La millonaria multa que el Gobierno le impuso a organizaciones sociales que marcharon el 27D
El Gobierno intimó a las organizaciones sociales que se manifestaron el 27 de diciembre -en contra del DNU de Javier Milei en la Plaza Lavalle- por más 50 y 40 millones de pesos. La CTA, ATE, UTEP, Libres del Sur, FETRAES, FOL deberán pagar $56.760.282 por los daños ocasionados y Camioneros, FEMPINRA, APOPS, EUJN, el Polo Obrero, MIDJ, MST, la Izquierda Socialista, SIPREBA, SUTNA, UOCRA, CONADU HISTÓRICA y la CTA autónoma $40.419.227.
Luego de casi dos semanas de la protesta que diferentes organizaciones sociales, lideradas por la CGT, realizaron para marchar en contra del decreto de necesidad y urgencia 70/2023 de Milei, que tiene como objetivo la reforma del Estado y la desregulación de la economía, el Ministerio de Seguridad mandó las cartas de documentos correspondientes para intimarlas y que paguen por los daños ocasionados y los cortes parciales o totales al tránsito.
“(Es) en concepto de costos operativos que se emplearon para hacer cesar los actos ilegítimos en miras del mantenimiento del orden público. Ello, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales pertinentes", explica una de las cartas.
La marcha había sido organizada pocos días luego de la asunción de Milei, y el Gobierno había anticipado que la sanción iba a ocurrir en el marco del protocolo "antipiquetes". Además del concepto "el que corta no cobra", el Ministerio había confirmado que las organizaciones iban a tener que pagar por motivar a la movilización y poner en riesgo el orden público.
"Por todos los costos vinculados a los operativos de seguridad, se les enviará la factura, las organizaciones o a los individuos responsables. El Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de seguridad. Tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos. En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria, se mandará la información a la Dirección Nacional de Migraciones”, había dicho la ministra Patricia Bullrich en la presentación del nuevo régimen.
Para cumplir con el objetivo, la policía realizó trabajos de identificación durante la marcha para poder saber qué organizaciones habían convocado y quiénes eran los participantes. Con respecto a este punto, también había hablado de la creación de un registro de las organizaciones presentes en este tipo de hechos y de los que “sistemáticamente hacen de voceros de estas manifestaciones”.
La marcha fue uno de los primeros grandes desafíos que se le presentó al Gobierno de Milei, en donde la central obrera realizó su primer acto desde la asunción al Gobierno de La Libertad Avanza. Tanto los gremios como las organizaciones sociales se manifestaron en contra de las medidas del DNU y, casi todos, exigían una medida de fuerza que luego se hizo realidad: un paro general de la CGT para el 24 de enero.
Las autoridades porteñas y nacionales afirmaron que la interrupción del tránsito en algunas arterias fue consensuada, aunque se produjeron incidentes en Avenida Corrientes y hubo siete detenidos.