Por qué prorrogaron de manera automática la concesión de la represa Potrerillos

El Gobierno hizo oficial la prórroga de la concesión de la explotación de la represa Potrerillos porque, aseguran, las empresas privadas que tienen a su cargo la explotación no recuperaron la inversión que realizaron. Por eso, tendrán a cargo la explotación y venta de energía por un período de 5 años, pero que puede extenderse por hasta 20 más, según establece el contrato.

El beneficiario es el Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos (CEMPPSA), que formó en 1998 Cartellone e IMPSA, las dos empresas locales que construyeron el dique, la represa y que tienen la concesión. Hoy está en manos de BAF Latam Trade Finance Fund BV.

Se trata de una obra emblemática que incluye varias historias paralelas. Fue la última gran obra pública realizada en Mendoza, que se ejecutó con fondos de origen mixto. La mitad, la aportó el Estado con el dinero proveniente de la privatización de EMSE (la empresa de energía) y Obras Sanitarias. La otra mitad, la aportaron las empresas privadas que eran gigantes en su rubro.

Cartellone era una de las constructoras más grandes del país e hizo la obra civil de la represa, con un proyecto de ingeniería enorme. IMPSA construyó la central Cacheuta, con turbinas nuevas, y renovó la central Álvarez Condarco, también a nuevo.

La obra incluye un sistema de túneles que llevan agua desde Potrerillos a esa central. Se trató de un contrato entre el Estado y privados que, además, atravesó varios gobiernos y superó la crisis más aguda de la historia reciente Argentina. De hecho, el dique lo inauguró Fernando De La Rúa el 10 diciembre de 2001, 10 días antes de renunciar al cargo. 

El problema, según analizaron para justificar la prórroga, es que el dinero recaudado por la venta de energía no alcanza para recuperar la inversión de 120 millones de dólares. El contrato era por 25 años, siempre y cuando la recuperación de la inversión se cumpla en el período. Esa renovación es automática, salvo que la empresa no quiera realizarla. "Si al finalizar el plazo indicado el valor presente neto de los ingresos por las ventas anuales de energía, previamente deflacionados para cada mes de ingreso según el Índice de Precios Mayoristas descontadas a una tasa del 14% anual, a la fecha de inicio de la Concesión, y convertidas a dólares estadounidenses de esta fecha, resulta inferior a U$S 120.000.000, el periodo de concesión se renovará en forma automática por otros 5 años", dice el contrato. El tope es de 40 años de concesión.

El detrás de escena

Potrerillos se construyó como un proyecto multipropósito. El principal objetivo era regular el río Mendoza, que hasta ese momento no tenía ningún dique para "ahorrar" agua. El segundo, era el aprovechamiento hidroeléctrico con la generación de energía hidráulica. Para ello se construyó la central Cacheuta y se reacondicionó Álvarez Condarco. También se hizo un enorme acueducto de agua potable y el otro aprovechamiento era el turístico, tema que se mantiene en la informalidad a pesas de las concesiones. 

El repago de la inversión que hizo CEMPPSA era a través de la venta de la energía generada. La ecuación, aseguran, dio resultado negativo. 

Uno de los análisis lo hizo la empresa de energía estatal, EMESA. Según el cálculo, CEMPPSA solo recuperó algo más de un 10% de esa inversión. “Considerando que el valor promedio de ingresos por ventas anuales de energía deflectados y expresados en dólares de 1999, para el período 1999 a 2021 es de U$S 14.144.435, resulta claro que es inviable que se alcance el valor meta en el periodo de concesión que finaliza en diciembre de 2023”, concluyeron desde EMESA. Pero para el Ente Provincial Regulador Eléctrico la ecuación es distinta y el número se acerca mucho más. Sin embargo, tampoco alcanza. "El resultado hallado con este procedimiento arrojó un monto de Valor Actual en dólares de Diciembre de 1998, inicio de la concesión, de U$S 87.893.909", determinó el Ente.

El gobernador Alfredo Cornejo accedió a la prórroga, pero también se hizo eco de una sugerencia del EPRE para revisar el contrato para tratar de sacar la renovación automática. Para eso se pide una adenda al contrato "que replantee los requisitos para la prórroga del plazo de vigencia" y eliminar la previsión de renovación automática. "Existe una elevada probabilidad de que el promedio de ventas se mantenga muy por debajo de la pauta prevista (US$ 120.000.000), lo cual podría conducir, en la práctica, a una renovación sucesiva e indefinida del vínculo contractual, hasta el cumplimiento del plazo máximo de 40 años", advierten. Sin decirlo, sugieren que la cláusula es perjudicial para el Estado. Por eso Cornejo ordenó que "se analice la viabilidad de celebrar una adenda complementaria en la cual se replanteen los requisitos para la prórroga del plazo de vigencia de la Concesión del Aprovechamiento Integral del Río Mendoza-Proyecto Potrerillos y la previsión de renovación automática".