Nuestro sistema científico tecnológico nuevamente en alerta
La especialista analiza y alerta sobre las consecuencias de afectar la ciencia con las medidas propuestas por Javier Milei.
Por Gabriela Bazán*
Una de las primeras medidas del Gobierno Nacional a través del Decreto de Necesidad y Urgencia de la Ley de Ministerios fue convertir en una subsecretaría el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a la órbita y dependencia de la jefatura de Gabinete de Ministros. Se trató de la primera de una larga serie de malas decisiones.
Ésta medida que significa la degradación de la cartera de Ciencia y Técnica, abre la puerta de la incertidumbre respecto a si el gobierno nacional cumplirá o no con la Ley de Financiamiento de Ciencia, Tecnología e Innovación que prevé llevar el presupuesto nacional al 1% del PBI en 2032, la cual venía cumpliéndose desde su sanción en el año 2021.
La falta de certezas obliga a que los organismos científicos y tecnológicos deban funcionar con el presupuesto del 2023 durante todo el 2024. Si se replicara ese presupuesto nacional este año, organismos como el CONICET podrían funcionar solo hasta junio. Lo mismo sucederá con las Universidades Nacionales y otros organismos del sistema. Las preocupaciones crecen, si tenemos en cuenta el carácter federal del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación. Al igual que muchos otras entidades que forman parte del sistema, el CONICET es una institución verdaderamente federal cuyas sedes se encuentran distribuidas desde la Antártida hasta la Puna y desde la Cordillera de los Andes hasta el Mar Argentino. No hay garantías hasta el momento de un refuerzo de fondos para garantizar el funcionamiento básico del sistema.
La principales consecuencias del ajuste ya comenzaron a percibirse. La semana pasada se negaron las becas extraordinarias CONICET que sirven para garantizar un ingreso a quienes esperan el alta para entrar a la Carrera de Investigador Científico, y becas externas, para financiar estadías de investigación en el exterior. También se cancelaron las becas que ya estaban otorgadas y que implican compromisos con instituciones extranjeras, como las becas Fulbright. Por otro lado, no se han anunciado los resultados del concurso de Becas Internas Doctorales y todavía no hay novedades de los mismos, ni hay novedades respecto de las 1300 becas al primero de abril. Tampoco hay certezas sobre las promociones que estaba previsto comunicar el pasado viernes 12 de enero, ya que probablemente saldrán sin asignación presupuestaria para hacerlas efectivas. A esto se suma el avance de la licuación salarial, por efecto de una inflación que se acelera mientras el gobierno anuncia que no habrá ningún aumento.
Con respecto al DNU 70/2023 y la “ley ómnibus”, resulta llamativo destacar que en casi ningún caso se menciona a la ciencia, excepto para buscar la privatización de empresas públicas clave para el sector. En el proyecto de ley, de un total de 41 empresas públicas sujetas a privatización, se destacan: YPF (lo cual incluye, entre otras cosas, el 51% de Y-TEC CONICET); Aerolíneas Argentinas, las empresas de la industria satelital y aeroespacial VENG y ARSAT (que además tiene la Red Federal de Fibra Óptica y el Centro de Datos), las empresas del sector nuclear Nucleoeléctrica, Dioxitek y el Polo Tecnológico Constituyentes, la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias (INTeA) y Fabricaciones Militares. En el mismo sentido, el DNU directamente establece la eliminación de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos.
Este cambio de rumbo no es nuevo. En 1994, el entonces ministro de economía Domingo Cavallo, mandó a lavar los platos a una investigadora. El modelo es el mismo y aboga por la mercantilización y privatización del conocimiento científico, la “espiritualidad” individualista y predatoria, y la aplicación de recetas homogéneas del modelo dominante científico a las realidades específicas y locales de las periferias.
La realidad es alarmante si tenemos en cuenta el impacto que la ciencia, la tecnología y la innovación, tienen en la vida de los seres humanos y en el futuro de nuestras sociedades. Son los países más desarrollados los que más invierten en esas áreas. Todos, lo hacen a través del Estado.
Con el fuerte ajuste al sector se frena nuevamente el crecimiento y consolidación de un sector estratégico para el desarrollo económico y social de nuestro país. Esta decisión llena de incertidumbre a miles de jóvenes científicos, universitarios y técnicos, quienes han dedicado su vida adulta a contribuir en torno al desarrollo científico y tecnológico en el marco de la expansión del sistema de los últimos años. El resultado puede ser catastrófico y puede derivar en una triste pero conocida historia: la fuga de cerebros.
Frente a este escenario es necesario reflexionar una cuestión importante. Cuando hablamos de soberanía no sólo debemos remitirnos a un Estado independiente en términos políticos, sino también a un país que genere un desarrollo científico y tecnológico y que permita llevar adelante una economía próspera, con desarrollo productivo e inclusión social.
El desarrollo científico y tecnológico debe ser el resultado de la vinculación del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación y de los saberes y técnicas propias de los territorios y localidades. Contribuir a la mejora de los procesos sociales, económicos, productivos y culturales de nuestro país debe ser una política de Estado. Se trata tambien de un conocimiento a priori e histótorico, una actividad social, un proceso social, y, por lo tanto, no debe ser un asunto exclusivo de los científicos sino de la ciudadanía en su conjunto.
La esperanza radica en que la defensa y la lucha del sistema debe ser colectiva y no solo una cuestión sectorial. En los últimos años la sociedad argentina volvió a ponderar el trascendente rol que tiene la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en el desarrollo de nuestro país. Una serie de hechos ayudaron a visibilizar el aporte de científicos/as e investigadores/as argentinos a la pandemia, al cambio climático, la investigación básica, vacunas y tratamiento para enfermedades, el agro sustentable, entre otros. Salir a defender los logros alcanzados y no caer en retrocesos ya conocidos es tarea de todos, es un deber moral como argentinos y argentinas.
Gabriela Bazán / Mgter. en Ciencias Sociales con orientación en gestión pública, Universidad Nacional de Quilmes.
Lic. en Ciencia Política y Administración Pública, Universidad Nacional de Cuyo.
Coordinadora de la Red Federal de Vinculación Tecnológica, sede Cuyo. Gerencia de vinculación tecnológica, CONICET.