Ya rige el silencio positivo: el nuevo cambio del Gobierno para eliminar burocracia estatal

El Gobierno de Javier Milei puso en marcha una transformación significativa en los procesos de la administración pública con la introducción del silencio administrativo positivo. A través del Decreto 971/2024, se estableció que ciertos trámites se considerarán aprobados automáticamente si no reciben una respuesta en el plazo estipulado, un cambio que busca reducir los tiempos de espera y avanzar en la digitalización de la gestión pública. Sin embargo, esta medida presenta limitaciones importantes y excepciones, especialmente en áreas sensibles como salud pública, medio ambiente y servicios esenciales.

La iniciativa del silencio administrativo positivo se fundamenta en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, la cual fue modificada recientemente por la Ley de Bases N° 27.742. Estas leyes otorgan el respaldo jurídico necesario para que, ante la falta de una respuesta explícita por parte de la autoridad, ciertos trámites puedan ser considerados aprobados. Esta política representa un cambio relevante en la relación entre el Estado y los ciudadanos, quienes podrán avanzar en sus gestiones sin depender de una respuesta explícita, siempre y cuando se cumplan las condiciones y plazos establecidos.

No obstante, el Decreto 971/2024 especifica una lista de trámites excluidos de esta modalidad, detallados en dos anexos. En el Anexo I se presentan los trámites que están exceptuados del silencio positivo, entre ellos aquellos relacionados con la salud pública, el medio ambiente, los servicios públicos y los derechos sobre bienes de dominio público, que requieren un tratamiento más riguroso debido a su impacto en la sociedad. Por otro lado, el Anexo II establece los procedimientos a los que sí aplica esta modalidad, incluyendo registros de datos personales, permisos turísticos y ciertos tipos de autorizaciones administrativas.

Para facilitar la implementación del silencio administrativo positivo, el Gobierno definió que todos los trámites que se beneficien de esta medida deberán gestionarse digitalmente a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) o a través de sistemas digitales específicos de cada organismo.

Este paso forma parte de una estrategia mayor de modernización de la administración pública, que tiene como objetivo no solo agilizar la respuesta a las solicitudes ciudadanas, sino también reducir la carga de trabajo en las oficinas presenciales.

La implementación del silencio positivo comenzó el pasado 1 de noviembre de 2024 para las reparticiones de la Administración Pública Central, y se extenderá a los organismos descentralizados a partir del 1 de diciembre de este mismo año. Este cronograma permite una adaptación gradual de las diferentes dependencias del Estado a los nuevos procesos digitales, ofreciendo a cada organismo tiempo suficiente para ajustar sus sistemas y procedimientos a la modalidad de gestión en línea.

El Decreto 971/2024 plantea además que esta nueva modalidad se implementará como un proyecto de largo plazo para la simplificación de trámites administrativos en el país. La administración pública argentina espera que el silencio administrativo positivo no solo facilite la interacción del ciudadano con el Estado, sino que también se convierta en un incentivo para que los funcionarios respondan de manera más eficiente y dentro de los plazos estipulados.