Escándalo en Las Heras: los imputados apuntan a Daniel Orozco y Janina Ortiz

Los escándalos y las sospechas de corrupción por lo ocurrido en Las Heras durante la gestión de Daniel Orozco comienzan a tomar un nuevo camino. Más allá de los detalles finos, la estrategia de los acusadores -y ahora también de algunos de los acusados- es responsabilizar a quienes tenían el poder político del departamento. Concretamente, al propio exintendente y a Janina Ortiz. "Solo cumplían órdenes", es lo que repiten los allegados a los principales imputados en la causa de la cooperativas. 

En esa investigación se avanza sobre las supuestas maniobras para sacar fondos municipales a través de cooperativas "fantasma". Hay varios imputados y la estrategia de la defensa es tratar de probar que las organizaciones sí existieron, que hubo personas que trabajaron y que los manejos sospechosos se ejecutaban por pedido de la cúpula municipal. Orozco está imputado por fraude a la administración pública. Ortiz va por el mismo camino, pero no se presentó en Tribunales para ser formalmente imputada, tras haber perdido los fueros que la protegían por ser diputada. Por esa "rebeldía" ante la Justicia, en la Legislatura analizan suspenderla. 

En el expediente hay muchas líneas a seguir. Incluso hay comunicaciones entre los acusados en los que se mencionan supuestos pagos que se saldarían con Janina Ortiz. 

El exsubsecretario de Políticas sociales de Las Heras, Osvaldo Oyhenart, es uno de los imputados en la causa en la que se investiga el uso de la cooperativa de trabajo Manos a la Obra para desviar fondos públicos. De acuerdo al expediente, Oyhenart negó haber cometido delitos y apunta a que él recibía órdenes de sus superiores, es decir, de Orozco y su esposa la exsecretaria de Gobierno y actual diputada Ortiz. Además, declaró que el audio que se hizo público donde ofrece trabajo en una cooperativa a una mujer sin necesidad de cumplir funciones es de "dudosa procedencia" como así también testigos presentados en la causa.

MDZ accedió a parte del expediente en el que figuran las declaraciones tanto de Oyhenart como de Juan Pablo Pandolfi. Ambos están imputados, junto a Orozco y otros exfuncionarios, por el fiscal de Delitos Económicos Flavio D'Amore por la supuesta creación de una cooperativa de trabajo ubicada en Las Heras para desviar millonarios fondos del municipio. La cooperativa tenía como fin la limpieza de calles y espacios públicos, pero lo que se investiga es si existió. 

En las declaraciones que figuran en el expediente hay un testigo que declaró que que la cooperativa Manos a la Obra, ubicada en El Borbollón fue creada por el INAES, es decir, por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social en el 2019 y que Orozco pidió que sw pusiera activa para darle trabajo a la gente que lo necesitara en el departamento y que a eso se dedicó. 

Ante la Justicia, además, el exfuncionario explicó que es inexistente el domicilio de la cooperativa porque, cuando el INAES fue a crearla en un galpón donde trabaja un grupo de recicladores, estaba ocupado el espacio por eso firmaron el acta sobre "el capot de un auto". Hay que recordar que el mismo Instituto en agosto de 2023, en paralelo a la investigación judicial, suspendió a la cooperativa por considerar que se trataría de una organización fantasma que no habría trabajado realmente. 

En las declaraciones judiciales, Oyhenart también se defendió por el audio que se hizo público en el que le confiesa a una mujer que tiene a cargo una cooperativa donde puede hacer contratos de trabajo sin necesidad de que esa persona se presente a trabajar. Sostuvo en la declaración que el audio es de "dudosa procedencia", por lo que se infiere de sus dichos que podrían ser armados. Además, declaró que hay testigos falsos en la causa que lo incriminan.Sobre Pandolfi, en el expediente figura que nunca fue el apoderado de "Manos a la Obra".

Por esta causa, Ortiz quien ya no tiene fueros, podría ser suspendida por la Cámara de Diputados por no haberse presentado ante la Justicia. Además, sobre ella pesa otra denuncia por supuesto encubrimiento de un caso de abuso sexual dentro del municipio.