La OEA cuestionó el "retroceso de políticas de género" del Gobierno argentino
El Gobierno argentino fue convocado ayer jueves por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (CIDH-OEA) a una audiencia en su sede en Washington DC, para explicar lo que describieron como una "grave regresión en políticas de género, en políticas sobre derechos sexuales y reproductivos y la falta de cumplimiento de compromisos internacionales".
El encuentro se realizó tras una solicitud de organizaciones de la sociedad civil, para cuestionar las políticas mileístas en materia de derechos de mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+ en Argentina.
Representantes del Estado nacional no quisieron responder preguntas durante la audiencia, cuando se les inquirió sobre cuáles son los programas que siguen vigentes y qué medidas se tomará para fortalecer la administración de justicia en casos de violencia de género. Según se indicó, desde el Gobierno puntualizaron como un error la falta de atribución presupuestaria a estas políticas y se comprometieron a realizar una adenda al presupuesto.
En sus intervenciones ante la Comisión, Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Mujeres x Mujeres y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) indicaron que desde la asunción de Javier Milei a la presidencia, se "desmantelaron políticas públicas exitosas; desprestigió, sin evidencias, las instituciones encargadas de garantizarlas; recortó de manera arbitraria las partidas presupuestarias y redujo el personal que sostenía la implementación de las políticas públicas mediante despidos masivos”.
Según dato brindados por ELA, sólo en el primer trimestre de 2024, apenas 434 mujeres de las 2.462 que solicitaron el Programa Acompañar, recibieron ayuda. "Esto representa un retroceso del 98% respecto a 2023, dejando desprotegidas a mujeres en riesgo extremo. Además, el presupuesto ejecutado para estos programas en 2024 alcanza solo un 15%, afectando de manera directa y crítica a mujeres y diversidades que enfrentan situaciones de violencia", indicó Natalia Gherardi, directora Ejecutiva de ELA.
En relación a las políticas públicas para el acceso a derechos sexuales y reproductivos, Lucila Galkin, directora de Género de Amnistía Argentina, afirmó: “La compra y distribución de insumos ha estado en cabeza del Estado Nacional desde la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en el año 2002, y por mandato constitucional el Ministerio de Salud de la Nación tiene la rectoría de la política pública para fijar un piso mínimo de derechos en todo el territorio nacional. Sin embargo, repentinamente y por primera vez desde entonces, el Estado ha dejado librada a la capacidad de las provincias la provisión de insumos, sin ningún tipo de traspaso o transición a efectos de evitar poner en riesgo la vida y la salud de las mujeres, lo que deviene en un contexto de absoluta desigualdad.”.
El desmantelamiento de políticas públicas contradice principios internacionales fundamentales y tratados como la Convención de Belém do Pará y la CEDAW, que obligan al Estado a intervenir activamente. “Estas medidas no solo ponen en riesgo la vida de mujeres, niñas, adolescentes y diversidades, sino que perpetúan la discriminación estructural por razones de género y vulneran los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en la materia”, afirmó Mayca Balaguer de FUNDEPS.
Por su parte, Juliana Miranda del CELS precisó que, “con la excusa de considerar los derechos humanos como ineficaces e ideológicamente dirigidos, Argentina se está alejando de su rol de liderazgo histórico en la promoción de los derechos de las mujeres, las iniciativas contra la violencia de género y la promoción y protección de los derechos sexuales y reproductivos”.
Por último, las organizaciones solicitaron que la CIDH realice una visita a la Argentina para observar la situación y elaborar un informe sobre las medidas que viene tomando el Gobierno conducido por Javier Milei. “Apelamos al compromiso de CIDH para urgir el resguardo del derecho humano a vivir una vida libre de violencia y discriminación para todas las niñas, adolescentes, mujeres y diversidades de Argentina”, concluyó Soledad Deza, presidenta de la Fundación MxM.