En Estados Unidos, Mendoza logró acordar el levantamiento de una medida cautelar en su contra por el estado de las cárceles

La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, y el subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, participaron en una audiencia de trabajo convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de su 191° período ordinario de sesiones. La audiencia, que se realizó en el edificio GSB de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington DC, fue programada de oficio por la CIDH para tratar los avances sobre las medidas cautelares aplicadas a los complejos penitenciarios de Almafuerte y San Felipe. 

El motivo de la visita al país norteamericano remonta a una medida cautelar de hace 10 años por una denuncia realizada por "situaciones de riesgo" y "hechos de violencia" -como torturas- en los complejos penitenciarios de Almafuerte, San Felipe y Boulogne Sur Mer (este último establecimiento se retiró). 

Los mendocinos viajaron en nombre del Estado argentino junto al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños y el titular de la Dirección de Contencioso Internacional en Materia de Derechos Humanos, Alberto Javier Salgado.Durante la reunión de este miércoles 13 de noviembre, las autoridades mendocinas presentaron el acuerdo alcanzado con el peticionante -el abogado Carlos Varela Álvarez-, en el que ambas partes solicitaron el levantamiento de las medidas cautelares impuestas en 2014.

“Este acuerdo representa un claro reconocimiento al esfuerzo que ha realizado el Gobierno de Mendoza desde la primera gestión de Alfredo Cornejo. A través de acciones concretas en políticas públicas penitenciarias, junto con la mayor inversión en infraestructura de la historia y la sanción de leyes, reglamentos y protocolos, se ha logrado convertir al Servicio Penitenciario en un referente a nivel nacional, alineado con los estándares internacionales de derechos humanos”, detallaron Rus y D’Agostino.

En esta instancia, el abogado Carlos Varela Álvarez, quien en 2014 impulsó las medidas cautelares ante la CIDH, suscribió al pedido de levantamiento reconociendo las mejoras realizadas por la Provincia en los complejos de Almafuerte y San Felipe. humanos.

“El acuerdo cierra un círculo, de recibir un Servicio Penitenciario sancionado internacionalmente a uno referente nacional como en el que se ha transformado”, agregaron la ministra y el subsecretario. “Para ser eficiente en materia de seguridad es necesario un sistema penitenciario a la altura de una contención en el marco del Estado de derecho y de la producción de seguridad traducida en aprehensiones y detenciones”, aseveraron los funcionarios.

La solicitud de Mendoza para el levantamiento de la medida está convalidada por el Estado argentino a través de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y de la Dirección de Contencioso Internacional en materia de Derechos Humanos, del Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería).

"Es un gran logro haber podido presentar al comisionado de la CIDH este acuerdo y una exposición integral sobre la situación de Mendoza en materia penitenciaria. El Servicio Penitenciario mendocino es el más grande de todo el Oeste argentino y referente nacional. Esto es sumamente importante si queremos ser efectivos en materia de seguridad. No puede haber producción de seguridad sin un sistema penitenciario legítimo que contenga detenciones. Hoy la Policía aprehende 15 personas por hora, no todo se judicializa, pero debe haber un sistema en regla que acompañe ese nivel", aseguró Mercedes Rus.

Qué decía la cautelar

La medida cautelar "MC-35-14" fue presentada por el abogado Carlos Varela Álvarez, que también estará presente en el cónclave del miércoles. Para recapitular, en el documento que data del año 2015 se indica que "el 1 de enero de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió un solicitud de medidas cautelares presentada por Carlos Varela Alvarez solicitando que la Comisión requiera a la República de Argentina que proteja la vida e integridad de las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios de la Provincia de Mendoza, en especial, los complejos Almafuerte, San Felipe y Boulogne Sur Mer. De acuerdo a la solicitud, los propuestos beneficiarios se encontrarían en una situación de riesgo, en vista de los alegados hechos de violencia recurrentes dentro de dichos complejos, la falta de atención médica adecuada, presunto hacinamiento y la falta de condiciones de salubridad adecuada, entre otras alegaciones".

La Comisión Interamericana consideró en aquel entonces que "la información presentada demuestra prima facie que las personas privadas de libertad en los complejos penitenciarios Almafuerte y San Felipe, se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus vidas e integridad personal estarían amenazadas y en riesgo".

Por ello, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Argentina que "adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de todas las personas presentes en los complejos penitenciarios Almafuerte y San Felipe; fortalecer el equipo de guardias y ofrecer capacitaciones constantes a las personas que trabajen en los complejos penitenciarios de Almafuerte y San Felipe; provea condiciones de higiene en los centros penitenciarios y proporcione los tratamientos médicos adecuados para las personas privadas de libertad, de acuerdo a las patologías que éstos presenten; implemente un plan de emergencia y hacer disponibles extinguidores de incendio y otras herramientas necesarias; tome acciones para reducir el hacinamiento al interior de los complejos penitenciarios Almafuerte y San Felipe; e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición".