Incendio en el Consejo de la Magistratura y arde el Colegio de Abogados
Las réplicas del sismo que generó la decisión del Consejo de la Magistratura de Mendoza de remover a todos los integrantes de la Comisión Asesora para la Justicia Penal de Ejecución Penal y Faltas se siguen sintiendo. Ayer el Consejo de la Magistratura dio marcha atrás en su decisión y decidió "sustituirla" por otra menos drástica: requerir que los órganos y estamentos que tienen representación en esa comisión ratifiquen quiénes son sus representantes elegidos. Pero al mismo tiempo, otra bomba estalló en el Colegio de Abogados.
Leonardo Pasccon era el representante del Colegio de Abogados en dicha comisión pero no será ratificado en ese puesto. En ese contexto, denunció posibles casos de coacción en la institución que integra y apuntó contra la presidenta del Colegio de Abogados y el director de Persona Jurídica, Sebastián Soneira. A ambos los acusa de ejercer presiones y ofrecer cargos para ubicar a personas de su confianza en detrimento de otros abogados. Según el denunciante se han llevado adelante actos ilegítimos que podrían calificarse como "maniobras delictivas" como coacciones.
"Se preguntará cómo un cuerpo colegiado de abogados se vio engañado tan vilmente. Y la respuesta de esto es por amenazas del doctor Soneira; quien haciendo valer su relación laboral y personal con el Subsecretario de Justicia de la Provincia, Marcelo Dagostino, ha llevado a realizar actos delictivos", dispara en la denuncia presentada en la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados.
Puertas adentro del Colegio de Abogados atribuyen las denuncias a cuestiones personales y el malestar que generó al propio Leonardo Pasccon que no se lo ratificara como integrante de la comisión ni como representante ante la Federación de Colegios de Abogados.
Más allá de los ribetes internos, está claro que la abrupta decisión del Consejo de la Magistratura desató un incendio inesperado cuyas consecuencias aún no terminan de dimensionarse. Lo que está claro es que el costo político se carga sobre el propio D'Agostino por no haber hecho control de daños y también sobre la presidenta del Consejo, Teresa Day, por ser la máxima autoridad.
El disparador fue una denuncia del diputado José Luis Ramón contra la Comisión Asesora para la Justicia Penal de Ejecución Penal y Faltas por la forma en la que tomaban los exámenes. Ramón afirmó que el método de examen es vetusto, contrario al reglamento y que, estadísticamente, se puede observar que "nadie" aprueba la evaluación. Fue una más de las críticas que Ramón ha hecho sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura pero a diferencia de lo habitual, en este caso consiguió el consentimiento del resto de los consejeros y en julio se revocó el mandato a todos los integrantes de esa comisión.