El Senado aprobó por unanimidad la ley de “ficha limpia” para docentes y celadores
El Senado de Mendoza aprobó por unanimidad el proyecto de ley que busca implementar un sistema de ficha limpia en el ámbito educativo. La iniciativa plantea que no podrán ingresar a la docencia personas condenadas por delitos graves. A su vez, plantea que las sentencias por estos delitos serán un motivo de despido e inhabilitación permanente, tanto para docentes, celadores y administrativos. La propuesta ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados.
El proyecto fue impulsado por el Gobierno de Mendoza y tiene como objetivo principal fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en las instituciones escolares mediante la prohibición del ingreso o permanencia de personas condenadas en primera instancia por delitos contra la integridad sexual, por la supresión y suposición del estado civil y de la identidad y por delitos contra la libertad individual.
Durante el debate de este martes, la presidenta de la comisión de Educación del Senado, Mariana Zlobec, explicó que el proyecto prohíbe que personas con antecedentes penales por delitos graves, como los cometidos contra la integridad sexual, la libertad, la identidad o la malversación de fondos públicos, puedan ocupar cargos como docentes, celadores o personal administrativo.
Además, se pretende crear un registro de inhabilitaciones que estará bajo la gestión de la Dirección General de Escuelas. Este registro permitirá reforzar la transparencia en los procesos de selección y fortalecer el compromiso del sistema educativo con la seguridad de los estudiantes.
El senador Martín Rostand, de la Unión Mendocina, manifestó el acompañamiento de su bloque al proyecto, destacando que esta medida busca reforzar la confianza social en el sistema educativo y garantizar una convivencia adecuada en las instituciones escolares. Sin embargo, señaló la importancia de salvaguardar el principio de presunción de inocencia, expresando reservas sobre posibles conflictos en este sentido.
Desde el bloque justicialista, la senadora Adriana Cano también expresó su apoyo al proyecto, resaltando la necesidad de atender una problemática recurrente en las escuelas públicas y privadas de la provincia. No obstante, consideró necesario perfeccionar algunos aspectos técnicos del texto para evitar futuras judicializaciones que puedan dificultar su implementación.
El debate cerró con la intervención de la senadora Natacha Eisenchlas, quien destacó el trabajo realizado en conjunto con la oposición para incorporar correcciones y modificaciones al proyecto.
Posteriormente se pasó a la votación que aprobó por unanimidad el proyecto de ley con 37 votos afirmativos.
En concreto la iniciativa incorpora una serie de incisos y modifica algunos artículos del Estatuto Docente. En primer lugar, plantea que, para el ingreso a la docencia, los aspirantes deberán cumplir como requisito “no encontrarse condenados penalmente a pena privativa de la libertad, aunque la sentencia sea en primera instancia y la pena fuera de cumplimiento en suspenso, por los delitos comprendidos en los Capitulo II al V del Título III, Capitulo II del Título IV y Capitulo I del Título V, del Libro Segundo del Código Penal.
Se trata de los delitos contra la integridad sexual; por la supresión y suposición del estado civil y de la Identidad; y por los delitos contra la libertad individual.
Al mismo tiempo, suma como sanción disciplinaria la inhabilitación para el ejercicio de la docencia por presentar condena por este tipo de delitos.
Otro de los cambios que propone la reforma es que mientras la cesantía implica una inhabilitación especial de 3 años y la exoneración por 10 años, para el caso de estos delitos la inhabilitación especial será permanente.