Movilización, clase pública y la misma sala donde fue condenado Boudou: entretelones de la lectura del fallo que tiene en vilo a Cristina Kirchner

Todo dispuesto para que mañana a las 11 los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación eleven su decisión donde se mantendrá, ratificará o agravará la condena de la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad.

La audiencia estará encabezada por el Presidente de la sala IV del máximo tribunal penal del país, Gustavo Hornos, a quien Cristina buscó apartar en varias ocasiones incluso para la revisión de esta condena. Junto a él estarán sus colegas Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. 

Previo a la lectura, los jueces firman la resolución donde cada uno emitió su voto. El acto, inusual en este caso puesto a que este tipo de decisiones se notifican a las partes vía electrónica, se realizará en la Sala B, ubicada en la planta baja de los tribunales de Comodoro Py. 

Si bien la sala B no es la más amplia del edificio judicial, ninguno de los involucrados en la causa está en la obligación de ir, más sí están sus abogados. En un principio se pensó en la sala AMIA para la lectura del fallo, pero inmediatamente se descartó porque mañana se realiza una nueva audiencia del juicio donde se investiga el atentado a la exmandataria, con lo cual tanto sus abogados querellantes como sus defensores coincidirán en el edificio de Retiro.

Justamente en la Sala B Amado Boudou fue condenado a 3 años de prisión por la transferencia de un vehículo con documentación apócrifa y absuelto por la supuesta compra irregular de 19 vehículos de alta gama mientras era ministro de Economía.

En ese mismo espacio se desarrolló prácticamente todo el juicio de la Causa Vialidad (también conocida como Obra Pública), salvo las audiencias en la sala AMIA donde la expresidenta brindó declaración indagatoria y muchos meses después los jueces del Tribunal Oral Federal Número 2 leyeron la sentencia que por mayoría condenaron a Cristina a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por encontrarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Para arribar a esa conclusión, los jueces tuvieron en cuenta dos puntos, el primero el decreto 54/2009 rubricado por la entonces mandataria por pedido del exsecretario de Obras Públicas José López como punta de lanza de las maniobras delictivas. 

Para los magistrados este decreto que habilitaba fondos de obra pública en un fideicomiso a la Dirección Nacional de Vialidad con Nelson Periotti a la cabeza “brindaría una opacidad ciertamente necesaria al accionar de Periotti en relación al pago de las obras, y habilitaría posteriormente la instauración de un nuevo beneficio en favor de las firmas controladas por Lázaro Antonio Báez”.

El segundo punto fue el contenido del celular de José López, también condenado, donde diversos chats de WhatsApp dan razón de varios encuentros suyos con Cristina Fernández y de la exmandataria (cerca de la conclusión de su mandato) con directivos de Austral Construcciones, entre ellos el propio Báez. 

En uno de los diálogos, López dejó entrever que había que instar a Lázaro de cobrar dinero que se le debía previo a la salida de Cristina del poder y allí proceder a la clausura de las empresas que formaban parte de Austral. A esta maniobra, el fiscal Diego Luciani durante su alegato la definió como el plan “limpiar todo”.

Precisamente, Luciani apeló la decisión mayoritaria del TOF 2. En el cierre de su exposición acusatoria había solicitado condenar a Cristina a la pena de 12 años de prisión por encabezar una asociación ilícita, solamente el juez Fabián Basso fue quien tomó en consideración la postura del Ministerio Público del cual, Mario Villar, fiscal ante Casación, sostuvo el recurso de su par de juicio.

De las alternativas que se pueden esperar del fallo de mañana está el de mantener la condena de 6 años, reducirla o incrementarla. El punto que el arco político observará en detalles es si la Casación sostiene la decisión de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Sin embargo, cualquiera sea la decisión de los jueces, se da por descontado que será apelada y tendrá que ser revisada por la Corte Suprema.

Previamente a la lectura y puertas afuera de Comodoro Py, el dirigente Juan Grabois llevará adelante una Clase Pública junto al ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, titulada “CFK, el poder real y la mafia judicial: un caso de estudio de lawfare”. Junto a ellos estarán la exdiputada brasileña Manuela Davila y Anabella Lucardi, decana de la Facultad de Derecho de Universidad de Avellaneda, donde harán un paralelismo de la Causa Vialidad con lo sucedido con Lula Da Silva y Dilma Rousseff en el caso Lava Jato.