Un organismo se plantó ante la motosierra de Javier Milei y rechazó su cierre
La Defensoría del Público rechazó su cierre este lunes a través de un comunicado, donde reclamaron exponer en el Congreso en el marco del debate de la ley ómnibus impulsada por Javier Milei La disolución del organismo, presidido desde 2020 por la periodista Miriam Lewin, está incluida dentro del proyecto, por lo que recordaron que su titular "tiene mandato vigente hasta el próximo 24 de junio".
“No al cierre de la Defensoría del Público de servicios de comunicación audiovisual”, se titula el documento que difundieron en redes sociales donde rechazaron la posible medida.
En el archivo, recordaron que el ente pertenece al Poder Legislativo y remarcaron que "defiende la Libertad de Expresión y el derecho de las personas a estar informadas”.
“Según versiones publicadas este fin de semana en distintos medios de comunicación, la disolución de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual habría sido incorporada al proyecto de Ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos”, como medio de negociación, a cambio de revertir el cierre de otras entidades de la cultura”, señalaron.
Y subrayaron: “Rechazamos de pleno esa posibilidad, pero además reclamamos al Congreso Nacional ser consultados en el marco del debate, posibilidad que se le dio al resto de los organismos públicos involucrados”.
En los siguiente párrafos, compartieron algunos de los objetivos de la Defensoría del Público para argumentar que "no puede ser disuelto" por la ley ómnibus.
Por eso, le solicitaron al Congreso "poder ser escuchados y que conozcan nuestro trabajo, antes de votar este proyecto”: “Trabajamos en alianza con periodistas de todos los medios audiovisuales, organismos internacionales como, con universidades públicas y privadas, convocamos audiencias públicas presenciales y virtuales en todo el país, para escuchar sus necesidades y opiniones"
"Fuimos convocados nacional e internacionalmente para participar de debates actuales sobre el acceso a la comunicación de personas con discapacidad, comunicación y salud mental, información sobre el delito de trata de personas y los medios de comunicación y las infancias”, cerraron.