Drogas, narcotráfico y connivencia estatal, el cóctel explosivo en la masacre de González Catán
Ni Javier Milei, con el retiro al mínimo de las políticas estatales, ni el súper estado presente de Axel Kicillof y Fernando Espinoza tienen idea sobre lo que hay que hacer con el suelo urbano.
Las tomas de tierra se impusieron en los años '90 como una manera de protesta y también de representación ante la carencia total de terrenos para la vivienda en medio de una crisis social y económica que en lugar de revertirse se acrecentó con la cultura del “Estado presente” y la permeabilidad de las autoridades políticas de varios distritos del conurbano bonaerense.
Según describió el diputado nacional Fabio Quetglas, “el paradigma de suelo urbano se terminó en 1975 con el Rodrigazo porque la híper inflación impedía que se vendieran terrenos con servicios a 80 y 120 cuotas, como hacían Kanmar o Vinelli”, dos inmobiliarias que compraban terrenos, los loteaban, presentaban los planos y los vendían a las familias trabajadoras del conurbano. En esos barrios hay, en los ingresos a las ciudades, un arco que siempre reforzaban la marca y su presencia.
“En el otro proceso contemporáneo que se podría haber vuelto a implementar fue en los '90, pero aquí se eligió por otro modelo, y fue el vendérselo a los más pudientes al armar proyectos urbanísticos de alto valor a la vera de las trazas de las autopistas del Oeste, Norte y Sur del conurbano”, sentenció Quetglas.
Una mirada muy parecida expresó el dirigente de la Corriente Clasista y Combativa de La Matanza, Juan Carlos Alderete, para quien, "cuando el Estado está ausente, en cualquier nivel, hay otros que aparecen para cumplir supuestamente con esa función y ser los salvadores y suelen ser los narcos, que manejan plata, armas y territorios".
La tragedia de González Catán es parte de la decadencia argentina llevada al extremo de la lucha de los pobres por un terreno, por el cual suelen pagar valores increíbles por un lugar sin servicio y sin respaldo dominial. Verdaderas mafias venden el mismo suelo dos o tres veces y generan hechos de violencia cuyo extremo se vio ayer por la mañana en La Matanza.
Desde los años '90 esto se da a lo largo y ancho del Gran Buenos Aires. Dirigentes políticos con conexiones con las autoridades municipales y provinciales, más el manejo de la delincuencia local, se atribuyen la pertenencia de un espacio inundable, de baja cota o imposible de habitar por contaminaciones preexistentes. Estos verdaderos “colonos” de los “mercados regulados del conurbano se hacían de las tierras y las vendían a familias que, desesperadas, hacían lo que tuvieran a su alcance para llegar a ser propietarias.
La Tragedia de Catán se produjo por la presencia de grupos delincuenciales, varios involucrados con el narcotráfico, y el excesivo fin de lucro mostrado por quienes vendieron hasta tres veces el mismo espacio de suelo. Todo ante la habitual inmovilidad provincial y municipal y, tras la muerte de cinco personas y media docenas de heridos de gravedad, un inadmisible pase de facturas del Gobierno nacional de Javier Milei a la gestión bonaerense, mientras que su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hacía todo lo posible para desentrañar el atropello de un perro en la zona sur del Gran Buenos Aires.
La ministra, aplaudida por el presidente Milei en la red social X, se ha mostrado mucho más expeditiva para contener piquetes y evitar el cierre de avenidas y rutas que en mandar a las fuerzas federales para controlar que no sucedan nuevos desbandes, y tampoco inició una investigación federal.
En los debates de 2017 y 2018 sobre la Ley de Suelos Urbanos, en el que participaron iglesias de diferentes procedencias, los movimientos sociales de extracción peronista, el radicalismo y el macrismo, se expuso que anualmente se producían 50 asentamientos y muchos se daban por la permisividad de la política local y su correlato con la delincuencia del lugar. “A algunos dueños de estos terrenos inhabitables le convenía que lo intrusaran para luego litigar contra el Estado. Pero lo más grave son los intendentes venales que utilizan esa situación para habitar con sus punteros por más que esas tierras sigan siendo inundables o de baja cota.
Uno de los casos paradigmáticos sucedió en Moreno, al Oeste del Gran Buenos Aires, con un límite directo con La Matanza, en la que durante la década del ’90 se permitió la intrusión de miles de familias procedentes de localidades vecinas, fundamentalmente de Merlo y General Rodríguez, que impedían este tipo de asentamientos, para luego modificar la realidad política local.
Uno de los pocos lugares donde se producen suelos urbanos impulsados desde una política estatal es Trenque Lauquen. Allí se realizan urbanizaciones cuyo valor por lote es de US$ 20.000 mientras que, en localidades vecinas, siguen impulsando loteos privados que duplican su valor. “Un título de propiedad es vital para los pobres. Está comprobado que mejora el arraigo, la presencialidad escolar, baja los niveles de violencia y mejora ostensiblemente la convivencia”, resaltó Quetglas en su charla con MDZ y reclamó que “se implemente ya una política de suelos urbanos fuera de la ruta 6, así evitas la migración hacia el conurbano y las familias puedan seguir viviendo donde nacieron y crecieron”.
Situaciones como las de González Catán, en el barrio 20 de Mayo, donde próximamente pasará la nueva traza de la autopista Juan Domingo Perón, que conectará la zona con La Plata, se potencia por la ausencia del Estado, el fácil acceso a armas de fuego, la falta de inteligencia y control político o, lo que es peor, su permiso para realizar las tomas. No hay que ser un genio para saber que sin armas ni drogas ni delincuentes, no hubiera habido una masacre sino una gresca.
Lamentablemente, ante semejante desastre humanitario, hasta ahora no se conocieron las expresiones de Axel Kicillof, su vice, la matancera Verónica Maggario, ni de Fernando Espinoza sobre el tema.

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