La situación de alboroto que se vive en el Consejo de la Magistratura mendocino
Una verdadera situación de tensión se vive en el Consejo de la Magistratura de Mendoza. Precisamente, los miembros de la Comisión Asesora para la Justicia Penal fueron removidos en consecuencia de una denuncia realizada por el diputado provincial José Luis Ramón, quien presenció la evaluación oral realizada a aspirantes para ser fiscales de Instrucción y cuestionó los métodos utilizados.
Ante esto, el organismo presidido desde noviembre del año pasado por la jueza de la Suprema Corte María Teresa Day, recibió un recurso de consideración por parte de aquellos que componen dicha comisión y que fueron desafectados. Los magistrados aseguraron que el "incumplimiento injustificado" que se les atribuye trata de una determinación "arbitraria" y puede "adolecer de vicios groseros que son incompatibles con un sistema respetuoso de las garantías legales, constitucionales y convencionales". También apuntaron el jefe de la Fiscalía de Homicidios y Violencia Institucional y -a su vez- consejero, Fernando Guzzo.
Quienes firmaron el recurso -que incluye a todos los participantes de la comisión- fueron Cecilia Pedrazzoli, Mariana Silvestri, Marcelo Gutiérrez del Barrio, Darío Leopoldo Tagua, Mauricio Juan y Laura Rousselle.
"Lo cierto es que, en los hechos, la totalidad de quienes integramos la comisión nos merecemos el respeto que nuestra persona e investidura exige. Hemos integrado desinteresadamente la Comisión Evaluadora, con el único objetivo de contribuir para la selección de Magistrados/das que se encuentren preparados técnicamente, al menos con la formación jurídica indispensable que les permita acceder a tan honrosa función. Ningún beneficio, ninguna ventaja personal y mucho menos económica tiene integrar las Comisiones Evaluadoras del Consejo de la Magistratura", aseguraron en el documento.
En tanto, sobre las acusaciones vertidas por José Luis Ramón, el documento señala -entre otros aspectos formulados- que "si bien es cierto que sólo algunos consejeros asistieron a uno de los 32 exámenes de fiscal de instrucción no es correcto que hayan presenciado 'el examen'. Lamentablemente no pudieron quedarse para poder escuchar la totalidad de la exposición de la aspirante M.A; sólo escucharon tres preguntas de las diez previstas para cada concursante. Específicamente las del Dr. Mauricio Juan y una de la Dra. Laura Rousselle. Hubiese sido muy fructífero que pudieran presenciar el 70% del examen restante y seguramente hubieran tenido más elementos para analizar, antes de adoptar la decisión que objetamos. Con certeza habrían podido advertir el tenor de las preguntas, los temas que se consultan y si estaban relacionados o no con el examen escrito -cuestión que también se objeta y que oportunamente abordaremos- y si existe o no la 'entrevista' a la que también alude el Consejero. Abunda referirse que aún cuando la comisión evaluadora no tiene por finalidad 'entrevistar personalmente' al aspirante sino justamente 'evaluar' si alcanza su preparación técnica jurídica para desempeñarse al cargo que aspira como magistrado/da, cierto es que al final del examen se les consulta algunas cuestiones laborales o personales que no hacen a los aspectos técnicos a evaluar. Obviamente que el reglamento no impone que esa 'entrevista' vaya dirigida a algún aspecto en particular".
Luego, los integrantes de la Comisión Asesora para la Justicia Penal también pusieron en tela de juicio que la remoción se haya extendido hasta aquellos que no participaron del acto evaluativo o que ni siquiera han sido convocados para tomar exámenes.
Finalmente, otro de los argumentos de los firmantes es que el fiscal Fernando Guzzo, que forma parte del Consejo de la Magistratura, intervino en la decisión tomada cuando su esposa rindió el examen en cuestión. "El consejero Guzzo no debió intervenir. Tal afirmación no resulta antojadiza. Éticamente , Ie estaba vedado hacerlo. Su incorrecto accionar, constituye un vicio grosero o al menos grave que también afecta claramente la validez del acto (...) Su intervención en una decisión respecto de la Comisión Evaluadora que examinó a su propia esposa, impiden considerar que pueda seguir interviniendo sin al menos sospechar que pueda, una vez más, apartarse del respeto de las garantías constitucionales indisponibles que con la decisión que ha rubricado se nos han afectado", esgrimieron.
Fuentes vinculadas al tema indicaron a MDZ como aditivo que la pareja de Guzzo no aprobó el proceso evaluativo e, incluso, acusaron de la existencia "trampitas" en los plazos establecidos. "Nos notificaron con la resolución para revocar la comisión el último día antes de la feria a las 13:33, a última hora. Los recursos los presentamos en tiempo y forma, pero no sabemos si lo van a tratar porque el Consejo está parado. Es tramposo porque algunos magistrados están de feria judicial".
Ante la duda de si podría existir algún tipo de nulidad de las evaluaciones, aportaron: "No sabemos qué va a pasar porque remueve la comisión, pero no se expide sobre la validez de los exámenes. No solo es arbitrario con quienes toman los exámenes, sino con quienes han ido a rendir. La incertidumbre es total".