El mercado ahora quiere saber si lo que quedó de la ley ómnibus le alcanza a Javier Milei
Hay temor por el impacto que tendrá en el mercado la marcha atrás del Gobierno con parte de la ley ómnibus. La política aparece en escena y no es un activo que le sobre al Gobierno.
El mercado espera señales políticas del Gobierno. La expectativa por el avance de las reformas y medidas económicas pasó a un segundo plano; llegó el momento para el Gobierno de demostrar si puede negociar con la casta. Un océano de incertidumbres se instaló el viernes a la noche en quienes deben tomar decisiones a futuro en la Argentina cuando Luis Caputo anunció una marcha atrás en las pretensiones oficiales y aceptó eliminar el capítulo fiscal de la ley esencial para la arquitectura del nuevo Gobierno. El saldo que deje la votación de la ley ómnibus se convirtió en ese momento y más que nunca en la medida esencial de la gobernabilidad de inicio que tendrá Javier Milei.
Ese saldo de gobernabilidad se jugará desde ahora en términos de éxito o fracaso que, tratándose de dos cuerpos tan complejos como el DNU desregulador y la ley ómnibus, además son conceptos muy difíciles de descifrar.
Javier Milei tuvo un extraordinario éxito en la campaña al conseguir interpretar el tiempo de cambio que la Argentina reclamaba frente a los desastres que vivió el país en los últimos gobiernos, pero sobre todo en el lamentable período que protagonizó la trilogía de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa (todos hoy retirados a un vergonzoso silencio). El libertario planteó un horizonte que sedujo esencialmente al votante joven y marcó el terreno para una revolución en el país; que fuera posible o no pasó a segundo plano.
Hoy la situación es distinta a la que se vivió en ese momento. El ajuste, la inflación de diciembre y la suba de precios que explotó en las góndolas no parece haberle complicado el apoyo de los votantes a Milei, pero la política comenzó a demostrar que es necesaria para solucionar problemas y ese específicamente ese el frente mas débil para la Casa Rosada.
“Un poco de política y un poco de comunicación”, pedía el viernes un diputado radical que estuvo en las negociaciones de la ley ómnibus. Las imágenes del viernes, previas al anuncio de Caputo, no ayudaron en ese sentido.
El Gobierno tuvo más que un traspié al tener que eliminar el capítulo fiscal de la ley ómnibus. La primera pregunta que comenzó a hacerse el mercado y que quizás tenga impacto en la realidad del lunes fue: “¿Con lo que queda de la ley alcanza para arrancar el gobierno?”.
En esos términos, ¿qué es lo mas importante de la ley? En el Congreso creen que la impericia y la imprudencia en la negociación puede complicar aun mas la negociación pendiente hasta el martes y ahora la mirada va sobre los poderes a Milei.
Hay un punto que no puede olvidarse: en el proyecto sí quedó incluida la delegación de facultades con la declaración de una amplísima emergencia que le da amplios poderes a Milei para manejarse por decreto. En el artículo 3 del texto final dice claramente que se declara la “emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, de salud, tarifaria, energética y administrativa hasta el 31 de diciembre de 2024”.
Ese párrafo y los hechos que se vivieron desde la semana pasada en la negoción habilitan otro interrogante: ¿será solo esa declaración y la delegación de facultades al Poder Ejecutivo lo único que realmente le interesa a Milei del proyecto? ¿El capítulo fiscal era o no el corazón del proyecto para poder lograr equilibrio fiscal? Solo los números que maneja Caputo pueden responder esas preguntas.
La declaración de Emergencia Pública, por otra parte, no es una novedad para la Argentina. Eduardo Duhalde le arrancó al Congreso una declaración de emergencia similar en la primera semana de enero de 2002, cuando el país se incendiaba en la crisis del final de la Convertibilidad. Fue la norma que utilizó para cambiar nuestro sistema monetario. Esa emergencia y sus superpoderes se mantuvieron vigentes durante todo el Gobierno de Néstor Kirchner y también los dos períodos de Cristina Fernández de Kirchner. Fue Mauricio Macri quien se abstuvo de pedirle al Congreso que le renovara la emergencia.
La ley ómnibus recibió todo tipo de golpes la semana pasada, la mayoría de ellos autoinfligidos por el Gobierno por ausencia de muñeca y timming político. El PRO, el radicalismo y el bloque que armó Miguel Pichetto le tendieron un puente de plata al Gobierno para lograr un dictamen de mayoría del proyecto y no pasar el papelón de contar uno de más de muchos despachos de comisión de minoría. Hasta allí todo iba marchando como la política manda que, le guste o no a los libertarios, es la herramienta para solucionar los problemas dentro del mundo de la democracia, pero casi al mismo tiempo comenzaron los errores y metidas de pata.
La oposición amigable le dijo claramente a Milei que estaba dispuesta a apoyar pero que debía encontrar un camino alternativo a dos puntos esenciales: la fórmula de actualización a jubilados y la suba a las retenciones. Inclusive el comunicado de apoyo que emitió el PRO tuvo ese sentido. En ningún momento hubo carta blanca a los libertarios por parte de ningún bloque y cuando desde el Congreso llegó el mensaje final todo estalló. Martín Tetaz, sin mayores problemas, se animó a ponerlo en claro antes que llegara el anuncio de Caputo: “Nosotros ayudamos con el dictamen, ahora que ellos consigan los votos para aprobarlo”.
El peronismo kirchnerista y la izquierda miran este partido desde afuera porque hoy no son el problema y sus votos ni siquiera son necesarios para aprobar lo que queda del proyecto. El problema de Milei es con sus aliados y el camino para solucionarlo es que el Gobierno entienda que debe aprender a hacer política y a cuidar la comunicación.
Errores para alimentar el fracaso hubo de sobra. Santiago Caputo se peleó, en una reunión reservada, con un grupo de diputados del PRO que eran su tabla de salvación para seguir negociando el dictamen; el ministro de Economía, Luis Caputo, no solo se abstuvo de ir al Congreso a explicar el proyecto, sino que además se peleó por demás vía la red X con la oposición. Fue inentendible, en especial, que Caputo no entendiera el juego de Miguel Pichetto, especialista en ser oficialista, y uno de los armadores de votos para el Gobierno. Todo terminó mal y peor para la relación con los gobernadores a los que se amenazó con ahogar financieramente cuando ellos debían ser quienes pusieran más votos en las bancas.
Para colmo todo se dio en medio de la despedida no solo de Guillermo Ferraro de Infraestructura, y del pase de esa área al dominio de Caputo, sino también de funcionarios de Salud y la existencia de algún otro tembladeral en el Gabinete.
Este martes la realidad dirá si la ley ómnibus puede tener luz verde o no en el recinto ya que aún no está garantizado que la eliminación del capítulo fiscal alcance para calmar las dudas de los opositores amigos.
Mientras tanto sobran las preguntas pendientes de respuesta:
¿Qué pasará con el regreso del impuesto a las ganancias sobre los salarios, que reclamaban en sordina los gobernadores para equilibrar cuentas? El Gobierno eliminó ese cambio a la ley que hizo votar Sergio Massa en medio de la campaña y que Milei apoyó, pero con eso aumentó el saldo de déficit que deberá compensar con otros recortes, como ya anunció Luis Caputo.
La relación con los gobernadores quedó pendiente de alguna respuesta que deberá dar la Casa Rosada después de la amenaza de recortar más fondos a las provincias. Todo indica que la política y la motosierra finalmente no recorrerá ese camino.
La cuestión de los jubilados es mucho más compleja aún. La fórmula que aplicó Alberto Fernández para actualizar jubilaciones nunca alcanzó para compensar la pérdida de poder adquisitivo por la inflación. Por eso crearon los bonos que se otorgaron a las jubilaciones más bajas, en un intento por poder demostrar (falsamente) que los haberes previsionales no perdían poder adquisitivo. No lo lograron ni por esa vía. Ahora esa fórmula quedó vigente.
En la misma lista de interrogantes está la moratoria, que tanto piden las ahorcadas PyMEs y el blanqueo. De nada de eso hay respuestas por ahora. Todo espera respuesta en las próximas 48 horas.