El Gobierno con la mira en Mendoza: mañana se define si privatizan IMPSA

El tiempo se agotó y la decisión se acerca: mañana se conocerá en qué situación realmente se encuentra el proceso de privatización de la empresa IMPSA, el gigante tecnológico mendocino que exportó a todo el mundo industria de alto nivel de complejidad y que terminó en una quiebra que obligó su estatización.

“El lunes se define”, es la afirmación que se escucha en los pasillos del ministerio de Economía. IMPSA es esencial para Mendoza por el impacto que podría tener el cierre de la empresa en la economía local con unos 700 puestos de trabajo en danza, pero ahora también es estratégica para el Gobierno de Javier Milei ya que se trata de la primera privatización de esta administración.

La oferta que presentó el grupo Arc Energy ya se abrió. Fue la única que llegó al final del proceso de privatización. Por ahora hay un curioso silencio en el gobierno sobre el resultado del proceso. Habiendo una oferta única cualquier proceso se complica ya que no hay otras opciones y más en este caso cuando la única alternativa que existe hoy a la privatización es la quiebra y el cierre de la empresa.

Las dudas que existen sobre el proceso de privatización de IMPSA no se despejaron la semana pasada y todo indica que los únicos oferentes están pidiendo cambios en la empresa previo a hacerse cargo de la operación.

“Si no solucionamos esto no sé cómo seguimos”, confesó ayer un integrante del Gobierno. El problema es que, al mismo tiempo, si no se acepta la oferta de Arc Energy por defectos técnicos o financieros o exigencias sobre el estado de IMPSA no existe posibilidad alguna de financiar la operación de la empresa en el futuro inmediato. Y esto incluye claramente pagar los sueldos.

Si la privatización avanza, tal como estableció el pliego de condiciones, el comprador deberá aportar un adelanto de capital de trabajo inmediatamente, algo que permitiría pagar salarios y cuentas el mes que viene. De lo contrario el gobierno nacional ya avisó que no pondrá la plata y tampoco parece que Alfredo Cornejo esté dispuesto a hacer ese aporte desde la provincia.

Todo indica que los incumplimientos y contratos pendientes de IMPSA son por ahora el primer problema a resolver con la oferta de Arc Energy, aunque no el único. A IMPSA le deben plata desde YPF por entregas pendientes de la empresa en un reactor de certificación de procesos, pero también hay contratos pendientes con Santiago del Estero. Con San Juan, donde IMPSA participó en la provisión para una central generadora, el conflicto se solucionó con el acuerdo de la provincia a hacerse cargo de la financiación que la empresa no pudo enfrentar.

En el caso de la deuda con bancos, IMPSA suma unos US$ 500 millones, pero además existe otro punto a aclarar que podría ser otra piedra en el zapato para el proceso de venta a Arc Energy. IMPSA tiene un contrato con Venezuela por el que la empresa mendocina tiene una acreencia de US$ 100 millones contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Ese crédito está computado como un activo y es lo que contablemente mantiene a IMPSA flotando por arriba del patrimonio negativo y, por ahora, alejado de una declaración de quiebra. En el gobierno todos reconocen que ese crédito es una ficción contable ya que Venezuela nunca lo pagará. Por lo tanto, es otra contingencia a salvar para que la privatización puede avanzar.

“Mientras ese crédito no se dé por perdido el balance te cierra”, reconocen en Economía donde por tratarse de la primera y emblemática privatización de Milei nadie quiere ver un fracaso en el horizonte.

En esos términos, un informe que la dirección de la empresa presentó hace semanas pone en evidencia que la situación es aún más delicada ya que el deterioro financiero avanza. Allí se detalló que el patrimonio de la empresa en el cierre de 2023 fue de $37.640.751.000, mientras que en septiembre de este año ya había caído a $18.993.803.000, con una pérdida de $56.634 millones para el ejercicio.

En medio de esa historia hay algunos puntos que cambiaron en la relación entre la Casa Rosada y los gobernadores o las empresas estatales. Durante años el kirchnerismo manejó los déficit de provincias y empresas con Aportes No Reintegrables. Es decir, fondos que se giraban desde la Nación apelando a la emisión monetaria y sin medir el impacto en el déficit, sin obligación de devolución. Así se financiaron aportes a IMPSA en algún momento. Hoy esa realidad es imposible y no solo por decisión de Milei.

IMPSA es una empresa de alta tecnología que puede fabricar cualquier cosa que se le demande desde centrales de generación de energía de cualquier tipo hasta componentes nucleares. El problema es quién paga esas obras. Las provincias antes podían contratar contando con los ANR, pero eso se terminó.  

Esta semana, Matías Kulfas, exministro de Producción de Alberto Fernández involucrado en el 2021 en el proceso de salvataje estatal de IMPSA junto a la provincia de Mendoza, salió a criticar el proceso de privatización que lleva adelante Javier Milei, con acuerdo del Gobierno de Alfredo Cornejo y la legislatura mendocina por la parte de las acciones que le corresponden a la provincia.

Para Kulfas, el Estado debería mantener una participación en IMPSA. El exministro defiende su participación en la empresa y recuerda que Arc Energy manifestó su “objetivo de trabajar orientada al mercado de grúas portuarias en el mercado norteamericano. El contrato firmado durante la gestión estatal de los años 2021-23 fue fundamental para que exista este interés”.

Todo el relato de Kulfas, que incluye una curva de productividad creciente en IMPSA e ingresos prometedores, olvida los aportes estatales que debieron hacerse para mantener el pago de los sueldos.

Una reunión clave analizará mañana la oferta de Arc Energy. El silencio en el gobierno sobre esa oferta despierta dudas. Hace más de un mes que se insiste en que no hay plan B para el caso de un fracaso. Corren las últimas horas para saber si las cuentas y los contratos de IMPSA se podrán poner en orden antes que los tiempos se acaben.