Veto universitario: se abrió otro horizonte para el país y Javier Milei

La causa de los jubilados no es la misma a la que llevan adelante los universitarios. Aunque parezca imposible de comparar, el reclamo de quienes aportaron toda su vida, cumplieron con las leyes y hoy reciben no más de $314.320,56 de jubilación mínima (bono incluido) y el de las universidades nacionales tienen un punto en común y otro que los diferencia claramente.

La pelea por fondos cruza transversalmente a casi todos los partidos en ambos casos, pero al mismo tiempo tienen una diferencia esencial, muy difícil de discernir por el público de a pie preocupado tanto por el sustento de sus adultos mayores como por la educación y el futuro de sus hijos, en el apoyo político que puede llegar a tener cada una.

La defensa de los fondos universitarios, en este escenario, le gana en cantidad a la de los  jubilados por varios cuerpos. Puede parecer inhumano, pero la prueba la tendremos desde este jueves en el Congreso: el Gobierno tiene mucho más miedo (y con razón) a que la oposición rechace el veto a la ley de Financiamiento Universitario, que el que tuvo con el veto al aumento de jubilaciones.

La explicación es bastante simple y tiene dos vertientes claras. La educación universitaria gratuita está en el centro del concepto de igualdad de oportunidades y posibilidad de ascenso social que la Argentina mostró durante sus años más felices. Esa impronta está gravada en la clase media y es difícil que se diluya, aunque hayan cambiado la modalidad de las carreras de formación o hayan evolucionado las universidades privadas que hace 100 años casi no existían en el país.

Fuera de ese principio conocido, hay otra línea mucho mas contundente: la vida universitaria, la militancia y la competencia en claustros es también base de apoyo e historia de los partidos políticos en el país. No hace falta explicar que el radicalismo pica en punta en ese escenario, se vio en la calle durante la marcha y en otras latitudes como Córdoba, cuna de la reforma universitaria o Mendoza, donde también anida la tradición de excelencia y superación que garantizan las universidades públicas históricas.

Ese es el sentido esencial de la marcha que se vio este miércoles, también la de abril pasado, y el temor del Gobierno a sufrir con la ley de fondos universitarios el primer fracaso sin retorno en su relación con el Congreso.

Ni siquiera hubiera hecho falta una marcha como la que presenciamos, masiva y general, donde volvieron a participar también algunos votantes de Javier Milei, para que el Gobierno estuviera en peligro de sufrir un rechazo al veto que el presidente ya decidió y que será publicado en el Boletín Oficial. La chance de una derrota del oficialismo en los recintos está latente desde el día en que la Casa Rosada rechazó negociar un cambio en los fondos para las universidades nacionales.

Emiliano Yacobitti, vicerector de la UBA, militante y dirigente radical y exdiputado, insistió desde el primer momento en la necesidad de una modificación presupuestaria y una actualización en los salarios docentes que, alegan en el UBA, quedaron muy por detrás de la evolución de los sueldos promedios del sector público.

El radicalismo, curiosamente hoy presidido por Martín Lousteau, está llamando a rechazar el veto desde que se aprobó la ley de Financiamiento Universitario. Esa convocatoria puede terminar de partir a la UCR, que hoy se divide entre quienes apoyan al Gobierno en el recinto de Diputados y el del Senado, y quienes como Lousteau convocan a acordar con el kirchnerismo para oponerse a Javier Milei.

Ese llamado a los legisladores radicales no tiene medias tintas: "El partido no solo les exige a sus diputados y senadores que voten a favor, sino que bajen, estén presentes y no se ausenten con excusas", les dice Lousteau. En síntesis, se acabó la libertad de conciencia.

Ese proceso puede dejar heridos, pero al mismo tiempo terminar consagrando una victoria para la UCR, la Coalición Cívica, el bloque que anima Miguel Pichetto, el kirchnerismo y la Izquierda, cuando todos juntos se opongan al veto de Milei sobre la ley universitaria.

Con esa acción también estarán fijando un estándar que en algunos causa temor: lograr por primera vez sumar los dos tercios de los votos de cada cámara en contra de la Casa Rosada. Con ese número queda probado que puede haber desde juicio político hasta imposiciones constitucionales a un presidente que aunque haya lanzado su partido político a nivel nacional, no tiene representación política firme. En esos términos, Javier Milei sigue dependiendo de la confianza que despierta su imagen, la efectividad de su promesa de bajar la inflación y la expectativa a un cambio tras más de dos décadas de mediocridad, frustración y caída de la economía. La pelea de las universidades, con toda su "casta" se cuela en esa realidad.

En ese sentido la marcha le aportó al Gobierno un dolor de cabeza, pero al mismo tiempo una ayuda invalorable en esta pelea. Sergio Massa no apareció marchando, como el pretendió mostrar, solo como un padre que acompañó a sus hijos estudiantes universitarios; detrás suyo apareció una enorme bandera con su nombre y el del Partido Renovador.

La Cámpora intentó copar la calle con columnas, micros y puesta en escena ante el deleite de La Libertad Avanza. Algo similar sucedió con la CGT: nada más alejado de la causa universitaria pura que Pablo Moyano avanzando a la cabeza la columna de Camioneros.

Cristina Fernández de Kirchner tampoco se cuidó mucho de disimular su pasión por quedarse con la rentabilidad de la marcha. Sin mucho disimulo hasta habilitó el balcón del Instituto Patria, a 20 metros de la Plaza Congreso, donde se realizó la concentración, para saludar y festejar el famoso "vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver". En Olivos había festejos ante esas imágenes.

Fuera de tanto show político quedan las preguntas sobre el financiamiento lógico de los claustros, las dudas sobre auditorías y controles de fondos en las universidades nacionales por un lado y la preocupación por la comprensión por parte del Gobierno de la necesidad de la educación pública, gratuita y de calidad en el país. No quedó claro hoy si alguno de ambos bandos comprendió claramente ese punto.