La fuerte advertencia de los gobernadores tras las amenazas de Luis Caputo

En medio del intrincado debate por la ley ómnibus, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, lanzó una durísima frase desde su cuenta de X a las provincias, advirtiendo que si Diputados no aprueba algunos de los artículos económicos que incluye la ley, habrá recortes a los fondos provinciales.

Los gobernadores minimizaron la amenaza ya que creen que el presidente Javier Milei los necesita por la débil estructura parlamentaria propia que posee, además porque el descontento con las medidas económicas ya se siente en las calles, como se pudo ver en la convocatoria de la CGT no sólo en Ciudad de Buenos Aires sino también en otras ciudades argentinas. 

"Hoy mantuve una reunión con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado. No es una amenaza, es la confirmación que vamos a cumplir con el mandato que nos han dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico", sostuvo el ministro de Economía. Sus palabras, claramente no pasaron inadvertidas y varios legisladores le respondieron, como los mendocinos Lisandro Nieri y Julio Cobos. 

Sin embargo, según pudo saber MDZ, entre la mayoría de los gobernadores -ninguno reporta a Milei ni es de la Libertad Avanza- no hay preocupación por los dichos de Caputo. Esto es porque creen que el Gobierno necesita muchos de ellos para gobernar, leáse -en primer lugar- para aprobar la megaley que envió al Congreso junto al DNU.

Pero, además, saben que los recortes de los que habla Caputo son de fondos comprometidos, es decir, abre la puerta a que caigan sobre la Nación demandas judiciales de las provincias. La Justicia ya ha demostrado que está dispuesta a fallar en contra de la ley ómnibus. De hecho, ya hay algunos indicios muy concretos: este miércoles la jueza laboral de feria Liliana Rodríguez Fernández, hizo "parcialmente lugar a la acción de amparo" de la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Estado Nacional por seis artículos del DNU y  exigió al Congreso que lo trate. 

Respecto de los fondos provinciales por los cuales la Nación tiene un compromiso, entre ellos se encuentran los 1.023 millones de dólares que corresponden a Mendoza y que están en un fideicomiso que tenían como destino original la mega obra Portezuelo del Viento. El Gobierno nacional debe depositar a la provincia tres cuotas más, la próxima vence el próximo 28 de enero y es de 30.901.391 dólares.

Es decir que en los próximos días ese dinero debería estar en la cuenta que tiene la provincia. ¿Los mandará el Gobierno nacional? Desde Mendoza creen que sí, que Milei no arriesgará a un conflicto con el gobernador Alfredo Cornejo. De hecho, ni en los momentos más tensos entre la provincia y el kirchnerismo, se dejó de cumplir con el cronograma.

Esos fondos son aportados por la Nación como compensación por los perjuicios que trajo a la provincia la promoción industrial ejecutada en otras provincias. El convenio comenzó a gestarse en 2007 y, en 2019, Cornejo en su primera gobernación y el por entonces presidente Mauricio Macri le pusieron números y plazos: 1.023 millones de dólares pagados en cuotas. Ese convenio mencionaba como primer destino de los fondos la construcción de Portezuelo del Viento. Si no se hacía, como ocurrió por la oposición de las provincias como La Pampa, se pautó que se usara para otras obras hídricas de generación eléctrica; es decir algún dique. 

En octubre de este año, Mendoza debería tener todas las cuotas pagas y podrá disponer de estos fondos que en un año como este -con una baja de la recaudación y con menos dinero que vendrá de la Nación- serán fundamentales. Como en el caso de la provincia cuyana, los gobernadores creen que no hay margen para que Milei, a través de Caputo, mire para otro lado con estos compromisos. Un motivo es judicial. Estaría incumpliendo con un acta firmada. El otro es urgente y tiene que ver con la discusión que se da en el Congreso. ¿Por qué los gobernadores se mostrarían proclives al diálogo con un Gobierno que no está dispuesto siquiera a cumplir con compromisos asumidos? En ese caso, cualquier norma que envíe el Ejecutivo nacional caería: necesita sí o sí de legisladores de otras bancadas para que cada proyecto sea aprobado.