Con el testimonio de la abogada de Cristina Kirchner, el oficialismo retoma el juicio político en Diputados
En una semana caliente en los tribunales para el kirchnerismo por la reapertura de la causa del Memorándum con Irán y Los Sauces y Hotesur, el oficialismo retoma el juicio político a los cuatro jueces de la Corte Suprema.
A partir de las 11 la comisión de Juicio Político, que preside la entrerriana Carolina Gailard (Frente de Todos) empezó con el trabajo para analizar el comportamiento de los cuatro jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, en el fallo que retrotrae la composición del Consejo de la Magistratura a 20 integrantes.
Para el kirchnerismo la polémica de este fallo está en que Rosatti, titular del máximo tribunal, también quedó a cargo del organismo judicial a cargo de designar y juzgar jueces. La sentencia también le ordenaba al Congreso de la Nación la sanción de una nueva ley, algo que molestó a varios legisladores.
Para la jornada de este jueves está previsto que declaren como testigos la directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort; el expresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal Jorge Rizzo y Roberto Saggese, secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En el proyecto presentado por el oficialismo se señala que en el fallo sobre el Consejo se contó "con el voto favorable de los doctores Rosenkrantz y Maqueda, como así también del doctor Rosatti, quien de tal modo se erigió en Presidente del Consejo, cuando elementales reglas éticas le imponían, dado el contenido de la decisión que iba a adoptar la Corte, abstenerse de tomar parte de una resolución que, obviamente, lo involucraba de manera directa".
También se afirma además que Rosatti "manipuló la integración del Consejo a los efectos de obtener las mayorías que le sean más beneficiosas, en un franco alzamiento e invasión a las facultades propias y excluyentes del Congreso de la Nación".
Por otro lado, la iniciativa señala que se "avanzó indebidamente sobre la autonomía de la Honorable Cámara de Senadores, al determinar de forma arbitraria y autoritaria cómo debían organizarse los bloques en dicha Cámara. Ello implica una clara violación constitucional a la autonomía del Senado de la Nación y a su reglamento, el que goza de raigambre constitucional".