El triste fin del búho y qué hará para eludir lo que parece inevitable

Cuentan que en los Tribunales Federales de Mendoza jamás se había vivido una situación así. Ni siquiera, cuando fueron destituidos los integrantes de la tristemente célebre Cámara Federal de Apelaciones encabezada por Otilio Romano y compañía. El miércoles, a nada de que se conociera la decisión del Consejo de la Magistratura de suspender al juez Walter Bento en sus funciones y una vez que el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, los notificó, los integrantes actuales de la Cámara firmaron en cuestión de minutos una resolución de once puntos. Allí le dieron 48 horas de plazo al controvertido magistrado para que retirara sus pertenencias del despacho que ocupó con mano firme, haciendo uso de un poder ilimitado y (la fuente de todos sus males según investiga la misma Justicia que integra) liderando una banda que se dedicó a cobrar coimas en dólares a cambio de beneficios judiciales.

Entre otros puntos de esa misma acta, lo obligaron a devolver en el mismo lapso de tiempo los bienes públicos que tenía a disposición para realizar su trabajo y, de manera terminante, le prohibieron tajantemente la entrada a la sede de calle España en la que trabajó durante los últimos 18 años. Una restricción que sólo podrá ser violada cuando tenga que hacer algún trámite en la obra social o, como sucederá a partir del 25 de julio, cuando tenga que ser sometido al juicio oral que se sustanciará en su contra.

Bento no estaba en la provincia mientras corrían para él las horas más difíciles de su vida como magistrado. Siguió desde Buenos Aires las instancias del debate en el Consejo y fueron sus secretarias, bajo su orden, quienes se encargaron tanto de devolver al menos una de las dos camionetas Hilux que tenía a disposición, como de vaciar su oficina y cargar en cajas de cartón y bolsas de consorcio su colección fetiche. Con esmero y cuidado, su personal fue guardando una por una cada lechuza y búho que, por decenas, el juez tenía acumulados y que exhibía con orgullo en una vitrina especial instalada en su despacho.

El búho está asociado a la sabiduría porque es un ave intuitiva, inteligente y, según los especialistas, tienen una gran capacidad para ver de noche. Aunque para Bento, ese tesoro acumulado en forma de estatuillas bien pudo haber tenido otro significado adicional: el de la obsecuencia. La gran mayoría de las piezas de su colección, eran regalos de sus empleados que, cada vez que hacían un viaje, competían entre ellos para ver quien le regalaba al jefe la representación del ave más grande o más linda. El propio juez alimentaba esa carrera: debajo de cada uno de los búhos y lechuzas que le obsequiaron, anotaba puntillosamente quién se la había regalado y de dónde se los habían traído.

Mientras se vaciaba su despacho con un apuro impuesto, el jueves una pequeña delegación encabezada por un oficial de Justicia se presentó en la guardia del barrio Palmares para notificar al juez de su situación. Al detenerse ante el control, el representante judicial le advirtió al  vigilante privado: “Ni se les ocurra avisar a los dueños de la casa”. Entraron, llegaron hasta la puerta de la vivienda de la familia y los recibió Luciano Bento, uno de los hijos, quien también está involucrado en el escándalo que ventila la Justicia. “Mi papá no está, está de licencia”, los cortó.

Tanto en la actitud de la Cámara como en la de Rosatti hay que encontrar, sin dudas, una porción importante de las razones por las cuáles finalmente cayó en desgracia el hombre fuerte del fuero federal provincial. La Cámara fue quien respaldó internamente la investigación que encabezó el fiscal Dante Vega y lo hizo a pesar de las presiones y del propio accionar de Bento. En esto último punto, podría estar la clave. Cuando la pesquisa en su contra comenzó, Bento pretendió intimidar a los camaristas haciendo circular (cuentan que fue su hijo que trabajaba allí) un anónimo en dónde desparramaba acusaciones de corrupción y ventilaban cuestiones personales de los miembros del tribunal. Los jueces tomaron nota y no olvidaron la maniobra.

Pero en los últimos meses (y el último miércoles fundamentalmente) la llave del caso estuvo en manos del presidente de la Corte Suprema. Rosatti fue quien tomó la decisión de avanzar con el expediente del juez en el Consejo de la Magistratura y una señal ya había enviado en ese sentido en los días previos cuando se acercaba el momento de la votación en donde había que definir si se lo suspendía o no. Es más, nunca nadie lo reconocerá en público, pero aseguran que el presidente de la Corte apeló al término “sinvergüenza” cuando se refirió a Bento en medio de esas señales que envió.

¿Por qué fue clave el accionar de Rosatti en el caso? Por dos elementos, al menos. El primero de ellos más indirecto, si se quiere, cuando hace un año la Corte decidió la conformación del Consejo con 20 miembros, luego de declarar inconstitucional a la anterior formación con trece integrantes que había sido impulsada por Cristina Kirchner. En esa misma sentencia, Rosatti se autoimpuso como presidente del organismo encargado de la selección y remoción de los jueces y se desató una nueva batalla con el kirchnerismo. Sin embargo, esa decisión, modificó la lógica de funcionamiento en el Consejo en el proceso contra Bento que fue tomando otra velocidad y, además, fue dejando a los representantes K con menos peso para seguir intentando demorar todo.

Nunca quedó muy claro el por que del juego tan difuso del kirchnerismo en este caso. Bento no fue un juez que haya estado bajo el radar de Cristina Kirchner, no integró el elenco de Comodoro Py; no manejó ninguna causa de corrupción que rozara a la vicepresidenta y siempre quisieron dejar la impresión de que, para el kirchnerismo nacional, esta era una disputa mendocina con la característica de que tenía que resolverse en Buenos Aires. Algo así expresó en su momento el ministro de Justicia, Martín Soria, cuando el escándalo explotó. Para él, según le dijo en su momento a peronistas mendocinos, la cuestión se trataba de “una peleíta” entre el fiscal Vega y el propio juez.

Bento fue nombrado titular del Juzgado Federal N°1 de Mendoza por Néstor Kirchner en septiembre del 2005, luego de la vacante que dejó Luis Leiva en 2002. Vaya paradoja, un juez destituido en ese mismo tribunal por mal desempeño de sus funciones. Quizás alguna explicación a la poca voluntad  para ir contra el juez, podría encontrarse en aquella acción recordada del magistrado en 2011, cuando firmó la orden de allanamiento contra Cablevisión en medio de la feroz batalla entre el gobierno de entonces y el grupo Clarín. La Corte Suprema rechazó esas actuaciones y cuestionó al juez, que terminó con un proceso en el Consejo de la Magistratura en 2012. ¿Quiénes evitaron en esa oportunidad que llegara al juicio político? Los consejeros kirchneristas.

En los últimos dos años, desde que el expediente llegó al seno del Consejo, el oficialismo no dio la impresión de querer salvarlo a Bento. Pero sí, al menos, de jugar siempre a dilatar los tiempos para su juicio político. “Lo de Bento (su posible destitución) va a pasar”, era la frase que se le escuchó decir varias veces a Anabel Fernández Sagasti durante este proceso. ¿Pudo haber existido una pequeña devolución de gentilezas por aquél gesto durante la batalla de la ley de Medios? Puede ser. Pero algo cambió en la estrategia dilatoria, indican, cuando vio la luz el dictamen de acusación en el seno del Consejo hace unas semanas. Hasta esa instancia persistían las maniobras para patear siempre hacia adelante una definición. Sin embargo, ante la inminencia de la elevación a juicio, para Anabel ya fue demasiado aguantar los trapos. Y sobre todo, porque La Cámpora iba a terminar sospechada de brindarle cobertura a un juez vinculado a hechos de corrupción mientras enfrente tiene una elección interna en donde, su agrupación, se juega el futuro en Mendoza.

Pero lo más importante de este accionar se vio esta semana que pasó. Cuando los 19 consejeros que debían resolver la votación contra Bento comenzaron a sesionar, lo que reinaba era la incertidumbre acerca de cómo iba a terminar la votación porque no estaban los 13 votos que conformaban los dos tercios necesarios para que la acusación prosperara. El punto era que hasta la noche anterior, había tres dictámenes escritos impulsados por el oficialismo, por la oposición y por un juez K muy cercano a Bento que se llama Alberto Lugones. Para que la votación terminará en la suspensión, Rosatti llamó a una reunión a los principales miembros del Consejo y derivó en un dictamen unificado que permitió el final que ya conocemos.

Fue notable el temor reverencial que volvió a mostrar la dirigencia política mendocina en general ante la caída en desgracia del juez. Fue extraño, aunque no tanto. Si Bento en su derrumbe hubiera querido carpetearlos, lo hubiera hecho. Nunca llegó a ser un John Edgar Hoover, pero dio muestras acabadas de que siempre pareció estar dispuesto a todo. De eso nadie tiene dudas. Tanto poder y tanto vínculo estrecho acumulado durante tantos años evidentemente rindió sus frutos y provocó un impacto, incluso, entre los dirigentes más poderosos que, por lo general, se muestran muy incontinentes en Twitter para decir lo que piensan

Quizás son conscientes de que Bento siempre actúa como se espera de él y tienen todavía muy fresco el recuerdo de lo que sucedió en los días previos y posteriores a su imputación, allá por mayo de 2021. Desde que se sintió acorralado por la investigación en su contra, apuntó a tomar de rehén a la política que, en definitiva, podía ser su salvoconducto.

Cuando fue imputado, se lanzó a través de mensajes telefónicos para tratar de conseguir algún tipo de respaldo en su caída. Fueron decenas de chats los que lograron ser recuperados en el marco de la investigación judicial, aunque muchos otros no, en dónde quedó explicitado que el magistrado buscó contactarse con los principales dirigentes de la provincia. Bento borró el historial de muchas de sus conversaciones, aunque sugestivamente dejó otras. Allí cayeron todos: jueces de la Corte, el Procurador, referentes del PJ y hasta Alfredo Cornejo.

Lo que viene ahora

La causa judicial que se va ventilar a partir del inicio del debate el próximo 25 de julio es de un volumen descomunal. Los fiscales que intervinieron presentaron, en el momento de la acusación, un texto de casi 700 hojas con todas las pruebas que hallaron contra Bento, en un expediente que tiene 50 cuerpos, 5000 fojas, 29 imputados, más de 150 incidentes y en donde declararon más de 100 testigos. En el proceso, intervinieron hasta acá 17 magistrados, 5 fiscales y un defensor oficial,

De lo que se lo acusa al juez federal es de ser el jefe de una asociación ilícita que tiene implicadas a diez personas con roles definidos y en donde se encuentran abogados, un policía y hasta una persona que fue condenada por narcotráfico. La mujer y lo hijos de Bento, integran la listas de procesados. La modalidad de la banda tenía por fin fundamental pedir coimas, por lo general en dólares, a cambio de conceder beneficios judiciales en las pesquisas de los delitos en los que la Justicia Federal tiene injerencia en Mendoza. Aunque, en el ochenta por ciento de los casos comprobados y que fueron quince, se haya tratado de libertades espúreas y de desvinculaciones de procesos firmadas por el juez en casos de contrabando.

Sin embargo la matriz delictual era más amplia. El grupo pedía dinero a gente que estaba detenida también por causas de droga y hay sobornos por temas de delitos cambiarios, asimismo. Dicho de otra manera acá: desde el juzgado en cuestión le brindaban protección a algunas cuevas para que pudieran operar sin problemas. Existen testigos que aseguraron esto y que luego fueron imputados. Cuando en la investigación se cruzaron estos dichos con las causas penales en las que el juez federal intervino, se dieron cuenta de que allí Bento a veces demoraba los oficios al Banco Central o directamente se equivocaba a propósito para trabar todo.

Los tres fiscales que firmaron la acusación en su momento dijeron: “Allí donde hay dinero actúa la banda". Sin embargo, existe un lugar hasta dónde la Justicia no pudo llegar. Es lo que se denominó como “la cifra negra” y comprende a aquellos pedidos de coimas que se habrían pedido en operaciones de contrabando, por caso, que no llegaron a judicializarse porque ellos habían operado antes.

Pero también está la otra clave de la espada judicial que pesa sobre el fanático de las lechuzas y son las acusaciones por enriquecimiento ilícito y por lavado de activos. La Justicia detectó diversas inconsistencias en su patrimonio y hay toda una línea de investigación que se relaciona con Estados Unidos, que fue su destino favorito tanto para viajes como para inversiones. Hay pericias realizadas por un perito oficial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y otra efectuada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), en donde se determinó falta de información con respecto a gastos y en donde, como dato más notorio, no se pudieron justificar una exorbitante cantidad de viajes al exterior. Bento, entre 2010 y 2020, estuvo 909 días afuera. Su esposa casi 892 días y sus hijos más de 500 días.

Los peritos argumentaron, cuando les tocó opinar, que los bienes del juez no se condicen con sus ingresos y que el patrimonio investigado se ha determinado pericialmente. Bento tiene, además de su casa en Palmares, tres departamentos con sus cocheras, inversiones en fideicomisos y una flota de vehículos de alta gama que disfrutaron tanto él como su mujer y sus hijos. Incluso explicó, cuando declaró ante el Consejo, que había buscado comprar una Porsche Cayenne. Vega sostuvo sobre este punto que “el movimiento de bienes es una rotación permanente, poniéndolos a nombre de sus hijos, que formaban parte de la plantilla del Poder Judicial. Hay un entramado de bienes e inmuebles, a nombre de toda la familia, una red compleja”.

Por lo general, para no ser detectados, quienes apelan al lavado de activos lo hacen en el exterior. Allí pusieron la lupa los investigadores, quienes detectaron propiedades del mendocino en los EE. UU., particularmente una en Miami. Pero información detallada por parte de las autoridades de ese país nunca llegó hasta el momento. Aunque aquí Bento dio otra muestra de que siempre se autopercibió impune. Porque invirtió también mucho dinero en la provincia.

En el requerimiento elevado por el fiscal, figura que “durante 2019 se observa que toda la familia Bento realizó una fuerte inversión en fideicomisos inmobiliarios, fideicomisos comerciales y en sociedades comerciales por montos millonarios” en la provincia. Y detalla como el propio juez y su mujer, el 30 de septiembre de 2019, declaran haber invertido en el Fideicomiso Il Mercato (el centro gastronómico maipucino) la suma de $1.719.600 cada uno en concepto de anticipo de inmueble”.

Las inversiones de la familia no se detuvieron en ese momento. “Lorenzo Ezequiel Bento (uno de los hijos) realizó durante ese año- continúa la fiscalía- tres inversiones: el primer movimiento data del 15 de abril de 2019 en el que adquirió del Fideicomiso Vista Cruz con un crédito a favor por la compra de un departamento y una cochera en pozo por $ 2.089.150”. Meses después, adquirió un porcentaje del negocio de su padres en Il Mercato (por $596.000) y en noviembre de 2019 otra inversión inmobiliaria: departamento y cochera en pozo por $1.193.000 pertenecientes al Fideicomiso Bosque de Mayo.

En definitiva, deberá demostrar que sus ingresos como juez (y los de su familia que también trabajan en la Justicia Federal) fueron coincidentes con sus gastos. Todavía resuena en Tribunales la sorpresa de quienes participaron del allanamiento de la vivienda de los Bento, allá por el 2021, cuando ingresaron a su habitación y se encontraron con una colección de 50 perfumes, unos 120 pares de zapatos y más de 60 trajes en el vestidor del doctor.

¿Cómo será el accionar del juez de ahora en adelante? Algo ya se puede vislumbrar con un puñado de definiciones dadas a MDZ por sus abogados defensores después de que el miércoles fuera confirmada la suspensión. En primer lugar sostienen que la Constitución le brinda todavía su derecho a la inocencia. “Esto recién empieza y se verá en el juicio que es un derecho del justiciable a demostrar la verdad”, sostuvieron. Y anticiparon un par de ejes de la defensa. En primer lugar, que los peritajes le dieron la razón y que nunca fue intimado a justificar su patrimonio en las declaraciones juradas. Y, en segundo término, que Bento cuenta con muchas pruebas de su inocencia que serán develadas durante el debate.

Mucho de esto ya surgió en la indagatoria que brindó el juez en 2022. Siempre sostuvo que la Justicia no tomó en cuenta los alquileres que cobra por algunas de sus propiedades, que le permitieron adquirir a su vez otras viviendas y que todo está blanqueado, es decir, registrado en las sucesivas declaraciones juradas que debió presentar ante la Oficina Anticorrupción o ante el Consejo de la Magistratura. Con el asunto de los viajes, el descargo fue que no se contempló que al menos el 50% fueron realizados en cumplimiento de sus funciones y, en consecuencia, con pasajes pagados por el Estado.

Un detalle no menor. Bento deberá buscar elementos para desacreditar a dos personajes centrales. Ellos son Martín Ríos y Matías Aramayo, dos abogados que fueron sindicados cómo integrantes de la asociación ilícita que supuestamente lideró el juez y que eran sus operadores en las causas en las que se negociaban beneficios a cambio de coimas y que optaron por acogerse a la figura legal del arrepentido.

Acuerdos judiciales de este tipo entre los fiscales y los involucrados tienen un grado de confidencialidad tal, que ni los propios funcionarios judiciales , ni los abogados defensores pueden siquiera admitir públicamente que los hicieron. Lo que dijeron los arrepentidos quedó en sobre cerrado que será abierto en el momento en que se sustancie el juicio oral. Sin embargo MDZ pudo saber los aspectos medulares de esas declaraciones: uno es que Ríos y Aramayo habrían confirmado no solo la existencia de la asociación ilícita, sino que además habrían dado precisiones acerca de su funcionamiento. Y aportaron información vital, además, que detalló cómo se generaban los expedientes que terminaban beneficiando de manera irregular la situación judicial de aquellos a los que se les pedían sobornos en dólares.

Hubo algo que hasta acá no puedo aclarar el juez, más allá de que en sucesivas oportunidades amenazó con hacerlo y que es un aspecto neurálgico de la investigación que se llevó a cabo en su contra. Esto es el vínculo que mantuvo con el despachante de Aduana Diego Aliaga, una de las llaves del caso, porque operó como disparador para la investigación luego de que fuera asesinado en octubre de 2020. Para la Justicia, Aliaga era la mano derecha de Bento y quien, en la mayoría de los casos, pedía las coimas.

Este vínculo quedó plasmado en la declaración judicial de otro de los socios, el abogado Leopoldo Ríos, quien sostuvo que “efectivamente existía dentro del ámbito del Primer Juzgado Federal de Mendoza una asociación ilícita y el jefe era Walter Bento. Debajo de Bento había una persona que era el nexo con él, que era Diego Aliaga, que, según tengo entendido, era el que tenía el trato directo con el Juez y era el que recibía las instrucciones de cómo actuar en los expedientes tratados”.

En su extensa declaración indagatoria que duró más de 30 horas repartidas en cinco días del año pasado, el magistrado jamás logró aclarar lo profuso de los contactos entre ambos que se ratificaron en más de 265 comunicaciones a través de la aplicación Telegram. Allí, el trato era cuasi familiar. Tanto así, que uno tenía agendado al otro como “Primo”, apodo en común con el que habitualmente se referían Aliaga y Bento. Según la investigación judicial, esta no era la única forma en que los socios en la banda se referían al juez. Unos le decían “el Número 1”, otros “Jefe” y hasta se referían a él en clave como “Superjefe”.

Antes del juicio y durante el transcurso del mismo, podrían darse toda una serie de particularidades. Bento podría transcurrir parte del debate detenido si se cumplen dos premisas, una vinculada con la otra. La primera es que termine destituido por el Consejo de la Magistratura, en un proceso que no se demorará más de seis meses. Si eso sucede, automáticamente irá preso y deberá continuar bajo esa condición hasta que la Justicia dicte sentencia. El juicio, como se sabe, arrancará hacia finales de julio. Pero estiman que durará por lo menos un año y medio.

Existe temor a que el juez se termine fugando del país, asimismo, más allá de que pesa sobre él una prohibición para viajar al exterior porque tiene un pedido de detención en su contra que no se concreta porque todavía mantiene sus fueros independientemente de que ahora está suspendido. Otra de sus actitudes de impunidad: a pesar de que la Fiscalía se lo requirió, siempre se negó a entregar su pasaporte.