La Justicia obligó al Gobierno a poner en marcha una universidad que había sido suspendida por Sandra Pettovello
Este miércoles, la Justicia emitió un nuevo fallo contrario al Gobierno en medio de la puja del oficialismo con las universidades públicas y las tomas de facultades.
La Cámara Federal de San Martín, con los votos de Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, ratificó una sentencia anterior del juez de primera instancia Adrián González Charvay contra la resolución del Ministerio de Capital Humano de suspender la aplicación de la ley de creación de la Universidad de Pilar.
La medida definió entonces declarar inconstitucional la decisión de la cartera de Sandra Pettovello, que había dispuesto la "revisión de creación e inicio de actividades académicas de nuevas instituciones universitarias nacionales".
El objetivo de la suspensión era "determinar si el procedimiento administrativo exigido por la Ley de Educación Superior para crear nuevas universidades fue debidamente cumplido” y “si las condiciones allí establecidas fueron realmente satisfechas".
Los camaristas justificaron que el gobierno de Javier Milei no tenía atribuciones para frenar la puesta en marcha de la Universidad de Pilar. Entendieron que todos los actos que se realizaron para que la casa de estudios comience a funcionar fueron dictados por el propio Estado nacional que luego dispuso otros en contrario, lo que crea inseguridad jurídica.
Entre los argumentos que presenta el fallo para dejar sin efecto este punto, señalaron que dicho proceder "estaría habilitando a que adoptase todo tipo de comportamientos erráticos, contradictorios y, en definitiva, impredecibles en demérito de los particulares cuyos derechos e intereses jurídicamente relevantes se encontrarían sometidos al arbitrio caprichoso u oportunista de las autoridades públicas".
Tras la ley de creación de la universidad, "se llevó a cabo todo un procedimiento administrativo -constituido por diferentes pasos- para la puesta en funcionamiento de la casa de estudios, habiéndose dictado al efecto distintos actos administrativos que, como tales, fueron debidamente notificados, produjeron efectos y generaron derechos subjetivos en sus destinatarios”, recordó la Cámara.
Por eso, dijeron los camaristas, un simple acto administrativo no basta para frenar la puesta en marcha de la universidad. Eso requería un trámite judicial. Ahora, al Gobierno solo le quedaría recurrir a una apelación para que intervenga la Corte Suprema de Justicia.