Cecilia Strzyzowski y las consecuencias políticas de un homicidio: los Sena están presos, pero la ruta del dinero sigue
Los jujeños no registran en su historia marchas populares pidiendo la libertad de Milagros Sala, salvo aquellas que fueron organizadas por sus propios seguidores. Hasta el peronismo local sufrió durante los gobiernos de los Kirchner el asedio del imperio paralelo montado por Sala con financiamiento aportado desde Buenos Aires.
Los gobernadores del PJ jujeño nunca apoyaron a la líder de la Tupac Amaru, pero sí hicieron silencio ante la cadena de fondos que le llegó a Sala sistemáticamente desde el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que le permitió construir un Estado paralelo con viviendas, clubes, barrios y cooperativas. Todo fue hecho en base a dinero público transferido a manos privadas. Al final del camino se trató de dinero en blanco del Estado que terminó pasando a ser negro. Salvo por las causas que se llevaron adelante en Jujuy, no hubo a nivel nacional una investigación final sobre que pasó con el caño de fondos que iba desde Buenos Aires a la Tupac Amaru.
Jujuy no fue una excepción sino quizás uno de los ejemplos más acabados de ese modelo de destrucción de las instituciones del Estado para alimentar dirigencia adicta en las provincias y todo con dinero público. Los fondos que se transfirieron por esa vía fueron casi incontables y ese Estado paralelo jujeño se terminó solo con un cambio de gobierno local que tomó la decisión política de terminar con el imperio Sala y los delitos que cometió la propia Sala bajo el disfraz de una falsa lucha social.
No es lo que parece estar sucediendo en Chaco. La familia Sena está presa y la Justicia casi tiene probado el femicidio agravado de Cecilia Strzyzowski en medio de una historia de horror que tiene conmovido a todo el país. Como sucedió con Sala, los Sena vienen de manejar otro Estado paralelo en Chaco con disposición de fondos públicos y asignación de viviendas a beneficiarios que deben cumplir con el requisito de mantener una relación de servidumbre política con el clan. Nadie puede explicar por qué el gobierno de Jorge Capitanich, hermanado políticamente con los Sena, les giró fondos e inclusive lo siguió haciendo después del asesinato de Cecilia y bajo qué controles el gobierno nacional le permitía hacerlo. Solo en el 2023, Emerenciano Sena y su esposa Marcela Acuña recibieron $ 141 millones en la fundación “Doctor Saúl Acuña”. Parece casi un chiste si no hubiera detrás una historia de horror. Es más, el mismo día que fueron detenidos el Banco del Chaco les giró casi un millón de pesos.
La asignación de fondos desde el Estado, especialmente en estos casos, raramente se realiza a través de partidas presupuestarias (que puede controlar el Congreso) sino que van por decretos, resoluciones o Aportes del Tesoro Nacional, que no exigen explicación alguna.
Hoy en Chaco está avanzada la causa penal contra los tres integrantes de la familia Sena, pero nada indica que haya algún indicio de desmantelamiento del imperio estatal paralelo que montaron con la bendición del peronismo local y el kirchnerismo nacional. Por el contrario hoy existe una pelea por el cambio de mano del manejo que hacían los Sena.
Resulta peligroso y sospechoso, además, que la Justicia no avance en la investigación de la ruta de esos fondos con la misma velocidad que lo está haciendo con el femicidio de Cecilia. La razón para hacerlo es esencial: en todos los casos de abusos y crímenes cometidos desde el poder en las provincias, la impunidad que permitió esos delitos estuvo precedida por la soberbia de una dirigencia empoderada por la discrecionalidad económico-institucional. El gobierno de Capitanich está en medio de esa historia y la definición del encubrimiento depende directamente de investigar esas relaciones financieras.
En Chaco hoy está a prueba el funcionamiento de todas las instituciones, provinciales y nacionales, pero sobran los ejemplos en la historia reciente argentina: los delitos siempre corrieron en paralelo a una ruta de fondos blancos del Estados que luego pasaron a negro. Sucedió lo mismo en Catamarca con el régimen de los gobiernos peronistas de los Saadi que solo terminó tras el asesinato de María Soledad Morales que hizo caer el sistema. También en Santiago del Estero con Carlos Juárez y su mujer, Mercedes Marina Aragonés de Juárez (Nina), que desde el primer gobierno de Juan Domingo Perón hasta los ´90 gobernaron la provincia, tuvieron una revuelta popular, volvieron al poder y solo se vieron obligados a dejarlo tras los crímenes de la Dársena, también relacionados con el poder.
La relación entre el camino del dinero público y la impunidad aparece también en la historia de las Madres de Plaza de Mayo y la incomprensible construcción del proyecto Sueños Compartidos, bajo la batuta de Sergio Schoklender.
Un episodio recordado por todos ejemplifica claramente lo que sucedía. La toma de la Catedral Metropolitana en 2008 por parte de Madres bajo las órdenes de Hebe de Bonafini, con el uso del altar mayor como baño público, tuvo un objetivo único: conseguir que el gobierno porteño de Mauricio Macri liberara el pago de U$S 1 millón destinado supuestamente a la construcción de departamentos que en muchos casos no terminaron de ver la luz.
Jorge Bergloglio, entonces Arzobispo, y el rector de la Catedral, el padre Jorge Junor, negociaron durante todo el día ante la amenaza de Madres de quedarse a pasar la noche en el templo. El pedido era simple: querían mantener el mismo sistema de pagos en efectivo (en muchos casos en valijas) por parte del gobierno porteño hasta ese momento a quien la Nación derivaba los fondos para que fueran entregados a Madres de Plaza de Mayo. Macri quiso cortar esa cadena de descontrol en cuanto llegó a la jefatura porteña en 2007, pero esa noche no pudo: debió liberarle el millón de dólares a Bonafini para que la Catedral recuperara la paz.
La historia demostró el resto: esa organización de derechos humanos terminó manchada en el barro de la corrupción tras haber recibido fondos públicos para financiar una actividad que, eventualmente, solo le puede corresponder al Estado. Igual que sucedió con Sala e igual que con los Sena y siempre bajó el mismo signo político.