La causa contra el Polo Obrero se encamina al juicio oral
El juez federal Sebastián Casanello dio por cerrada la etapa de investigación del expediente que tiene como principal acusado a Eduardo Belliboni y a otros miembros de la agrupación de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
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La decisión del juez se da luego que la cámara federal porteña no sólo ratificara los procesamientos, sino que agravó los delitos de amenazas coactivas y extorsión agravada por los que son investigados otras 15 personas más otras dos de Barrios de Pie.
En ese sentido el juez Casanello dispuso el cierre parcial de la primera parte de la causa. En consecuencia le requirió la opinión del fiscal Gerardo Pollicita y la del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Seguridad y a la Unidad de Información Financiera como acusadores público y particulares respectivamente para que oficialicen su acusación y posterior requerimiento de elevación a juicio.
Además de Belliboni, la decisión del magistrado alcanza a María Isolda Dotti, Gianna Puppo, Elizabeth del Carmen Palma, Jeremías Cantero, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Cynthia Delgado Vilches, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Roberto Adrián Albornoz, Mariano Alejandro Centanni, Erica Tamara Lubenfeld, Iván Ortíz y Ezequiel Adrián Coeg.
En tanto, se continuará investigando a miembros del Gobierno anterior. Para la justicia en la connivencia para la defraudación intervino no sólo el Polo Obrero sino también funcionarios públicos “de conformidad con el plexo probatorio reunido hasta el momento, forma parte del contexto general de administración infiel”.
La causa inició el 20 de diciembre del año pasado, día donde se realizó la primera movilización tras la asunción de Javier Milei. La cartera que encabeza Patricia Bullrich habilitó la línea 134 para denuncias anónimas de beneficiarios de planes sociales que se sintieran amenazados denunciaran a los dirigentes piqueteros.
Según datos del gobierno se contabilizaron miles de llamados denunciando aprietes para asistir a la marcha, posteriormente el Ministerio de Seguridad radicó una acusación penal en la justicia federal que, a raíz del impulso del Fiscal Pollicita y su posterior investigación, los llamados se acotaron a 45.
Al profundizar dicha investigación y en el marco de diversos allanamientos, la justicia encontró indicios de lavado de activos por parte de asociaciones y cooperativas vinculadas al Polo Obrero volcadas en facturación apócrifa. La causa también tiene en la mira a Emilio Pérsico del Movimiento Evita quien para el fiscal Pollicita tenía un doble rol en las maniobras.