El demarchismo pone la lupa en el control de las empresas estatales
En el medio de la campaña electoral provincial, La Unión Mendocina busca instalar en la agenda pública la discusión respecto del control político de las empresas estatales. A través de un proyecto de ley, desde el sector político liderado por Omar De Marchi proponen que los representantes para la sindicaturas o comisiones fiscalizadoras de estas compañías sean designados por las fuerzas políticas opositoras y no por el oficialismo de turno.
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En Mendoza los casos de sociedades anónimas con participación estatal son varios y se dan en diferentes ámbitos. Entre ellos se encuentra la Empresa Mendocina de Energía SA (Emesa) , Aeronáutica Mendoza Sociedad Anónima (AEMSA), la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM), IMPSA (con participación mayoritaria del Estado nacional junto a la provincia) y PRC, que se proyecta que sea reemplazada por Impulsa Mendoza con el objetivo de atraer inversiones mineras.
Ante este escenario particular, el senador provincial del PRO e integrante de las filas demarchistas, Germán Vicchi, presentó un proyecto de ley para modificar la modalidad en que se realiza la fiscalización de la actividad desarrollada por cada una de las empresas públicas controladas por la provincia.
Según resaltaron desde La Unión Mendocina, en la actualidad, las empresas estatales bajo el control accionario de la Provincia de Mendoza son fiscalizadas o controladas por una Sindicatura o una Comisión Fiscalizadora, en donde las personas encargadas de llevar a cabo la tarea de control son designadas por el propio Gobierno de Mendoza.
La iniciativa impulsada por Vicchi propone que la Sindicatura o Comisión Fiscalizadora, según sea el caso en cada una de las empresas estatales, sea llevada a cabo por personas que sean designadas por las autoridades de los frentes electorales o partidos políticos que resultaron ser segunda y tercera mayoría o fuerza política en las elecciones generales a Gobernador y Vicegobernador.
Sobre el proyecto, el legislador provincial explicó “consideramos que el control interno o fiscalización de las empresas estatales, debe estar en manos de la oposición a efectos de intentar brindar mayor transparencia y promover un control más eficiente sobre el manejo de fondos públicos”.
“Si bien entendemos que el control del Honorable Tribunal de Cuentas puede resultar útil y necesario, no tiene el impacto que puede llegar a tener un control interno y directo en manos de personas que no sean designadas por administradores vinculados al Gobierno de turno, en donde puedan desempeñar su función sin presiones y sin temor a un despido por razones políticas”, concluyó el legislador del espacio que lleva como candidato a gobernador a De Marchi.


