Una provincia que cruje con su dirigencia mirando hacia otro lado

El viento Zonda que bajó el último viernes fue fuerte. Y muy fuerte en algunas zonas. Pero toda esa violencia que sacudió el Gran Mendoza como hace mucho no pasaba, dejó al desnudo a una provincia que cruje. Entre la tarde del viernes y la mañana del sábado alrededor de 15.000 usuarios se quedaron sin luz (y en paralelo otra gran proporción sin agua porque se frenaron varias unidades de bombeo de Aysam) como consecuencia de la inmensa cantidad de árboles y ramas que fueron abatidas por el ventarrón que dejó imágenes, sobre todo en Luján de Cuyo, de catástrofe.

Las ráfagas que soplaron fueron excepcionales por momentos, sin dudas, pero desde hace años se debate acerca del soterramiento de los cables del tendido eléctrico en Mendoza. Esa discusión, seguirá siendo eterna: enterrar cada metro de cable de luz tiene un costo cinco veces superior al tendido aéreo y ni las empresas prestadoras del servicio están dispuestas a tamaña inversión y el Estado tampoco aparece como muy apurado en exigirla. Atenta contra esto que en los últimos años, además, surgió un negocio bastante rentable para las distribuidoras de energía como fue el alquiler de los postes para que las empresas de telefonía e internet, a su vez, también tiendan su cables.

Pero el problema central de que cada vez que baja el zonda se registren cortes de luz no está solo acá. Sino en el estado general del arbolado público. “No estamos en los mejores momentos para el cuidado del arbolado y de los espacios verdes por parte de los organismos oficiales. Y justamente en momentos que más se necesitan para mitigar las consecuencias del cambio climático”, explica el ingeniero Lorenzo Ferretjáns, integrante de la organización Guardianes del Arbolado.

La causa principal del problema, para este especialista, generalmente es la falta de riego adecuado “que permita un buen desarrollo radicular, el crecimiento sano y adecuado según la especie”. Otro motivo bastante frecuente son las raíces cortadas por alguna obra o tendido de cañerías o cables en las veredas. “El control por parte de los responsables de los árboles de los municipios, Vialidad, Irrigación o la provincia es fundamental e indispensable, para el riego y el mantenimiento adecuado, además de la vigilancia de su estado vegetativo, la sanidad y las consecuencias de las podas clandestinas”, dice.

Y concluye: “Lamentablemente los miembros de Los Guardianes del Arbolado hemos observado que la Dirección de Recursos Naturales Renovables no hace del árbol la defensa y control que le otorga la ley 7.874, por el contrario ha autorizado erradicaciones que se podrían haber evitado y ha permitido que en el Parque General San Martín se realicen talas y podas de árboles verdes en vez de verificar que el arbolado del mismo reciba el agua necesaria para que no se sequen, algunos de ellos centenarios, o de gran porte. El cuidado y riego de los árboles por parte de los municipios tampoco se realizan como debería hacerse, con el agravante de que están haciendo podas excesivas y fuera de época, lo que también provocan daños innecesarios, envejecimiento prematuro y posible ingreso de enfermedades a consecuencia de esto y sin el control correspondiente. Además de cementar en exceso y tapar nichos en donde deberían plantarse árboles. Vialidad Provincial es otro organismo que no cuida al arbolado y solicita erradicaciones innecesarias, además de la falta de riego, lo que provoca el secado de numerosos árboles. Se han gastado un millón de dólares para un censo del arbolado de calles, cuyos resultados no se dan a conocer y cuando lo hagan, veremos que información han obtenido, pero muchos árboles ya no estarán”.

El viento sopló. Pero muchas de las consecuencias gravísimas que generaron sus efectos posiblemente podrían haberse evitado. La provincia cruje, con su dirigencia mirando hacia otro lado.

Más allá del viento Zonda

Un reflejo quizás más crudo de esta realidad no involucra a los fenómenos climáticos. Sino a la propia gestión de gobierno. Esta semana la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) dio a conocer su informe anual acerca de las Condiciones de Vida de la población en Mendoza correspondiente al año 2022 y los resultados que allí se observan son el espejo científico de ese crujimiento.

La encuesta tiene un valor central: refleja qué le está pasando a la gente a través de su propio testimonio, después de haber respondido una numerosa serie de preguntas incorporadas en un cuadernillo que le presentaron los censistas. El resultado que arroja el informe, en algunos ítems, resulta abrumador. Y no hay que sondear demasiado entre los ministerios de Casa de Gobierno para caer en la cuenta de que muy pocos funcionarios lo han leído. De hecho, este tipo de trabajos se viene realizando desde 2016 y sólo fue tratado en la profundidad que dan las reuniones de gabinete, por caso, solo en dos ocasiones. Casi ningún ministro, secretario o subsecretario pidió algún tipo de ampliación de la información que allí volcó la DEIE y que tiene un valor estratégico. La información estadística no solo sirve para que una gestión sepa dónde está parada. Los datos, son clave a la hora de fijar políticas y que éstas lleguen hasta donde está el núcleo del problema.

La encuesta tiene más de 70 páginas y abarcó temas vinculados al empleo, a la salud, al estado de la situación habitacional, recogió indicadores de pobreza, de educación y hasta midió en qué utilizan los mendocinos su tiempo libre, entre otros aspectos. Lo que deja el estudio es un dato que a esta altura no resulta demasiado revelador, aunque lo pone blanco sobre negro, y es la desigualdad en el desarrollo entre los mendocinos del Gran Mendoza y los que viven hacia el interior. Y acá las diferencias son económicas, educativas, de acceso a la salud y salariales.

Primer elemento para el análisis. La matriz económica de la provincia se viene desarrollando hacia actividades que pagan salarios bajos. Independiente de alguna influencia de ciertas industrias, el motor está en el agro y en la actividad turística. Allí se concentra entre el 20% y el 25% del empleo registrado con un salario promedio que, en 2022, fue de $80.000. Comparado con la región ese número es bajo. En Neuquén, la explotación hidrocarburífera llevó el salario promedio a los $350.000 (también valores del año pasado) y en San Luis esa cifra ronda los $200.000. Hace años (y esta campaña electoral no es la excepción) se viene expresando la intención de diversificar la economía. Sin embargo, el 80% del presupuesto del ministerio de la Producción se utiliza para sostener al agro (particularmente al sector vitivinícola) que ya sabemos que es nuestra industria madre. Aunque, a la luz de las estadísticas, no la que podría llegar a sacar a Mendoza del estancamiento.

Casi el 70% de los que tienen trabajo en Mendoza son empleados y más de la mitad trabajan en pequeños establecimientos de hasta 5 personas. Este último porcentaje crece aún más, cuando se toman empresas con mayor cantidad de empleados. Lo que refleja la estadística, es el valor de las PYMES a la hora de sostener el empleo.

Otra diferencia por regiones. Los ingresos medios son más altos en las zonas urbanas que en las rurales y, acá las cuestiones de género no distinguen situaciones geográficas, las mujeres ganan menos que los hombres ya sea que trabajan en las ciudades o en el campo. En cuanto a la distribución del ingreso, Mendoza no escapa a la realidad nacional: el 20% de la población con mayores ingresos concentra cerca del 52% del total de los ingresos individuales. El famoso coeficiente de GINI (el método más utilizado para medir la desigualdad salarial) midió en Mendoza 0,48. En el país, esa cifra es de 0,46 en una escala que va desde cero hasta el uno.

Las mediciones de pobreza tampoco son novedad a esta altura. El 40,1 de la población mendocina no alcanza a cubrir alguna de sus necesidades básicas y el 27,9 de los hogares mendocinos está bajo la línea de pobreza. La indigencia también es fuerte: casi el 5% de la población gana menos de lo que le permite cubrir su canasta básica de alimentos. Puesto otros números, que a su vez son personas. En las zonas urbanas viven unas 500.000 personas bajo la línea de pobreza y esa cifra trepa a las 800.000 cuando se toma de referencia a toda la provincia.

Casi el 4% de los hogares tiene al menos un componente de sus necesidades básicas insatisfechas en las zonas urbanas y el 8% padece esta situación en el resto. Es decir, cientos de miles o no tienen baño en su casa, o viven en condiciones de hacinamiento, o los chicos no van a la escuela o su vivienda es precaria. ¿Qué hacen para sobrevivir entonces? En su mayoría (el 50%) tuvo que gastar más de lo que tenía ahorrado, o vive (en un 46%) de fiado o en cuotas. Muchos venden sus pertenencias y un 6,3% recibe comida en comedores.

Con respecto a la vivienda, algunos datos se pueden cruzar entre este informe reciente de la DEIE, cifras históricas del IPV y números suministrados por el INDEC. Según la Encuesta de Calidad de Vida, el 90% de las viviendas tienen materiales resistentes y el 70% de las viviendas tienen servicios de calidad satisfactoria, tomando en cuenta si el agua es de red pública o el desagüe de cloaca.

La gente en general tiene casa. El tema es si es suya o no. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos comenzó un proceso de información más específica sobre los resultados obtenidos en el Censo de población realizado en 2022 y , en el primero de una serie de una decena de informes, dejó al desnudo la realidad de las condiciones de habitabilidad de la provincia. Según el organismo, en Mendoza el 40% de las familias de la provincia no tiene casa propia; un 30% no dispone de gas natural ni electricidad para cocinar y un tercio también de la población no cuenta con conexión a la red de cloacas.

¿Qué dice el IPV? Algo no muy distinto. El déficit habitacional en Mendoza es tanto cuantitativo como cualitativo desde hace décadas. En términos gruesos, se necesitan hacer unas 89.000 casas nuevas y en otras 100.000 habría que hacer modificaciones y mejoras. Desde hace tres años, la provincia se quedó sin financiamiento nacional para dedicar a este fin y solo el 2% de los recursos para hacer casas provienen de Buenos Aires. El resto, depende de los aportes provinciales que, como se sabe, se destinan en cuentagotas para este fin. Si hace treinta años un trabajador necesitaba de 39 salarios para acceder a una casa del IPV, en el 2010 precisó 55 y el año pasado debería haber destinado 107 sueldos para poder pagar su vivienda. Un sueño hoy imposible de alcanzar.

Por supuesto que todo lo contado hasta acá golpea y mucho a la hora de analizar el acceso a la salud y, sobre todo, a la educación. En una situación coyuntural muy crítica en los hospitales públicos que se transparenta, entre otras consecuencias, con la falta de médicos para la atención, el 50% de la población acude al sistema público de salud en las ciudades, mientras que en las zonas rurales ese porcentaje sube al 70%. Y lo hace, a pesar de que, según la misma estadística, el 59% por ciento tiene algún tipo de cobertura médica. OSEP, con todos los problemas de finaciamiento que acarrea desde hace años, es la obra social predominante por la gran cantidad de empleados públicos y adherentes de estos que cubre. Esto, dentro de un universo de un 28,3 por ciento de la población que tiene obra social.

Como síntesis trágica, los niveles educativos son a esta altura más que alarmantes. Mendoza tiene niveles de asistencia escolar aceptables que llegan casi al 80%. Pero vueltos a la hora de las desigualdades, el porcentaje que termina el secundario o alcanza niveles superiores de educación es muy inferior en las zonas rurales en relación al Gran Mendoza. Pero aquí no está todo.

Los motivos económicos son la gran causal de abandono escolar (casi el 60%) aunque un 20% respondió que abandonó la escuela por “falta de interés”. En sus hogares, los chicos de entre 0 y 11 años tienen un clima educativo bajo o muy bajo, que repunta un poco luego en edades de la adolescencia. Y el dato que la DEIE explica así: “Si se agrupan los niveles educativos de Preescolar/ Sin instrucción/ Primario incompleto y Primario completo/ Secundario incompleto, se observa que el 44,4% de la población de 15 años y más que vive en zonas urbanas no completó la educación obligatoria básica (secundaria completa) mientras que este porcentaje asciende a 67,7% en las zonas rurales”. O se que, a los quince años y después de varios años dentro del sistema, a los chicos se les está haciendo muy difícil llevar su carrera educativa en tiempo y forma.

Sin dudas, mucho de lo que en este informe se explica tiene su correlato en la situación macroeconómica del país. Un viejo estudio sostenía que Mendoza iba a solucionar en un 70% sus problemas si se registraba un crecimiento económico de la Argentina en el tiempo y si además se gozaba de los beneficios de un tipo de cambio competitivo. Con estas dos variables a favor, la provincia mejoraría al menos la mitad de los indicadores que hoy le resultan tan negativos. Una lectura válida, que no anula sin embargo el problema que existe en el otro 30% en el que tampoco asoman las respuestas. Y que podrían comenzar por el cuidado de los árboles para que, cada vez que sople viento Zonda, al menos no nos quedemos sin luz.