El motivo por el que está en "stand by" la imputación de Janina Ortíz

A pesar de que se bajó la orden a los fiscales de imputar a Janina Ortíz por el delito de Coacción, hasta el momento eso no ha ocurrido. El motivo es que la abogada defensora de la secretaria de Gobierno de Las Heras, María Elena Quintero, interpuso una acción por "inexistencia de delito" que debe resolverse antes de que se pueda proceder formalmente con la imputación. Según la representante legal de Ortíz, debe determinarse la nulidad de lo actuado porque toda la causase ha fundado en declaraciones falsas que deben ser investigadas.

En concreto, dos empleadas municipales denuncian que una de ellas fue obligada a grabar un encuentro íntimo con un funcionario y luego fueron amenazadas para que borraran ese audio. Para la defensa de Ortíz existen inconsistencias en las declaraciones que derriban la veracidad de las acusaciones contra la funcionaria municipal. 

"Esta causa es un evidente uso de la justicia con fines políticos, dejando de lado a los justiciables que merecen respuesta oportuna por los delitos sufridos. La denuncia, testimoniales y su imputación son una muestra de lo que no debe hacer el órgano encargado de llevar adelante las investigaciones fiscales en defensa de la legalidad y intereses de la sociedad. A la vez es una respuesta a las causas del deterioro de las instituciones en la Provincia de Mendoza y, tan grave como lo anterior, un indicador claro del bajo nivel de independencia, objetividad e imparcialidad de las autoridades judiciales respecto de los poderes políticos y fácticos en la Provincia de Mendoza", deja por escrito la abogada defensora de Ortíz, María Elena Quintero.

En ese contexto, el avoque de los fiscales Gabriel Blanco y Sebastián Capizzi revela que existen presiones dentro del Ministerio Público y distintos criterios respecto a la interpretación de los hechos denunciados. Por escrito, los fiscales de Delitos no Convencionales remarcan que no consideran que sea conveniente imputar a Ortíz en esta instancia del proceso pero que no tienen más remedio que hacerlo debido a la instrucción pronunciada por la procuradora adjunta Paula Quiroga.

La Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal remarca en su artículo 25 que "las instrucciones generales y particulares serán de cumplimiento obligatorio para los Magistrados y Funcionarios a quienes estuvieran dirigidas" por lo que los fiscales de la causa debieron obedecer la orden de la Fiscal  Adjunta en lo Penal, Paula Quiroga. Pero decidieron hacerlo bajo protesta y dejaron constancia por escrito de ello. Primero dejando clara la "obligatoriedad" de obedecer la orden del superior pero además señalando que están "en total desacuerdo con la medida ordenada".

"Insisto en la inconveniencia de imputar formalmente en este estadio de la investigación, cuando aún faltan incorporar pruebas documentales y producir testimoniales que resultarían relevantes para formular una hipótesis de acusación sólida, con un contenido confiable, plausible y verificable, por lo que dejo expuesta mi posición personal de total desacuerdo con la medida ordenada", consta en el avoque enviado el 30 de junio.

A pesar de esa puja interna y de la decisión de avanzar con la imputación, aún no se ha hecho efectiva porque antes debe resolverse la acción por "inexistencia de delito". Hasta que eso no ocurra no se puede formular la acusación contra la funcionaria municipal y pareja del intendente Daniel Orozco.