Las protestas criminales que muestran lo peor de la política

Desde el alevoso y salvaje homicidio de Kosteki y de Santillán hace mas de veinte años, la actitud de los gobernantes que encarnan al Estado ha sido renuente al ejercicio de la fuerza, cuyo monopolio le otorga la Constitución como derecho y como obligación irrenunciable. Salvo la notoria y honrosa excepción de Patricia Bullrich, los políticos y peor aún, los jueces que se supone deben aplicar rigurosamente las leyes, se han convertido en poderes estatales que se niegan tácita y a veces explícitamente a defender a la población frente a los agitadores profesionales que nos asolan desde hace décadas y cada vez con mayor intensidad, obviamente resultado de su impunidad.

Ahora la víctima es Jujuy, probablemente porque el kirchnerismo necesita distraer la atención del horror chaqueño y Jujuy es ideal: gobierna Juntos por el Cambio y allí todavía está organizada la fuerza paramilitar de la condenada Milagro Sala, con lo que la estructura básica sigue disponible. Esos factores, organizados y financiados por funcionarios y activistas porteños con dinero de
nuestros impuestos distribuído a manos llenas, ha convertido a la ciudad de Jujuy en un caos. ¿Qué dice la Constitución sobre estas situaciones? Bien leída, es simple: su art. 14 nos reconoce el derecho de peticionar a las autoridades, o sea a manifestarnos, junto con el derecho a transitar y hasta el derecho a expresarnos libremente o sea publicar nuestras ideas por la prensa sin censura previa, todo ello, como es lógico y razonable, conforme a las leyes que reglamentan los derechos constitucionales.

En otras palabras: nadie puede hacer lo que se le dá la gana, simplemente invocando que quiere pedir algo a las autoridades, o que quiere transitar, o que quiere expresar sus ideas. Nuestra Constitución y todas las constituciones del planeta son constituciones del orden, no del caos. Mas aún: la propia Constitución deja bien claro en el art. 22 que “el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución”. O sea que no importa si se juntan 10, 100 o 100.000 personas reclamando tal o cual cosa: los que gobiernan son los legisladores, el presidente y los jueces. Parafraseando a una de las que fogonean este caos: quien quiera gobernar, que gane elecciones, no plazas ni calles.

Es por eso que la Constitución también aclara que “toda reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre, comete delito de sedición”. Por supuesto que esto se interpreta desde siempre con racionalidad y sentido común: es lógico y bueno que la gente manifieste lo que siente, se junte, cante, grite y reclame. Se llama libertad. Pero la libertad se ejerce dentro de la ley o sea: respetando a las autoridades, no matando, ni robando, ni dañando bienes ajenos, ni coartando la libertad de transitar de los demás.

Si hacen eso, los manifestantes dejan de estar ejerciendo sus derechos, para convertirse en personas que violan los derechos de los demás y a la propia Constitución, así como obviamente al Código Penal y otro sinnúmero de leyes, según cada caso. Linda teoría, con la que vive la mayor parte del planeta. Pero no nosotros. Nada de esto se aplica, porque como dije, el trágico homicidio de los manifestantes Kosteki y Santillán marcó a fuego dos décadas de política argentina: casi ningún político que ha ganado elecciones y nos gobierna, se atreve a poner orden, por miedo a que muera alguien. Por miedo a que “le planten un muerto”, como dicen en el slang político.

Resultado: este caos que vivimos, donde el kirchnerismo con la ayuda de la izquierda y al menos con el silencio cómplice de prácticamente todo el Justicialismo y de casi todos los sindicatos, hace lo que se le dá la gana. Literalmente. Disfrutando de su impunidad, los K hasta se dan el delictivo lujo de usar sus funcionarios, aviones y dinero público para incendiar una provincia gobernada por la oposición, a la que hasta niegan el auxilio de fuerzas federales (como ya hicieron antes con Córdoba y Santa
Fé).

Por suerte, los interminables veinte años de predominio K no han pasado en vano y los conocemos: este ataque a Jujuy ha sido interpretado unánimemente como lo que realmente es: un aviso de lo que pasará a partir del 10 de diciembre de 2023 si gana
Juntos por el Cambio. Incendiarán todo. Pero todo, todo, apostando a que el próximo gobierno caiga antes de cumplir un año. También tenemos una solución disponible para esto: como dice en su art. 36, la “... Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán
insanablemente nulos.”

Como son nulos, sus autores deben ser sancionados como infames traidores a la patria (literal) inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas. Incluso tienen las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos, usurpen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o las de las
provincias, los que responderán civil y penalmente de sus actos, delitos que son imprescriptibles. Vale la pena remarcar que para evitar estos golpes de estado, la Constitución con sutileza no se refiere solo a los golpes militares que fueron tan frecuentes en el siglo pasado: se refiere a “actos de fuerza contra el orden institucional” sin requerir que haya uniformados.

La Constitución va un paso mas allá y nos empodera: dice que todos los ciudadanos tenemos el derecho de resistencia contra quienes quieran derrocar a un gobierno por la fuerza. Si nosotros, la gente común, tenemos ese derecho, es obvio que las fuerzas de seguridad tienen no solo el derecho sino el deber de actuar protegiendo a las instituciones, a las personas y a los bienes, porque quienes atacan a un Congreso o a un gobierno con violencia, sea con piedras, bombas molotov o armas de fuego, son criminales. Digámoslo claro: no hay una “criminalización de la protesta” sino unos criminales protestando. Negar esta obviedad es ser su cómplice.

Con dolor republicano, debemos admitir que todas estas garantías de la Constitución son...casi teóricas. Porque todas las normas jurídicas, sean constituciones, leyes o decretos, son mero papel manchado con tinta si los jueces no imponen su vigencia con
energía, ecuanimidad y coraje. Desgraciadamente, eso no pasa. Se admiten re-elecciones disimuladas atrás de matrimonios, sistemas electorales que burlan la voluntad popular, compra de votos y hasta violencia explícita: en el caso de Jujuy volvió a ocurrir lo que pasó en el ataque al Congreso de diciembre de 2017: la Justicia mandó a la policía...¡desarmada!.

Disparate monumental que implica obligar al Estado a renunciar al monopolio de la fuerza, abandonando a la ciudadanía a su suerte y que cada cual se arregle. También implica mandar a los policías, gendarmes y prefectos, al sacrificio. Si los matan, invalidan o lastiman, que se joroben. Pareciera que para ciertos jueces, usar uniforme es una renuncia a tener derechos humanos.

Tenemos que cambiar mucho y en serio, no de palabra.

* Alejandro Fargosi es abogado, fue miembro del Consejero de la Magistratura de la Nación.