. Sin embargo, el máximo tribunal aun tiene que expedirse si el decreto de Fernández es inconstitucional o no.
Otra de las preocupaciones con la que el actual gobierno comenzó su gestión era la situación del narco en Rosario. Para ello era necesario “empoderar” a la justicia y así agilizar las causas judiciales que son de competencia federal. Es así como en mayo de este año empezó se concretó la expansión de la reforma del Código Procesal Penal Federal, aprobada a finales del año 2018, donde se establece el “sistema acusatorio” que le otorga un rol a los fiscales para la investigación de delitos como el narcotráfico, lavado y contrabando o la trata de personas.
De la mano del ministro Mariano Cúneo Libarona, el sistema acusatorio que ya estaba vigente en Salta y Jujuy desde 2019, desembarcó en Rosario, avanzó a Mendoza y en el último bimestre comenzó a regir en la Patagonia, con la promesa de sumar a la Capital Federal así como también incorporar el juicio por jurados a la justicia federal.
Precisamente sobre Ariel Lijo, un magistrado de la Justicia Federal, es sobre quien Milei tiene puestas sus fichas para ocupar la vacante en la Corte Suprema que dejó Elena Highton de Nolasco.
El Presidente nominó a Lijo a finales del primer trimestre del año así como también al académico Manuel García-Mansilla pero como reemplazante de Juan Carlos Maqueda, miembro más longevo del cuerpo que el 29 de este mes cumple 75 años, edad límite establecida por la constitución para ejercer la magistratura. Ni Milei, ni Alberto Fernández tuvieron contemplaciones con Maqueda para extender su estancia en el máximo tribunal por 5 años más.
Transitando sus últimos días en la Corte, Maqueda quien fue homenajeado en las últimas horas por el Colegio de la Abogacía de la Capital Federal, en un comentario generalizado manifestó sentir temor por lo que pueda ocurrir con los poderes judiciales, legislativo y las instituciones. “Yo sé que el Poder Judicial es molesto para todo Ejecutivo. Pero eso se da por los límites que se le ponen y esos límites debemos seguir reinvidicándolos”, sostuvo el cortesano saliente.
Durante gran parte del 2024, Milei mostró poco interés en completar otras vacantes en la Justicia, únicamente le pidió al Senado prorrogar la permanencia por 5 años más de Jorge Morán en la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal y a Roberto Hornos en Cámara Nacional en lo Penal Económico. No obstante, recientemente, el jefe de Estado derivó 150 pliegos a la Cámara alta para la designación de magistrados, fiscales y defensores públicos.