El Gobierno impulsa una nueva ley de cannabis medicinal: registro, autocultivo y sanciones

El gobernador Alfredo Cornejo impulsa una nueva ley para regular e impulsar el cultivo de cannabis y cáñamo con fines medicinales en Mendoza. El Gobierno provincial envió una iniciativa a la Legislatura que pretende actualizar el marco jurídico para el desarrollo de la actividad y crear un registro provincial que se encargará de controlar y emitir las autorizaciones. La propuesta también establece los impuestos que pagará la actividad y determina las sanciones a quienes la desarrollen incumpliendo la norma, con multas que podrían superar los $400 millones.

Hace cuatro años se sancionó la Ley N° 9298 para el desarrollo de la industria del cannabis para uso medicinal. Sin embargo, esa norma se basó principalmente en una adhesión a la Ley Nacional Nº 27.350 y desde el Gobierno provincial consideraban que resultaba necesario actualizar la normativa para adecuarla a los requerimientos actuales del marco regulatorio nacional.

Por esta razón, el mandatario provincial envió un proyecto de ley al Senado que plantea la derogación de algunos artículos de la ley vigente y establece nuevas condiciones para impulsar la producción del cannabis medicinal e industrial.

Desde el Ejecutivo consideran que la provincia tiene ventajas comparativas para el desarrollo de esta actividad debido a las capacidades científicas y tecnológicas en materia agrícola e industrial, como también por las propicias condiciones climáticas y de suelo que tiene el territorio mendocino.

Paralelamente, analizan que el avance gradual de la legalización del uso medicinal, terapéutico y paliativo del cannabis y la producción de cáñamo han desarrollado una industria dinámica que involucra iniciativas del sector público, privado y de organizaciones de la sociedad civil, a la vez que destacan que la intervención del Estado posibilita la generación de una oferta de productos de calidad controlada y certificada.

El objetivo del Gobierno es establecer un nuevo marco jurídico para esta creciente actividad, la cual consideran que logrará “promover el impulso de las economías locales, coadyuvar a la reconversión de actividades agrícolas existentes, sustituir importaciones y propender a la generación de empleos de calidad en el desarrollo del sector”. A su vez, destaca que Mendoza podrá ampliar la matriz productiva e incentivar la inversión privada, a partir de estas modificaciones legislativas.

La nueva normativa impulsada propone la creación de un Registro de Cannabis y de Cáñamo Industrial que tendrá competencia para controlar y emitir las autorizaciones administrativas con respecto al uso de la planta de cannabis, de semillas de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados.

Las competencias que tendría este órgano consistirían en autorizar, fiscalizar, controlar procesos de producción, distribución y comercialización de cannabis con fines medicinales, terapéuticos, paliativos del dolor y/o industriales en el ámbito provincial. También será el encargado de habilitar, asistir técnicamente y otorgar certificaciones para los cultivos y proyectos.

La iniciativa busca brincar autorización a todas las personas humanas, asociaciones civiles, fundaciones y ONG que cumplan con los requisitos para sembrar, cultivar, transportar, almacenar y producir inflorescencias de cannabis y sus derivados, con fines medicinales.

De esta manera se regula el autocultivo de la planta, siempre y cuando los productores se inscriban en el Registro Provincial, el cual garantizará el debido resguardo de protección de confidencialidad de datos personales.

En este sentido, uno de los artículos del proyecto plantea que “todas las personas humanas o asociaciones civiles, fundaciones u ONG que estén autorizadas, que cultiven para sí o para un tercero en la Provincia de Mendoza y que cumplan los requisitos que la reglamentación establezca, recibirán un certificado oficial de registro, que autorizará el acceso al cannabis medicinal”.

La autorización será obligatoria para la producción, siembra, cultivo, producción industrial, transporte, fabricación, comercialización y/o extracción de la planta de cannabis medicinal o cáñamo industrial y estas actividades deberán realizarse por medio de laboratorios públicos o privados, como así también laboratorios de las universidades públicas y/o establecimientos productivos, farmacias y/o Industriales que cumplan con los requisitos necesarios para tales fines y que estén previamente inscriptos y autorizados por el Registro Provincial de Cannabis y Cáñamo.

Sanciones e impuestos

El proyecto presentado por Cornejo plantea una serie de sanciones por el incumplimiento de las disposiciones de la ley, más allá de los castigos por sentencias judiciales civiles o penales que pudieran corresponder.

Se propone una serie de penalidades que van desde el apercibimiento a multas que dependerán de la gravedad de la infracción, las cuales irán desde las 100 unidades fijas (UF) a 1 millón de UF. La Ley Impositiva para el año 2025 establece el valor de cada unidad en $420, por lo que la multa por incumplir con la ley de cannabis podría ascender a los 420 millones de pesos.

A su vez, también se contempla la clausura, total o parcial, temporal o definitiva de la plantación, establecimiento y el decomiso de los productos en infracción.

Por otra parte, la iniciativa plantea cuáles serán las Tasas Retributivas de Servicios que se incorporarán a la Ley Impositiva. La inscripción para cultivo de Cannabis con fines medicinales para personas humanas tendrá un valor de 50 Unidades Fiscales; para asociaciones civiles, fundaciones y ONG será de 300 Unidades Fiscales; mientras que la producción con fines medicinales, terapéuticos, paliativos del dolor y/o industriales será de 450 Unidades Fiscales.

En tanto, la inspección de cultivo de cannabis o cáñamo Industrial hasta 4 horas tendrá un valor de 40 Unidades Fiscales y los gastos de traslado de más de 50 km será de 30 Unidades Fiscales.